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¿La industria de comida chatarra es una amenaza a la democracia?

Investigación etiquetado

NOTA DE João Peres PARA BOCADO / FOTO CAJAR

Un documento lanzado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, de Colombia, y por la organización El Poder del Consumidor, de México, lo dice claramente: los fabricantes de ultraprocesados amenazan la democracia al frenar la acción del Estado en políticas públicas que pueden salvar vidas.

El estudio “La interferencia de la industria es nociva para la salud” pasa en limpio las estrategias adoptadas por corporaciones como Coca-Cola, Nestlé, Pepsico, Bimbo y Danone en los países que crearon sistemas de alerta sobre el exceso de sal, grasas y azúcar.

No es casualidad que ese modelo de etiquetado, en forma de alertas, haya sido creado en Chile y desde entonces haya sido analizado por otros países de América Latina: desde 1990 la región tiene una de las situaciones más graves en cuanto a  las enfermedades crónicas (diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer). Y en  la última década, los gobiernos han buscado medidas para desestimular el consumo de ultraprocesados e incentivar recetas  tradicionales con base en alimentos frescos.

El documento establece una presunción importante: “La industria, apoyada en su poder económico y su influencia social y política, pasó de ser un actor económico a un interlocutor autorizado, a pesar de su falta de credenciales fiables, en materias de salud pública.” De eso derivan dilemas éticos y políticas incoherentes como la que está siendo adoptada en Brasil.

No es casualidad que ese modelo haya sido creado en Chile y desde entonces haya sido analizado por otros países de América Latina (Foto: Miguel Tovar. Bocado)

Desde el inicio de la discusión sobre la creación de un nuevo sistema de rotulado frontal en ese país, en 2014, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) puso en la misma mesa a investigadores en salud pública, organizaciones no gubernamentales y fabricantes de ultra procesados. El peligro de la igualdad jerárquica se hizo más y más evidente a lo largo de los años, cuando Anvisa acabó por posicionarse a medio camino entre las presiones privadas y la salud pública. Al final, Brasil tendrá un sistema de rotulado que no está basado en las mejores evidencias científicas

El documento lanzado esta semana desde Colombia y México muestra sobre cuáles países  consiguieron aplicar el etiquetado. Mirando a Chile, Perú, Uruguay y México, el estudio enumera once estrategias utilizadas para frenar, retrasar o debilitar la opción del poder público sobre el rotulado.

Para analizar a fondo las prácticas adoptadas, se pueden revisar las páginas 72 y 72 del informe. 

  • En Colombia, el proyecto de ley orientado a la adopción del sistema de alertas ya está en el tercer intento de tramitación. Diputados y senadores sencillamente no permiten que la propuesta avance. El documento muestra cómo la industria de bebidas azucaradas se volvió la principal financiadora electoral de los mayores partidos políticos.
  • Si nada funciona, hable con el Presidente de la República: esa ha sido una estrategia exitosa en muchos lugares En Colombia, destaca el estudio, el acceso de la industria a Iván Duque fue fundamental. En Uruguay, el presidente Luis Lacalle firmó un decreto con el cual retrasa la adopción de los sellos, que debería haberse iniciado en marzo. Y puedo agregar: en 2018, la Asociación Brasileña de la Industria de Alimentos (Abia) accionó directamente al ex presidenteMichel Temer, y obtuvo dos reuniones en dos días, lo que es un logro notable al tratarse de un Presidente de la República. En esa época, Temer amenazó intervenir, lo que afecta la autonomía administrativa garantizada a Anvisa.
  • En Perú hubo un intento de aprobar una nueva ley, anulando la adopción de alertas y beneficiando un sistema más débil, es decir de acuerdo al  interés de la industria. La ofensiva fue coordinada por Keiko Fujimori, del partido mayoritario Congreso Fuerza Popular, que fue al Presidente Martín Vizcarra. Una situación auto explicativa: si Fujimori es la líder de su brazo de lobby, eso dice mucho sobre quién es.
  • Dice el documento: “Coca Cola es una de las empresas más activas en el bloqueo de las políticas de salud que pueden afectar los intereses de la industria de comestibles ultraprocesados y las bebidas azucaradas. En el caso de México es sumamente activa y sus acciones se potencian en su alianza con FEMSA, la empresa embotelladora de Coca Cola más grande del mundo.”
  • El uso de amenazas económicas es un eje común a todos los países analizados. Se argumenta que la medida viola las reglas de libre comercio previstas por la Organización Mundial de Comercio, aunque este ya haya dicho que cada país tiene autonomía para definir su propio rotulado. El uso del Mercosur para presionar a Uruguay es narrado en una serie de videos que publicamos en el canal de Bocado en YouTube.

Además del relato acerca de las interferencias, el documento define una agenda concreta para prevenir el problema. Y esa es una de las partes más interesantes, sin duda, porque apunta al punto inicial: se trata de un conjunto de medidas que recolocan a la industria en el papel de sector regulado, y no de formulador de las propias reglas.

Dice, por ejemplo, que debería terminar “la falta de control sobre las actividades de cabildeo para favorecer el lucro privado, la posibilidad de llevar a cabo reuniones a puerta cerrada y sin registro, la posibilidad de financiar campañas políticas, la falta de regulación a las puertas giratorias, o la contratación de grandes firmas de abogados con estrategias legales a gran escala contribuyen a generar ambientes propicios para que malas prácticas de la industria queden en la impunidad o sean desconocidas para el grueso de la población.” 

El documento presenta medidas que deberían ser tomadas por diputados y senadores; ministros, secretarios y presidentes; como también jueces y fiscales, en el intento de evitar la acción indebida de la industria. Una de las recomendaciones más interesantes es la adopción de un protocolo de relacionamiento entre autoridades y  fabricantes de ultra procesados que dé transparencia a ese punto. Entre otras, prevé que:

  • ex funcionarios privados que ahora ocupan cargos públicos no se involucren en la discusión de medidas de interés del sector;
  • no participen  en eventos promocionados por la industria para discutir políticas públicas;
  • exista registro escrito de cualquier integración con agentes privados, dejando clara la intención de la conversación.

Es difícil encontrar, entre las recomendaciones, un punto en el cual Anvisa, de Brasil, no haya fracasado. Directores e integrantes de la Gerencia General de Alimentos participaron de una serie de eventos promocionados por el sector privado. Tuvieron reuniones a puertas cerradas cuyo contenido solamente fue revelado porque logramos acceso a las actas (y en una de ellas, un ex director señalaba la posibilidad de adoptar un sistema de preferencia de las corporaciones, algo que nunca había mencionado en público).

Pero más allá  de toda la agenda de recomendaciones, existe un paso simbólico que parece difícil de lograr  en buena parte de los países de América Latia: desnaturalizar el poder de las corporaciones para  moldear la acción del Estado. Varios de nuestros gobiernos están repletos de agentes que migran directamente de empresas a cargos estratégicos de intereses del sector en el cual trabajaban (y viceversa). La lógica de que esas fuerzas privadas son espontáneamente benéficas está profundamente arraigada en nuestras sociedades.

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