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La solicitud, emitida por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), pide la restricción de alimentos como dulces, paquetes, embutidos y gaseosas para las ayudas alimentarias por la emergencia sanitaria.
Ante la emergencia sanitaria, social y económica que atraviesa la capital, como la mayoría del país y el mundo, por el COVID-19, diferentes instituciones y empresas del sector privado han realizado donaciones económicas y alimentarias para las poblaciones más vulnerables. Sin embargo, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) advirtió al Distrito que se deben examinar estas ayudas desde el sector privado, para garantizar que contengan productos saludables y no caer en “donaciones chatarra”.
En la carta dirigida a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López y a sus secretarios de Salud, Alejandro Gómez y de Desarrollo Económico, Carolina Durán, solicitan controlar la calidad, pertinencia y nivel nutricional de los alimentos donados y que no tengan altos contenidos de grasas saturadas, azúcar o sal por ser considerados ante UNICEF como “comestibles no saludables”.
“Productos como dulces, papas de paquete, embutidos, comida chatarra o bebidas azucaradas como las gaseosas, no cumplen con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre dietas saludables, por lo que entre otras medidas, se ha buscado que dichos productos contengan sellos frontales de advertencia, y su promoción puede afectar el consumo de alimentos locales”, puntualizan en la carta dirigida a la Alcaldía de Bogotá.
Asimismo, advierten que en ningún caso sus secretarías u otras instituciones públicas, deben contribuir a campañas publicitarias de grandes empresas privadas de ultraprocesados y bebidas azucaradas, ya que esto implica” poner los recursos públicos al servicio del lucro privado”. Con esto, CAJAR hace referencia a dos casos evidenciados en Bogotá, con la entrega de productos como 11 mil bebidas azucaradas y 16 mil comestibles de paquete que realizó una multinacional, contribución que, de acuerdo con el colectivo de abogados, fue difundida en las redes del Distrito.
“Usar las redes sociales de las entidades de la Alcaldía o emplear los canales públicos de prensa para favorecer campañas de lavado de imagen de empresas privadas genera un claro conflicto de interés que los servidores públicos deben evitar, en cualquier caso, en aras de garantizar transparencia y defensa de lo público. Las instituciones públicas deben abstenerse de participar en ejercicios de “marketing asociado a causas”, en programas de donación impulsados por compañías que produzcan comestibles no saludables, y deben evitar a toda costa convertir las donaciones en oportunidades para que las marcas que donan hagan publicidad, o para que desarrollen estrategias de lavado de imagen”.
El presidente de CAJAR explicó que este tipo de donaciones son aceptables cuando contienen únicamente alimentos saludables, preferiblemente de productores locales.”El Estado debe tener un rol de garante de los derechos fundamentales de la ciudadanía y que las instituciones públicas deben cumplir con las obligaciones que ha asumido internacionalmente en materia de derechos humanos2 puntualizó.
La OMS ha explicado que una dieta saludable ayuda a proteger a las personas de la malnutrición en todas sus formas, así como de las enfermedades no transmisibles, entre ellas, la diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer.