Aunque Colombia legisló sobre el llamado impuesto saludable, las corporaciones y el sector de la salud pública mantienen vivo el debate sobre su efectividad y consecuencias.
En medio de un creciente clamor internacional por medidas que fomenten hábitos de vida saludables y combatan enfermedades no transmisibles, el debate en torno a los impuestos saludables ha tomado protagonismo. Gravar las bebidas azucaradas con el objetivo de reducir su consumo y financiar el sistema de salud, ha ganado terreno, pero no sin desencadenar una intensa lucha entre intereses corporativos y salud pública.
La iniciativa busca prevenir enfermedades no transmisibles (ENT), como las cardiovasculares, diabetes, hipertensión y cáncer, a través de la desincentivación del consumo de bebidas azucaradas. A medida que los llamados a abordar estos desafíos de salud global se vuelven cada vez más apremiantes, instituciones como la Comisión de Expertos del Sistema Tributario Territorial y la Federación de Departamentos en Colombia han respaldado la implementación de este impuesto saludable.
Los reparos de las corporaciones
Sin embargo, industrias de bebidas endulzadas han expresado una resistencia inquebrantable a esta medida, generando un conflicto evidente. Durante los debates sobre una reforma tributaria en el Congreso de la República, se observó una discusión política marcada por la oposición de varios congresistas cuyos partidos recibieron apoyo financiero de estas empresas durante sus campañas electorales.
A pesar de los obstáculos, el Legislativo finalmente aprobó el gravamen a las bebidas endulzadas. Pero esta victoria se ha visto empañada por una batalla legal en curso en la Corte Constitucional.
En esta arena, los mismos argumentos que se presentaron durante el debate legislativo han sido reiterados: el supuesto impacto desproporcionado en los más vulnerables y las barreras para pequeños y medianos productores, entre otros.
Por ejemplo, la Cámara de la Industria de la Andi consideró que los costos adicionales de los nuevos impuestos “suponen un impacto económico monumental(…) al contemplar una política fiscal que afecta la cadena productiva e impacta la productividad del país”, además que el aumento de los precios se traslada directamente al consumidor final y a otros actores de la cadena como los pequeños tenderos.
Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud y las Relatorías Especiales para los derechos a la alimentación, y sobre el derecho a la salud de las Naciones Unidad han advertido sobre la interferencia corporativa en asuntos de política de salud pública. En este contexto, las grandes industrias han buscado influir en múltiples niveles y sectores gubernamentales, además de la sociedad civil, presentándose como actores indispensables para la economía y el bienestar social. Esto se ha evidenciado en demandas de inconstitucionalidad y múltiples declaraciones de líderes empresariales, mostrando la efectividad de estas estrategias.
A medida que el debate continúa y la sociedad civil defiende este impuesto en la Corte Constitucional, la decisión final tendrá implicaciones profundas en el equilibrio entre la salud pública y los intereses corporativos en Colombia.
Para discutir sobre este tema, el próximo 31 de agosto desde las 9:00 a.m. se llevará a cabo el foro ‘Impuesto saludable en Colombia’, en el que organizaciones de la sociedad civil, academia y congresistas debatirán sobre la implementación de impuestos saludables en el mundo y en Colombia. Si desea asistir, podrá registrarse gratuitamente en el siguiente enlace: