Columna Escrita por Soraya Gutierrez para Pulzo
La compulsión a la repetición es un concepto psicoanalítico que alude a nuestra propensión a repetir acciones, sueños, palabras o situaciones.
En algunos casos, la compulsión de la repetición nos lleva a incurrir en las mismas situaciones desagradables que quisiéramos evitar.
Podría decirse que las sociedades también sufren de esta compulsión, que las mismas conductas se repiten una y otra vez. El pasado martes 2 de junio otro proyecto de ley orientado a mejorar los indicadores de salud pública se hundió en el congreso. Esta vez se trató del proyecto que buscaba poner un impuesto a las bebidas azucaradas. Con el impuesto se buscaba obtener mayores recursos para la salud y prevenir el consumo de bebidas que generan enfermedades como la diabetes.
El impuesto a las bebidas azucaradas ha sido debatido en varias ocasiones en el congreso, pero los legisladores prefieren hundirlo a dar una discusión seria sobre los alcances de dicha medida para la salud pública. Investigaciones recientes han mostrado que la diabetes es la segunda comorbilidad que más afecta a pacientes que han muerto por COVID-19. Tal vez si el país hubiera tenido medidas que previnieran esa enfermedad, hoy miles de personas serían menos vulnerables a los efectos de la pandemia que estamos afrontando.
Si hablamos de repetición, llama la atención que los legisladores de la comisión tercera de la Cámara de Representantes siguen repitiendo las mismas afirmaciones ya conocidas; una suerte de mantras parlamentarios que reemplazan al debate con argumentos.
Siguen afirmando que no hay evidencia científica que respalde la eficacia del impuesto, aunque hay decenas de artículos académicos que han aconsejado aprobar dicha medida. Siguen diciendo que el impuesto puede afectar el empleo y la economía nacional, aunque eso no ha pasado en ningún país que ha adoptado tal tributo. En suma, repiten los mismos mantras que han bloqueado otras medidas de salud pública, como el etiquetado frontal de advertencia que proporcione información clara y sencilla sobre el contenido nutricional de los productos comestibles. Los mismos mantras que por muchos años evitaron que se prohibiera el asbesto o que se aprobaran medidas de control de tabaco.
En lugar de la deliberación con argumentos válidos y respaldo en evidencia científica, las bancadas mayoritarias del congreso han optado por repetir los mismos argumentos que, curiosamente, defiende la industria de comestibles ultraprocesados y bebidas azucaradas.
No es entonces una casualidad que en el debate del pasado martes los parlamentarios Oscar Darío Pérez, del Centro Democrático y Néstor Leonardo Rico, de Cambio Radical, aceptaran que sus partidos reciben financiación de la industria de bebidas azucaradas.
Esa industria que financia a sus partidos, repite los mismos mantras que han bloqueado medidas que pueden prevenir enfermedades y salvar millares de vidas. Los mismos que repitió Iván Duque cuando era parlamentario. Aunque la financiación privada de partidos sea legal en Colombia, preocupa que tal práctica se convierta hoy en un factor que interfiere con la adopción de medidas para mejorar los indicadores de salud pública y el nivel de garantía de los derechos humanos.
La financiación privada de campañas es legal en nuestro ordenamiento jurídico, pero puede convertirse en una amenaza para el interés público. Si los grandes poderes económicos financian a los tomadores de decisión, es posible que éstos prefieran favorecer las ganancias de sus aportantes en lugar de defender el interés público y los derechos ciudadanos.
Así la democracia deja de constituirse como un espacio deliberativo para defender lo público, para pasar a ser un intercambio de intereses privados, donde los industriales aseguran sus vocerías en el parlamento y los políticos aseguran la financiación de la próxima campaña. Dicha situación es grave en cualquier escenario, y llega a ser mucho peor cuando se trata de la salud pública y la alimentación de millones de personas.
Las sociedades también sufren de la compulsión de la repetición y las organizaciones defensoras de derechos humanos buscamos que las malas prácticas no se repitan. Sin embargo, esta repetición no es resultado del inconsciente, sino de las acciones de seres humanos de carne y hueso. En estos casos superar el trauma que lleva a la repetición no requiere terapia, sino establecer responsabilidades políticas.
No es exagerado decir que la financiación privada de las campañas políticas es una práctica perjudicial para la salud.