Tomado de EL TIEMPO

Cuando lo que se consume hace daño, tiene sentido imponer gravámenes para desalentar el consumo.

El precio siempre es un elemento de juicio en las decisiones de consumo. Incluso cuando se trata de productos de primera necesidad. Por lo mismo, los impuestos a cierto tipo de consumos son una herramienta para cambiar los hábitos. Claro, hay productos cuyo consumo se reduce muy poco cuando sube el precio, como los que generan adicción. Pero, en general, la demanda suele responder a los cambios en precios.

Cuando lo que se consume hace daño, tiene sentido que se impongan gravámenes para desalentar el consumo. Esto, no solo por la función del Estado de velar por el bienestar de la población, sino también porque el consumo de productos que hacen daño, como la nicotina y el humo, el alcohol, el azúcar, la grasa y la sal, se traduce en enfermedad y costos para los sistemas de salud que podrían evitarse y que, si no se evitan, alguien tiene que pagar.

El reto es pensar bien estos impuestos. En el extremo, un impuesto tan alto que imposibilite por completo el consumo de lo que queremos comprar equivale a la prohibición y, como la prohibición, se traduce en mercados negros e ilegalidad (vean lo que está pasando en Colombia con la mostaza). También es una intromisión excesiva en los procesos individuales de decisión, cuando lo que haría falta es pedagogía. Los hábitos de consumo se construyen desde la infancia, con variedad de grados de ignorancia sobre lo que nos hace bien o mal consumir. Piensen, por ejemplo, en el lugar que ocupan los alimentos procesados en la alimentación de las familias, en la cantidad de azúcar añadido que puede tener el vasito de yogur que es un elemento frecuente en la alimentación de un niño.

Yo no creo que se trate de eliminar por completo el consumo de todo lo que pueda hacernos daño –algunas de estas cosas, como la sal, son irremplazables y parte de la alegría de cualquiera que disfrute una buena comida–. Al diseñar las intervenciones de los gobiernos en estos mercados, hay que recordar que lo riesgoso suele ser el consumo excesivo y no el consumo moderado de algunas sustancias. En la mayoría de los casos el objetivo correcto es la moderación del consumo y no su eliminación completa. Y el punto de partida son la entrega de buena información y la pedagogía. Por esto, etiquetar los alimentos, las bebidas y otros productos de consumo para dar una señal al comprador sobre los contenidos del elemento que hace daño siempre es una buena política. Lo que importa no es que algo contenga alcohol, sal, azúcar o grasa, sino cuánto contiene la porción que consumimos y si, por ese contenido, el producto entra en el rango de los que ponen en riesgo nuestra salud.

Un impuesto saludable bien diseñado debe gravar el contenido del elemento nocivo. Por ejemplo, el contenido de alcohol por mililitro, o el contenido de grasa, sal o azúcar por gramo. Así, los productos con mayores contenidos de aquello cuyo consumo se quiere reducir se encarecen más que aquellos que los contienen en moderación. Los gravámenes que no varían con los contenidos, o los que recaen sobre una marca de un producto, pero no otras, o sobre el producto importado y no sobre el que se produce localmente, son, por lo mismo, impuestos que fallan en su propósito.

Sobre los productores recae una parte grande de la responsabilidad, lo mismo que en el tránsito hacia hábitos de consumo que mitiguen el cambio climático

Los impuestos saludables bien pensados deben ser también un estímulo para que los productores adapten su oferta. Al final, sobre los productores recae una parte grande de la responsabilidad, lo mismo que en el tránsito hacia hábitos de consumo que mitiguen el cambio climático. En otras partes del mundo se empieza a ver masivamente un tránsito a empaques reciclables que es resultado de campañas de información e impuestos. Y ya se sabe que la llegada a los mercados internacionales va a depender cada vez más de la capacidad de entrar en la onda del consumo saludable y amigable con el medioambiente. El lobby del sector empresarial en la región para demorar la llegada generalizada de este tipo de políticas es un tiro en el pie.

MARCELA MELÉNDEZ