“Gracias por escucharnos porque la voz de la ciencia y la tecnología casi no se oye en estos debates”. Así concluyó su intervención Jairo Enrique Romero Torres, un hombre que tomó la vocería en nombre de la “ciencia y la tecnología de alimentos” para oponerse a un proyecto de ley que pretendía establecer el etiquetado frontal en los productos ultraprocesados, una medida con enormes implicaciones en la salud pública. Uno de los senadores que lo escuchaba era Álvaro Uribe, quien le reconoció la investidura con la que fue a exponer y lo catalogó como “científico”. Sin embargo, Romero no dijo cómo se financiaban las organizaciones de las cuales hace parte, información crucial para entender su presentación.
En ese momento instituciones internacionales, como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), hacían llamados sobre la importancia de reducir la ingesta de ultraprocesados debido a la relación que guarda su consumo con la aparición de enfermedades como la hipertensión, la obesidad y la diabetes. Una de las medidas que recomendaba era que se les advirtiera a los consumidores sobre los productos con cantidades excesivas de grasas saturadas, sodio y azúcares. El debate acerca del etiquetado frontal avanzaba en varios países de América Latina de forma simultánea.
El encuentro entre Romero, Uribe y los senadores de la Comisión Séptima se dio el 14 de noviembre de 2017 en medio de una audiencia pública que se adelantó para escuchar diferentes opiniones sobre el proyecto de ley y para que los congresistas forjaran sus opiniones. Por eso, la intervención de Romero era importante. Al iniciar, él advirtió que tenía un conflicto de intereses debido a que era dueño de una empresa que brindaba “servicios a gobiernos, a entidades multilaterales, productoras de alimentos o de bienes y servicios para la industria de alimentos en varios países de América Latina”.
También dijo que iba a hablar en nombre de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Ciencia y Tecnología de Alimentos (Alaccta). Sin embargo, no aclaró cómo se financia esa organización. En una atropellada entrevista telefónica le preguntamos a Romero si cuando fue presidente de ese grupo científico recibieron donaciones de empresas y respondió sin dar certezas: “Mmm… no, yo creo que no. No, no recuerdo, pero parece que no. La verdad no me parece”. Según él, Alaccta solo opera con los aportes anuales que hacen otras asociaciones afiliadas. Pero tampoco explicó quién está detrás de esas organizaciones.
Según se lee en la página oficial de Alaccta, este grupo fue fundado en 1972 y tiene su sede legal en Montevideo (Uruguay). Está integrado por 10 asociaciones de varios países de América Latina como Colombia, Cuba, Paraguay y Argentina. Lo que Romero no dijo en la audiencia pública es que varias de las organizaciones que pertenecen a Alaccta son financiadas directamente por empresas que tenían intereses en el debate sobre el etiquetado frontal de advertencia.
“Desde todo punto de vista, lo digo como profesional que trabaja en la salud pública, me parece terrible”, aseguró, en entrevista con Vorágine, Jackeline Bravo, docente de la Maestría en Salud Pública de la Universidad del Valle y profesora de ética médica en la universidad Icesi de Cali. “Si vas a ir en representación de unas organizaciones técnicas y científicas, pero tienes ese conflicto debería ser una obligación manifestarlo”, opinó Martiza Martínez, quien era senadora en la comisión a la que Romero expuso sus argumentos, ponente del proyecto sobre el cual se hizo la audiencia pública.
Cuando intentamos preguntarle a Romero por los señalamientos de conflictos de interés cortó la entrevista de manera abrupta. Reproducimos de manera textual ese fragmento:
Vorágine: el 14 de noviembre de 2017 usted hizo una intervención en el Congreso y en ese momento advirtió un conflicto de intereses por una firma que usted tiene…
Romero: yo no advertí ningún conflicto de intereses porque yo no siento que tenga ningún conflicto de intereses cuando hablo sobre esto. Yo hice como una declaración sobre el origen de mis actividades personales y regionales, pero no diciendo que tengo ningún conflicto de interés, yo hablo libre de intereses personales sobre esto. Entre otras, porque yo no me gano la vida con esto, yo me gano la vida es como asesor en ciencia y tecnología de alimentos. Yo no devengo un centavo de esa intervención en el Congreso o de nada de lo que digo en este debate, yo no devengo nada en absoluto. A diferencia de las ONG que tanto hablan sobre conflicto de intereses, esas ONG que sí reciben grandes cantidades de recursos para decir lo que dicen y para señalarnos a nosotros de estar defendiendo la industria. Yo no vivo de eso como los gerentes, los directores, los abogados, la gente que trabaja en las ONG. Yo no derivo mi sustento de ese debate.
Vorágine: tengo la Gaceta del Congreso, se lo dije porque así está transcrito acá: “Hago mi declaración de conflicto de intereses, me presento aquí como presidente de la… me presento acá como Presidente de la Asociación Latinoamericana de Ciencia y Tecnología de Alimentos y como miembro de la Academia Internacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos, pero dirijo una firma de consultoría en gestión de inocuidad de alimentos que presta servicios a gobiernos, a entidades multilaterales, firmas de consultoría internacional y empresas productoras de alimentos”.
Romero: Ok.
Vorágine: por eso digo que usted hizo una declaración de conflicto de intereses…
Romero: Ok.
Vorágine: la pregunta es…
Romero: (interrumpe) Esta entrevista terminó, Nicolás. Esta entrevista terminó en este momento. Si usted necesita, si usted quiere presentar cargos contra mí, quiere acusarme de algo utilice los canales apropiados para eso. Pero usted no… me llama a decir que va a entrevistarme para un medio y luego a hacer unas preguntas que tienen una clara intención legal, una clara intención de involucrarme en cosas en las cuales yo no tengo ningún interés de participar, así que esta entrevista terminó acá y no tengo nada más que decir (cuelga).
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Otros vínculos con la industria
En los estatutos de Alaccta dice que puede recibir contribuciones de origen privado, lo que abre la puerta para que empresas interesadas en oponerse al etiquetado frontal de advertencia financien su operación. Enviamos un correo a una dirección que se encuentra en la página de la asociación y a la presidenta actual, Magda Ivone Pinzón (profesora de la Universidad de Quindío), preguntando si esa organización recibe recursos de empresas o gremios, pero hasta la publicación de este artículo no habíamos recibido respuesta.
Sin embargo, el origen de la financiación de las organizaciones que integran Alaccta no fue lo único que Romero omitió en la audiencia pública. Uno de los primeros temas que él abordó fue la Declaración de Montevideo, un documento de una página y media que produjo Alaccta y las asociaciones que la componen. “Esa declaración ha representado el norte de lo que ha venido haciendo la asociación en los últimos meses y es alzar la voz, poner la voz de la ciencia y la tecnología de alimentos en esta discusión acerca de los alimentos procesados”, resaltó Romero.
Lo que no dijo el orador es que en ese documento, hoja de ruta de Alaccta, aparece la firma de una persona que recibía dinero de la industria. Se trata de la argentina Susana Socolovsky, presidenta de la Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios (AATA). Coca Cola reveló un listado con las organizaciones de las que hace parte y los científicos que ha financiado, en el que queda en evidencia que la empresa de gaseosas es miembro de AATA. En 2016, el mismo año en el que Socolovsky firmó la Declaración de Montevideo recibió dinero de la multinacional para participar en simposios y congresos. Años después, cuando se debatió en Argentina sobre el etiquetado frontal de productos comestibles ultraprocesados, Socolovsky hablaba en medios masivos sin advertir la vinculación con la industria de la entidad que dirige. Lo mismo hizo en Colombia, donde dio sus opiniones en artículos periodísticos que no advierten su relación con poderosas empresas del sector.
“No me sorprende, pero me parece aterrador. Me parece muy triste porque eso es un atentado contra la salud pública, es no detenerse a pensar en el daño que se le podría causar a una gran cantidad de personas en países de bajos y medianos ingresos”, señaló la profesora Bravo.
La influencia de Jairo Romero se ha extendido a varios países de América Latina. En la frustrada entrevista nos dijo que intervino en el Congreso de México, aunque no pudimos encontrar la exposición. Además, el 10 de agosto de 2020 participó en un foro virtual organizado por la Asociación Mexicana de Ciencia de los Alimentos con una charla titulada “Advertir, informar o formar. El debate acerca del etiquetado nutricional en el frente del empaque”. La misma conferencia la dictó en un webinar del Colegio Panameño de Ciencia y Tecnología de los Alimentos el 16 de septiembre del mismo año. En su discurso criticó las iniciativas de etiquetado frontal y el concepto de “productos ultraprocesados”. Sin embargo, en ninguno de esos dos espacios advirtió que desde 2012 gerencia una empresa llamada Jairo Romero y Asociados SAS que les brinda asesoría y consultoría sobre tecnología alimentaria a empresas e instituciones. No pudimos preguntarle sobre este tema debido a su decisión de cortar el diálogo.
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El aliado colombiano de Alaccta
El proyecto de ley de 2017 se cayó, pero lo que perduró fue el opaco estilo de Romero para intervenir en debates de política pública sobre productos ultraprocesados. En los años que siguieron varios proyectos similares fueron presentados en el Congreso colombiano. En 2021, cuando se debatía una de esas iniciativas entró en escena un aliado de Alaccta en Colombia: la Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimentos (ACTA).
El 22 de abril de ese año se estaba debatiendo un proyecto que en la opinión pública se conoció como la Ley de Comida Chatarra. La Comisión Séptima del Senado hizo un foro para escuchar diversas voces, en el cual participó Liliana Peralta, la presidenta de ACTA. En su intervención, Peralta, quien también es profesora de la Universidad de La Salle, criticó la iniciativa, dijo que no se podía “satanizar a los alimentos” y concluyó: “Esa era mi presentación dando esos puntos desde la ciencia de los alimentos (sic)”.
Al igual que en la presentación de Romero, en la de Peralta faltó información relevante: no se refirió a las fuentes de financiación de ACTA. Tras revisar relatorías de las asambleas de esa asociación, información disgregada por internet y alguna que se encuentra en la página web de ese grupo científico queda claro el poder que tienen varias empresas sobre esa organización.
Por ejemplo, a la asamblea de ACTA del 25 de marzo de 2020 asistieron como “patrocinadoras” varias empresas que tendrían que poner los sellos de advertencia en algunos de sus productos si la iniciativa legislativa se convertía en ley. En esa reunión participaron Nestlé S.A, Team Foods SA (productora de las marcas de margarinas y esparcibles Campi, La Buena y Dagusto) y MaltiHelado SA (productora de malteadas y helados). En el mismo documento quedó consignada la importancia que tiene la industria en ese grupo científico: de 100 asociados que tenían en ese momento 47 eran patrocinadores, (es decir, empresas), 21 eran profesionales, 15 eméritos, 13 institucionales (universidades), 3 estudiantes y un gremio. Además, en asambleas de otros años han participado poderosas empresas del sector como el Grupo Éxito y Kellogg’s.
“(ACTA) debe reconocer que hay un conflicto de interés, sería un conflicto de interés financiero porque están recibiendo recursos de terceros para poder financiar su misión”, aseguró Bravo sobre el hecho de que esa asociación no aclare sus fuentes de financiación cuando hace intervenciones públicas. “Se tiene que declarar ese vínculo como la existencia de un conflicto de interés”, insistió la docente de la Maestría en Salud Pública de la Universidad del Valle.
Otro hecho que da cuenta del nivel de cercanía de ACTA con la industria es que ese grupo participó como observador en la conformación de Ilsi Nor-Andino, una asociación controlada por grandes empresas para supuestamente impulsar la investigación científica. Ese capítulo del Ilsi fue creado en 1997 por ocho empresas, entre las que se encontraban Alpina, Postobón, Coca Cola y Lloreda Grasas. Capítulos del Ilsi en otras latitudes, como Asia, Brasil y México, han sido cuestionados porque habrían intentado influir para evitar que avanzaran medidas de salud pública referidas a comestibles ultraprocesados y bebidas azucaradas y endulzadas.
En 2018 Peralta participó de la Asamblea General Ordinaria de Ilsi Nor-Andino como “miembro de la academia” de esa organización, según reza en el acta de la reunión. Los asambleístas eran representantes de poderosas multinacionales, por ejemplo, Nestlé, Monsanto, PepsiCo, Unilever, Kellogg’s, Coca Cola, DuPont y Mondelez Iternacional, entre otras.
Sobre la manera de operar de esos grupos científicos, Alejandra Niño, nutricionista de Food First Information and Action Network (FIAN), una ONG que apoyó las iniciativas legislativas sobre etiquetado frontal en Colombia, precisó: “Rara vez declaran abiertamente que son proindustria o que mueven sus agendas, se valen de la imparcialidad, de la objetividad que tiene supuestamente la academia para mostrarse como grupos académicos o científicos”. Incluso, Niño los señala de ser “grupos fachada de la industria”.
