Tomado de HOY Diario Magdalena
El expediente reposa en el despacho del magistrado Alejandro Linares, quien intentó declararse impedido en marzo porque tiene diabetes, pero luego la Sala Plena no aceptó que se apartara del proceso.
Desde que el proceso avanza, el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR), que en el pasado desarrolló la campaña ‘Dulce Veneno’ para promover el impuesto y el sello octagonal para alimentos ultraprocesados, ha insistido en que la tarifa es constitucional.
En una intervención de mayo, la presidenta del Colectivo, Jomary Ortegón Osorio, junto con la abogada Yessika Hoyos Morales defendieron la norma, al argumentar que se trató de un conjunto de medias «que se podría denominar mejores prácticas en clave de salud pública».
La organización defiende que el impuesto a las bebidas azucaradas, también denominado impuesto saludable, ayuda a disminuir el consumo y a cambiar los hábitos en la población, con lo que se podría disminuir la obesidad, la diabetes y varios problemas de salud.
El Colectivo mantiene esa postura, además de un señalamiento a entidades gremiales como ANDI o Asocaña. Tras un foro realizado junto a otras organizaciones, la abogada Yessika Hoyos explicó que en Colombia existen prácticas de grandes industrias que interfieren con la implementación de políticas públicas a favor del derecho a la salud.
«Estas organizaciones, como se puede evidenciar de la lectura del trámite legislativo del artículo demandado, se opusieron férreamente al impuesto saludable a las bebidas ultraprocesadas y han logrado ‘hundirlo’ en otras ocasiones en el Congreso de la República», señaló CAJAR ante la Corte. También pidió prestarle más atención a la participación de la comunidad científica y de «argumentos que persiguen un interés social general».
Por su parte, Jomary Ortegón destacó que el impuesto saludable está encaminado a consolidar el deber de prevención que tienen los Estados frente a la alimentación y la salud. Esa tarifa, por tanto, «contempla desincentivar el consumo de bebidas endulzadas y comestibles ultraprocesados, lo cual contribuye a mejorar la situación del derecho a la salud al disminuir riesgos frente a Enfermedades No Transmisibles, como la diabetes y la hipertensión arterial».
«Los Estados tienen la obligación de utilizar hasta el máximo de los recursos disponibles para favorecer la realización de derechos», recalcó Ortegón.
Dejusticia es otra de las organizaciones que reafirmó que la Corte Constitucional debe mantener el impuesto a las bebidas azucaradas. Rodrigo Uprimny, investigador de esa agrupación, precisó que el impuesto saludable persigue el objetivo de proteger la salud pública, debido a que se enfrenta a la obesidad, el sobrepeso y la diabetes, que han sido reconocidos como problema de salud pública.
Según Dejusticia, la medida tarifaria ha funcionado en otros países precisamente para disminuir el consumo de ese tipo de bebidas, así como para aumentar la búsqueda de sustitutas que sean menos dañinas.
Cristian Paul Torres de la Rosa, de la organización mexicana El Poder del Consumidor, aseguró que la experiencia internacional da cuenta de que se puede esperar una respuesta por parte de la industria, que reacciona incluso para frenar el trámite de iniciativas como el impuesto saludable.
Torres añadió que la clave del éxito del impuesto en otros territorios, como México, es que se mantenga un monitoreo constante sobre la medida y sus efectos. En Colombia, la Corte Constitucional deberá tener la última palabra.