¿Hay que temerle a la gigante multinacional Monsanto?

Entrevista de Gloria Rey de El Tiempo

La periodista, investigadora y escritora norteamericana Carey Gillam, exreportera de la agencia de noticias inglesa Reuters durante 17 años, habla con EL TIEMPO sobre su denunciada persecución por Monsanto, líder mundial en ingeniería genética de semillas y en producción de herbicidas con glifosato.

La empresa norteamericana, fundada en 1901, fue adquirida con sus más de 25.000 empleados por Bayer, la químico farmacéutica alemana con 156 años de historia, por 66.000 millones de dólares hace tres años, con el objetivo de convertirse en líder agrícola global. El negocio, no obstante, ha sido considerado por la prensa alemana como “tóxico” porque Bayer no ha dejado de pagar por las demandas contra la firma y porque Monsanto “representa la personificación del mal en la agricultura industrializada”, según Dirk Zimmermann, de Greenpeace.

Gillam y otros críticos acusan a Monsanto no solo de graves delitos ecológicos sino de presuntamente perseguir y tratar de desprestigiar a quienes investigan, denuncian y critican sus productos y prácticas. La periodista afirma, por ejemplo, que Monsanto “ha engañado al mundo sobre las verdaderas preocupaciones científicas de sus productos. Durante décadas promocionó el glifosato como seguro, pero una creciente evidencia científica indica lo contrario. Varias investigaciones a nivel mundial vinculan el químico con el cáncer y otras enfermedades”.

Por esa y otras razones, Gillam escribió Whitewash: la historia de un herbicida, el cáncer y la corrupción de la ciencia, en el cual revela las acciones de la compañía para “suprimir y manipular la ciencia que rodea su negocio de herbicidas”.

La autora trata de mostrar cómo Monsanto supuestamente “corrompió la literatura científica y pactó con los reguladores para impulsar a nivel mundial el Roundup (glifosato), pese a que la Agencia Internacional contra el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y numerosos estudios han demostrado una asociación entre los herbicidas con glifosato y el cáncer” y otras enfermedades. La Agencia ha reconocido que el glifosato puede causar también problemas dermatológicos, abortos, daño a nivel celular o enfermedades neurodegenerativas.

Por los efectos dañinos del herbicida, Monsanto ha sido demandada en varias oportunidades. El año pasado, por ejemplo, un jurado de California la condenó a pagar 289 millones de dólares, que luego se redujeron a 87 millones, a Dewayne Lee Johnson, un hombre de 46 años que desarrolló un cáncer linfático después de utilizar regularmente el Roundup en la fumigación del césped de la escuela donde trabajaba como jardinero. Dewayne jamás regresó a su trabajo, pues los médicos diagnosticaron que, difícilmente, vivirá más allá del 2020.

Pero, pese a las evidencias científicas sobre el glifosato y a las condenas, Gillam denunció públicamente que Monsanto no solo trató de sabotear el lanzamiento de su libro, sino que arreció el asedio tras su publicación. El diario The Guardian respaldó esa afirmación al señalar en una nota que Monsanto planeó una serie de acciones para atacar el libro de Gillam, antes de su publicación; que redactó críticas para que terceros las difundieran en la red y “pagó a Google para que cuando apareciera en las búsquedas “Monsanto, glifosato, Carey Gillam” salieran solo críticas en contra de la periodista.

Las persecuciones

Gillam cuenta que los hostigamientos comenzaron “hace varios años cuando trabajaba para Reuters, y a Monsanto le disgustó que informara sobre los problemas de sus productos y sus prácticas, y desarrolló varias estrategias para acabar con mi reputación”. Menciona, por ejemplo, la contratación de grupos de personas para criticar con ferocidad y tratar de desvirtuar y sabotear sus escritos en la red.

El trabajo de Gillam en Whitewash no solo se centró en los efectos dañinos del glifosato, el polémico herbicida de amplio espectro que tanto conocemos en Colombia, sino, principalmente, en el “engaño mundial” cometido por Monsanto.

Pero Gillam no ha sido la única perseguida. A nivel mundial hay múltiples denuncias. El periódico The Guardian afirmó que la empresa desarrolló un “centro de respuesta” para vigilar y desacreditar a otros periodistas, activistas, ONG ambientales y al cantautor y guitarrista canadiense Neil Young. Monsanto “escribió un memorándum interno para ser utilizado en las redes respecto a su actividad musical”, precisa el diario.

Young no solo publicó el cortometraje de 10 minutos Seeding Fear (Sembrando el miedo) en 2015, en el que narra la historia de un agricultor que libra una batalla legal con la multinacional por el uso ilegal de unas semillas de soya, que resulta en la muerte del padre del mismo, sino que lanzó The Monsanto years, un álbum crítico contra los productos y actividades de la polémica empresa y que sería lo que desencadenó la guerra sin cuartel en su contra.

The Guardian dice que la empresa no solo elaboró un informe sobre las actividades del cantante en las redes sociales y que consideró medidas legales en su contra, sino que también “siguió de cerca y produjo informes semanales sobre la ONG norteamericana Right to Know (Derecho a saber)”.

En Francia también hay denuncias sobre persecuciones. France 2 afirmó que en un documento, que data de 2016 y tiene el logo de Monsanto y de Publicis, el gigante francés de publicidad, “se clasifica a los principales actores del debate sobre los pesticidas en Francia en función de su grado de influencia” y que Fleishman Hillard, una segunda agencia de publicidad, tendría una ‘lista roja’ de 200 personalidades, incluyendo información privada como direcciones y números de teléfono”.

EL TIEMPO trató de contactar sin éxito a Monsanto en Colombia y Argentina, pero no recibió respuesta a un cuestionario que envió respecto a las mencionadas denuncias y señalamientos.

Las acusaciones

El diario El País de Madrid calificó recientemente a Monsanto como “una de las compañías más controvertidas en el universo corporativo global”, y no le faltan razones. Además de las afirmaciones de Gillam, las denuncias de activistas y las alertas de la OMS, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (OEA) sostiene que la mezcla del herbicida y la forma como se utiliza amenazan la biodiversidad, especialmente peces y anfibios.

En 2017, un tribunal internacional en La Haya encontró culpable a Monsanto de delitos de ecocidio por incurrir “en conductas que tienen efectos graves y negativos en el medioambiente y por afectar a innumerables personas y comunidades de varios países, así como a la salud del propio entorno, con las consiguientes repercusiones en las plantas, los alimentos y el agua”.

En el mismo tribunal se presentaron denuncias sobre la eventual complicidad de la firma en un crimen de guerra, que durante años mató y afecta hasta hoy a cientos de miles de personas, que se expusieron al herbicida defoliante conocido como “agente naranja”, que fabricó Monsanto y que Estados Unidos utilizó en la guerra de Vietnam, al lanzar 76 millones de litros sobre campos y bosques.

Lo peor es que el químico no solo afectó a los vietnamitas sino a todos los que estuvieron en contacto con el mismo y les produjo el oscurecimiento inicial de la piel, problemas hepáticos, dermatológicos y, después, diabetes tipo 2, trastornos nerviosos, musculares, hormonales y del sistema inmunológico. Los efectos, además, se extendieron a su descendencia.

Pero, pese a las denuncias, demandas, alertas y advertencias, lo peor es que Colombia, por temor a una descertificación de Estados Unidos, que afectaría, entre otros, los créditos del país con el Banco Mundial, considera la reanudación de las fumigaciones con glifosato, suspendidas por el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos en 2015.

Expertos estiman que esa decisión –además de atentar contra el medioambiente, la vida y la salud de las comunidades, cultivos, alimentos y reservas de agua– no será eficaz, pues el país fumigó con glifosato por más de 30 años sin solucionar el problema de la droga. Mencionan como ejemplo las intensas fumigaciones de 2017, cuando las hectáreas sembradas con coca llegaron a 150.000. Al respecto, Gillam afirma que “el Gobierno de los Estados Unidos está presionando al colombiano para que use el glifosato con el único interés de beneficiar a Monsanto”.

Las fumigaciones con glifosato en Colombia tienen sus orígenes en el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (Pecig), parte del llamado Plan Colombia, lanzado hace más de dos décadas con el apoyo de Estados Unidos. Pero, “Colombia apostó por el ambiente y la salud humana cuando decidió suspenderlas”, según la abogada Verónica Muriel, con una maestría en Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales de la Universidad Lewis and Clark de Oregón (Estados Unidos).

Y ojalá que esa apuesta se mantenga porque en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), que firmamos, el principio 15 de precaución dice: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medioambiente”. Ese principio se incorporó a la legislación en 1993 y la doctora Muriel dice que es aplicable en el caso del glifosato.

Añade que “existe evidencia científica sobre los impactos graves e irreversibles del glifosato en la salud humana y el ambiente. En consecuencia y, en cumplimiento de sus obligaciones nacionales e internacionales, el Estado colombiano debe seguir aplicando el principio de precaución para proteger a la población y el patrimonio natural del país de los daños del glifosato y demás químicos nocivos”.

GLORIA HELENA REY
ESPECIAL PARA EL TIEMPO