Vorágine entrevistó a Liliana Peralta y le preguntó qué opinaba de que señalaran a ACTA de tener conflictos de intereses: “Que lo demuestren, ¿tú cómo demuestras que tienes conflictos de intereses? ¿Por qué tengo conflicto de intereses si la ciencia es una, la teoría está y nosotros estamos haciendo transferencia de conocimiento?”. Además, le preguntamos por qué no aclaraba cómo se financia ACTA cuando hace intervenciones públicas: “Porque nosotros no estamos ocultando la financiación de la industria, la gente puede saber eso en los estados financieros, en la página (web) está quiénes son los afiliados, ¿por qué tengo que advertirla?”.
La oposición de ACTA al etiquetado frontal de advertencia se ha extendido en el tiempo. En julio de 2021 el grupo científico organizó un foro virtual sobre el proyecto de ley y uno de los invitados fue Camilo Montes, director de la Cámara de la Industria de Alimentos de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). La finalidad de esa organización es velar por los intereses de 65 grupos empresariales, algunos de los cuales también deberían poner los sellos frontales en sus productos ante una eventual aprobación de la ley en ese momento.
“Muchísimas gracias por esa presentación tan espectacular de lo que es la ley de entornos saludables”, así Peralta elogió la charla de Montes, quien hizo una exposición retomando algunos de los términos que ella había expuesto ante el Congreso. Por ejemplo, habló de la necesidad de “no satanizar alimentos” y, como ella, dijo que no se podía hacer una división entre alimentos saludables y no saludables. Durante dos segundos Peralta dejó ver en la pantalla más de 50 logotipos de empresas que patrocinan el grupo científico que preside. Entre la ANDI y ACTA tienen en común a actores tan poderosos como Alpina y Alquería. Sin embargo, en la imagen que mostró Peralta no salieron otros tan relevantes como Nestlé, que había participado como patrocinador en la asamblea de 2020.
“El acompañamiento de ANDI–ACTA siempre ha sido muy bueno y creo que vamos a seguir trabajando en este tipo de actividades y eventos porque esa es nuestra misión: comunicar, con base científica, la información hacia el consumidor y hacia la industria”, concluyó Peralta.
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En ese foro también habló Romero, quien no declaró sus actividades económicas particulares por medio de Jairo Romero y Asociados S.A.S. La cercanía de Alaccta y la ANDI vendría de tiempo atrás. Montes, en 2018, publicó una foto en su cuenta de Twitter en la cual está acompañado, entre otros, de Romero, Peralta y Socolovsky. El mensaje junto a la imagen reza: “Un gran honor haber participado en la reunión de #ALACCTA en Bogota (sic) con reputados científicos de la ciencia de los alimentos de America Latina (sic): México, Argentina, Costa Rica y Colombia #CONNACTA2018 (sic)”.
A pesar de eso, Romero dijo en la llamada con Vorágine que “en realidad la relación de Alaccta directamente con las industrias es muy poca y la participación de Alaccta en este debate ha sido motivada no por unas relaciones que pueda tener o no con la industria, que no las tiene casi ninguna, sino por un interés de defender la ciencia y la tecnología de alimentos”.
Hasta el pasado 13 de abril que la página web de ACTA funcionó había “conceptos técnicos” sobre iniciativas legislativas relacionadas con el etiquetado frontal. Sin embargo, en ninguno de esos comunicados advertían la financiación que reciben de empresas relacionadas con esos productos. “¿Por qué advertir algo que es totalmente abierto para el público?”, preguntó Peralta.
“Los conflictos de interés son apenas una expresión de lo que nosotros llamamos la captura corporativa de la producción de conocimiento, esto implica que actores industriales y sus grupos fachada, que vienen a ser casi lo mismo, generan alianzas con agremiaciones de profesionales de la salud o que están relacionados con sus temas de interés para posicionar sus temas”, explicó la nutricionista Niño.
“El gran problema es cuando yo voy a decir algo y no reconozco que tengo este conflicto de interés y no lo pongo en la mesa para que quien me está escuchando escuche con atento oído lo que yo estoy diciendo”, opinó Bravo, profesora universitaria en Bioética.
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Los alcances del discurso
Varias señales dan cuenta del impacto de ACTA y Alaccta en el debate sobre etiquetado frontal de advertencia. Martínez, la exsenadora que fue autora de uno de los proyectos de ley sobre el tema y que ahora es magistrada del Consejo Nacional Electoral, explicó la disposición del Congreso cuando se trata de escuchar a personas que van investidas de académicas. “Los científicos son como los técnicos, como los imparciales, los que de verdad le dan a uno argumentos desinteresados o interesados en la sociedad”, explicó.
Sobre el impacto que tiene la falta de claridad de esas personas en la democracia, Martínez complementó: “Yo creo que todo lo que no sea claro y transparente al momento de debatirse en el Congreso, ya sea como congresista, como gremio, en cualquier condición, pero más aún cuando se va investido de algo tan importante como es el ropaje científico, sí degrada la discusión, que es fundamental para que haya una democracia robusta”.
Los argumentos de Alaccta y de ACTA interfirieron en altos niveles de la deliberación sobre el tema. En una discusión sobre un proyecto de ley similar al de Martinez, en 2020, los entonces representantes a la Cámara por el Partido de la U Alfredo Deluque y José Eliécer Salazar hicieron una proposición que respaldaron con la Declaración de Montevideo, afirmando que el sistema de clasificación de alimentos NOVA (el cual creó el término “ultraprocesados”) “posee un bajo fundamento científico”.
“Los grupos fachada de la industria son muy buenos en confundir, siempre buscan confundir al consumidor y a la opinión pública”, señaló Niño. Y sobre el sistema NOVA de clasificación de alimentos explicó: “Hay cuatro niveles y el cuarto nivel, según el procesamiento, corresponde a los productos ultraprocesados que tienen unas características que se incluyeron en la reglamentación del etiquetado y que se asocian con mayor riesgo de obesidad y de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y cardiovasculares, que son un problema actual”.
La ANDI también buscó incidir en la discusión sobre el tema retomando los argumentos de Romero. El 30 de octubre de 2019 la organización gremial radicó ante la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes un documento de comentarios sobre el proyecto de ley que en ese momento cursaba al respecto. En este citaron a Romero criticando al sistema NOVA.
A esa incidencia se suma que ACTA ha tenido asiento en espacios públicos institucionales. El 12 de junio de 2006 el Invima expidió el Acuerdo 3. Por medio de ese documento, firmado por el viceministro de Salud de la época, Eduardo José Alvarado Santander, el gobierno de Álvaro Uribe cambió la composición de varias salas de esa entidad y le dio un caramelo a ACTA. Quedó estipulado que uno de los integrantes de la Sala Especializada de Alimentos y Bebidas Alcohólicas (SEAB) saldría de una terna presentada por ese grupo científico. En la práctica obtuvieron influencia pública institucional, porque entre las funciones de esa sala había asuntos referidos a normatividad, a proponer la actualización de normas sanitarias y a emitir conceptos sobre productos.
Solo hasta 2017 ese acuerdo fue derogado y empezó a regir uno en el cual ACTA perdió su poder para ternar a un funcionario. Sin embargo, en la sala actual sigue estando Marta Patricia Bahamón, quien, según su hoja de vida, es afiliada a ACTA y ha participado en varios eventos organizados por la asociación. Aunque su periodo se acabó en julio de 2019, sigue sesionando porque su reemplazo no ha sido nombrado. Según le informó el Invima a Vorágine, esa entidad está revisando las hojas de vida de los aspirantes a sucederla.
A ese poder se suma que durante el Gobierno de Iván Duque se suscribió un convenio especial de cooperación en el marco del cual ACTA recibió $540 millones de pesos del SENA. El objeto del contrato se relaciona con esta historia: “optimizar la gestión de las empresas de la industria de alimentos y de la cadena productiva a través de la formación y aumentar la competitividad de las organizaciones y diferenciación del sector”.
La influencia de ACTA también alcanza a las universidades por medio de lo que llaman “asociados institucionales”. Según la presentación de Peralta en el foro con la ANDI, entre estos se encuentran el departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Los Andes, la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad de Cartagena, entre otras instituciones de educación superior. Incluso, en el acta de la asamblea de 2020 se puede leer que hubo representantes de la Universidad de Córdoba, la Universidad del Quindío, la Jorge Tadeo Lozano, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la Universidad de La Salle y la Corporación Universitaria del Meta.
