NOTA DE EL UNIVERSAL / FOTO DE FREEPIK
Con casi tres cuartas partes de los adultos y cerca del 40% de los niños en México experimentando sobrepeso u obesidad, no es sorprendente que más de uno de cada diez adultos en el país sea diabético. En 2014, reconociendo la obesidad como una de las principales preocupaciones de salud pública, México fue uno de los primeros países en instituir un impuesto nacional a las bebidas azucaradas. Si bien esta iniciativa nacional ha tenido algunos resultados positivos como una reducción en las ventas y un menor consumo de bebidas azucaradas, no ha sido suficiente para modificar la trayectoria ascendente de la epidemia de obesidad. La lucha contra el problema nutricional en México se ha vuelto cada vez más urgente dada la pandemia de COVID-19, esto debido a que las personas que tienen obesidad y condiciones crónicas asociadas como la diabetes, enfermedades cardíacas y la hipertensión son propensas a experimentar síntomas más graves del coronavirus y a padecer mayores tasas de mortalidad. El problema a resolver es grande, ya que en promedio los hogares mexicanos reportaron gastar una cuarta parte de su presupuesto para comer en alimentos altamente procesados como comida chatarra empaquetada y bebidas azucaradas. A causa de esto, las altas tasas de obesidad en México se han atribuido al consumo excesivo de alimentos procesados y bebidas con alto contenido energético. El porcentaje del presupuesto de los hogares que se destina a estos alimentos de bajo valor nutricional se ha más que duplicado desde los ochentas. Como resultado, con base en los datos más recientes, los niños en edad escolar consumen más de un tercio de sus calorías diarias de alimentos chatarra, esta proproción es del 40% para los niños en preescolar.
Las fuerzas del mercado, la mercadotecnia y los cambios demográficos son impulsores importantes de los cambios en la compra de alimentos y dietas de las personas. Oaxaca y Tabasco demostraron recientemente una manera de abordar el poder que estos factores tienen, así como el de las empresas detrás de ellos: prohibiendo la venta de comida chatarra y bebidas azucaradas a niños menores de 18 años, una medida que también está siendo considerada por la Ciudad de México. Estas prohibiciones irán acompañadas de la iniciativa nacional de etiquetado de los paquetes y envases de alimentos, así como de las próximas restricciones a la publicidad de comida poca saludable para los niños.
Estas medidas son una parte importante del arsenal de salud pública. Sin embargo, queda por ver cómo funcionarán en la práctica, si sobrevivirán a los desafíos legales y si realmente se harán cumplir. Algunos de estos esfuerzos han mostrado resultados positivos en otros países. En Chile, por ejemplo, las leyes de etiquetado y publicidad de alimentos implementadas en 2016 han resultado en una disminución de las compras de bebidas azucaradas en los hogares.
Aunque pueden ser pasos en la dirección correcta, no podemos pretender que estas medidas son mágicas: abordar la magnitud y persistencia de la obesidad en México requiere esfuerzos aún más integrales. El sector de salud pública mexicano debería aprovechar este impulso para lograr cambios adicionales. Es probable que el reglamento propuesto no abarque
botanas de gran densidad energética y bebidas azucaradas que tradicionalmente han formado parte de las dietas mexicanas. Para evitar cambios en el consumo de estos alimentos, será necesario llevar a cabo campañas de educación nutricional y publicidad social. Este enfoque ha funcionado en otras esferas: por ejemplo, las leyes de salud pública, junto con las campañas educativas, han hecho que el uso del cinturón de seguridad sea una norma en muchos países de todo el mundo.
Hay otras razones para estar preocupados. Sin duda, podemos esperar una resistencia feroz por parte de la industria de alimentos y minoristas, tal como se ha visto en otros lugares después de que se implementaron políticas similares. Además, sigue sin estar claro cuán efectiva será la regulación de las ventas de comida chatarra, dado que muchas tiendas familiares pueden ignorar las reglas.
Sin embargo, una ley federal podría tener el poder de obligar a la industria alimentaria a reformular productos o incluso introducir variedades más saludables. Después de una larga batalla con la industria restaurantera, se logró implementar la ley de transparencia alimentaria de restaurantes en Estados Unidos, obligando a que ciertos establecimientos incluyan información nutricional en sus cartas.
A menudo, la discusión en torno a la obesidad se centra sobre la responsabilidad indiviudal, pero ese enfoque ignora los factores estructurales que hacen que una dieta saludable sea accesible para algunos e inaccesible para otros. Estas disparidades en el acceso son inaceptables desde una perspectiva de salud pública. Mejorar el acceso a alimentos poco costosos y de alta calidad debe convertirse en una prioridad para que los esfuerzos de prevención de la obesidad puedan marcar una diferencia significativa. México puede liderar el despliegue de acercamientos de salud pública para prevenir la obesidad. Quizá, el sector de la salud pública de México pueda persuadir a la industria alimentaria y minorista a través de innovaciones tecnológicas y de mercadotecnia para que trabajen mano a mano buscando fomentar dietas más saludables para los mexicanos y establecer una tendencia que otros países puedan seguir.
Como investigadora de salud pública, me siento alentada por los esfuerzos recientes y propuestos en México para mejorar la dieta de los niños y abordar la obesidad persistente. Pero estos esfuerzos, aunque impresionantes, no son un sustituto de una respuesta robusta del gobierno y el sector de la salud para abordar la pandemia actual, especialmente teniendo en cuenta las tasas extremadamente altas de letalidad en México.
Los esfuerzos de México para reducir la obesidad y mejorar tanto la salud como el bienestar de sus niños tienen la capacidad de promover y apoyar una cultura de alimentación saludable en todos los lugares donde se consume comida, pero sólo si se llevan a cabo de manera holística y sincera. Una población más saludable, un activo para cualquier nación, también tendrá mejores resultados en el manejo de futuros desastres y pandemias. Enfoques similares, incluido el establecimiento de normas sociales, han sido fundamentales para abordar el consumo de tabaco, otro importante problema mundial de salud pública. Sin embargo, a diferencia del tabaco, la gente siempre necesitará comer. Por lo tanto, la imposición de límites a los alimentos poco saludables debe ir acompañada de la garantía de que todos los ciudadanos tengan a su disposición alimentos saludables, culturalmente aceptables, fáciles de preparar y asequibles.
Punam Ohri-Vachaspati es profesora de nutrición de salud pública en la Facultad de Soluciones de Salud de Arizona State University, donde dirige el Grupo de Investigación sobre Políticas Alimentarias y Medio Ambiente. Más información sobre su investigación está disponible en asufoodpolicy.org.