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Hacerles el quite a los sellos
A pesar de toda la oposición de la industria y sus aliados, la ley de etiquetado frontal por fin salió avante en 2021. Por eso, los productos comestibles ultraprocesados con exceso de sodio, grasas saturadas y azúcares añadidos deben tener unas señales de advertencia en sus empaques. Así, se suplió un pedido de la Organización Panamericana de la Salud de desincentivar el consumo de productos ultraprocesados con medidas como el etiquetado.
“El exceso de peso y los factores dietarios son un factor importante para el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, que actualmente tienen una gran contribución en la carga de morbimortalidad en Colombia, por ello es importante generar acciones que puedan contribuir a disminuir o a mitigar esta tendencia”, se lee en un documento del Ministerio de Salud de 2020. En Colombia, 7 de cada 10 muertes están asociadas a enfermedades crónicas no transmisibles, sobre las cuales tiene incidencia el consumo excesivo de ultraprocesados.
“El etiquetado es una manera mucho más rápida, más ilustrativa y más fácil de entender para que la población general comprenda una advertencia”, le explicó a Vorágine Janeth Mosquera Becerra, profesora de la escuela de Salud Pública y coordinadora de la maestría en Salud Pública de la Universidad del Valle.
Sin embargo, ahora hay nuevas preocupaciones. “Una de las cosas que nosotros estamos advirtiendo es que el comportamiento de la industria de productos comestibles es similar al de la industria tabacalera”, aseguró Mosquera.
Una pista sobre el camino que pueden tomar las industrias se encuentra en prensa internacional. El medio La Nación, de Paraguay, publicó un artículo en el que registró que la Asociación Paraguaya de Tecnólogos de Alimentos (Aspatal) dictaría un curso sobre reformulación. Es decir, cambiar la composición de los ultraprocesados sin que cambien sustancialmente su sabor. Aspatal hace parte de Alaccta y la fuente del artículo es la argentina Susana Socolovsky.
“La industria tabacalera, por ejemplo, sacó los cigarrillos electrónicos que pareciera que no tienen efectos tan negativos como el tabaco, pero tienen los mismos problemas. Es solo una reconversión que se hace para mantenerse en el mercado. Igual está pasando con la industria de productos comestibles: hay un proyecto de conciencia social, de conocimiento de sus impactos negativos en la salud pública, entonces lo que ellos hacen es mirar cómo salirse de esa presión que están recibiendo. Hay que ver hasta dónde llegan”, advirtió Mosquera.
“De acuerdo con las experiencias internacionales como lo que sucedió en Chile, en Argentina y en México, la industria sí o sí va a reformular para evitar la mayor cantidad de sellos posibles en sus productos”, explicó la nutricionista Niño. Lo que le preocupa a la experta es la forma como se vaya a hacer: “Sabemos que la industria va a reemplazar azúcar por edulcorantes que son un tipo de aditivo que se tiene que evitar en niñas, niños y adolescentes porque tiene unos efectos en salud y cerebrovasculares muy puntuales, pero también se asocian con otras enfermedades crónicas no transmisibles como el cáncer”.
“El punto es que hay que estar muy atentos sobre cómo van a bajarle a los nutrientes críticos y qué se les incorpora a los productos porque pueden ser saborizantes, aditivos u otros elementos químicos que también pueden tener efectos en la salud”, agregó Adriana Torres, coordinadora de la línea de justicia económica en DeJusticia.
Otro tema sobre el que Niño llamó la atención es el de los pasos que pueden dar los “grupos fachada”. Advirtió que pueden empezar a hacer pronunciamientos sobre una supuesta inefectividad de las medidas de salud pública. Sin embargo, con la claridad de que el músculo económico de la industria está detrás de ellos será más difícil hacer pasar por verdades irrebatibles sus puntos de vista endulzados con jugosas financiaciones de las corporaciones.
* Esta investigación fue financiada, en parte, por Vital Strategies. El contenido es editorialmente independiente y su propósito es arrojar una luz tanto sobre las prácticas ilegales o poco éticas de la industria de alimentos y bebidas, como sobre las poblaciones más vulnerables que, de manera desproporcionada, cargan con la peor parte de la crisis de salud global causada por el consumo de alimentos y bebidas no saludables. A menos de que se indique lo contrario, todas las declaraciones publicadas en esta historia, incluidas aquellas sobre legislación específica, reflejan las opiniones de las organizaciones particulares, y no las de Vital Strategies.