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Impuestos saludables: ¿la quinta será la vencida?

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Por: Laila Abu Shihab Vergara / FOTO FREEPIK

Si la financiación de campañas para llegar al Congreso fuera una competencia, el primer puesto de los partidos más endulzados y aceitados por parte de la industria de bebidas azucaradas y comestibles ultraprocesados sería para Cambio Radical.

De los 29 representantes a la Cámara y senadores que ese partido tendrá en el Congreso entre 2002 y 2006, 17 recibieron dinero de empresas como Bavaria y Postobón y de ingenios como Manuelita, Pichichi, Mayagüez y Ríopaila Castilla. El 58 por ciento. Un trofeo gigantesco, si se tiene en cuenta que esas compañías defienden millonarios intereses que estarán en juego en algunos de los proyectos de ley más importantes que se tramitarán durante los próximos cuatro años.

El primero de esos proyectos, justamente, puede definir su suerte esta semana al llegar a las plenarias de ambas cámaras. Se trata de una reforma tributaria que comenzó siendo muy ambiciosa pero ha venido moderando sus expectativas e incluso ha disminuido el recaudo inicial que pretendía, por las presiones recibidas tanto dentro como fuera del Congreso.

En el título V de ese proyecto de ley, de 48 páginas, aparecen dos impuestos que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha llamado “saludables”: uno al consumo de bebidas ultraprocesadas azucaradas y otro al consumo de productos comestibles ultraprocesados y con alto contenido de azúcares añadidos.

La industria de la que dependen ambas cosas aportó casi 1.960 millones de pesos para financiar campañas específicas de Cambio Radical, sin contar los recursos que aportó al partido y que no aparecen discriminados en los reportes públicos de transparencia.

En la Cámara, esa industria financió a los representantes que Cambio Radical sacó en Arauca, Atlántico, Antioquia, Bogotá, Cauca, Cundinamarca, Guanía, Huila y Norte de Santander, con donaciones que suman casi 730 millones de pesos. Y en el Senado, giró más de 1.225 millones para que el mismo partido asegurara 9 de 11 curules, comenzando por la de su cabeza de lista, David Luna Sánchez.

Aunque en Colombia cualquier candidato tiene derecho a recibir donaciones de personas naturales y jurídicas para financiar su campaña electoral, todavía hay vacíos legales frente a la relación de esos aportes con los potenciales conflictos de interés e impedimentos que los congresistas deben o no tramitar en el momento de debatir y votar alguna iniciativa legislativa. Un tema para nada menor en este momento, con un gobierno de izquierda que quiso jugársela por una reforma que ponga fin a los privilegios y exenciones tributarias de poderosos sectores que durante décadas han dejado de pagar impuestos o están gravados con cifras irrisorias, si se compara con el tamaño de los negocios que realizan.

¿Qué tan independientes serán los congresistas financiados por Postobón o el ingenio Manuelita en el momento de votar un proyecto de ley que busque gravar la venta de las gaseosas y los jugos que se venden como de fruta natural, pero son más azúcar añadido que cualquier otra cosa? ¿Pensarán en el bien colectivo, que se supone es la razón por la que fueron elegidos? ¿Legislarán sin tener en cuenta el impacto colectivo de sus decisiones?

La historia se recicla. Hace cuatro años, tras las elecciones legislativas, se publicaron algunos informes periodísticos con la lista de los políticos que recibieron aportes de la industria de la comida chatarra para financiar sus campañas. El debate sobre el tema volvió a la agenda pública por unos días.

Poco se habla, sin embargo, de la incidencia real y directa que esos aportes tienen en la construcción de las leyes que regulan a esas industrias. Y menos aún se habla de cómo ello representa una captura corporativa del Estado.

Cuando el río suena… 

El premio mayor de la competencia 2022-2026 en el Senado se lo lleva un avezado político de derecha, cuya meteórica carrera lo ha llevado, en poco más de 20 años, de edil de Chapinero a concejal, viceministro de Relaciones Laborales, Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alto Consejero Presidencial para las Regiones, representante a la Cámara y senador. David Andrés Luna Sánchez se posesionó en el Senado el pasado 20 de julio, con promesas en el campo de la seguridad, el trabajo, la tecnología, el emprendimiento, el medio ambiente y la economía circular. Lo hizo tras obtener la votación más alta de su partido: 112.329 votos.

Luna ha desplegado una audaz estrategia de comunicaciones para informar sobre sus logros en el Senado, la oposición que representa y los temas que más le interesan. Lo hace a través de mensajes de WhatsApp y de redes sociales, en los que prácticamente todos los días envía videos  y comunicados de prensa sobre su trabajo. Es de los que mejor se mueven en ese sentido.

Pero hay un tema en el que no ha sido tan comunicativo: los principales financiadores de su campaña y de su partido. 

Su campaña al Senado costó 938 millones de pesos (la tercera más cara, superada solo por dos del Centro Democrático: Miguel Uribe Turbay, de 1.066 millones, y María Fernanda Cabal, que gastó 1.208 millones), de los cuales 248 fueron aportados por la industria relacionada de alguna manera con la llamada comida chatarra: el 26,4 %. 

Postobón le donó 90 millones de pesos. Bavaria, 81 millones. Los ingenios Pichichi y Manuelita, 18 millones cada uno. La compañía de servicios comerciales Atencom S.A.S., creada en 2013 por Coca-Cola Femsa para comercializar directamente el portafolio de sus productos, le giró un cheque de 27 millones. Y la empresa JGB S.A., que está detrás del famoso tarrito rojo de Kola Granulada, le entregó 14,2 millones.

Todas esas compañías representan o defienden los intereses de un sector sobre el cual el senador deberá tomar decisiones centrales.

Solo un día después de la posesión de Petro como presidente, el Gobierno radicó en el Congreso su propuesta de reforma tributaria, en la que se incluye el apartado de “Impuestos Saludables” que se ha ido modificando desde el primer borrador, pero con el que Colombia se sumaría por fin a un grupo de 73 países que, con su implementación, han visto una reducción de las tasas de obesidad y sobrepeso, y un ahorro gigantesco para el Estado, sin que eso afecte el empleo.  

Un par de días más tarde, Luna aseguró públicamente que la iniciativa se lanzó “sin consulta a los sectores productivos, trabajadores, sindicatos, y mucho menos a los sectores políticos” y también dijo que sus “afectaciones para los ciudadanos de a pie son gravísimas”. Un argumento muy utilizado por los enemigos de los nuevos impuestos.

—De acuerdo con los reportes públicos de financiación de campañas usted es el senador que más aportes recibió de la industria de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas en las pasadas elecciones legislativas: casi 250 millones de pesos. ¿Cree que eso le genera algún conflicto de interés? —le preguntamos al senador para escribir este texto.

—Quien hizo los reportes en los que usted basa su pregunta fui directamente yo, en aras de la transparencia y del principio de publicidad que exige la Constitución y la Ley. Las donaciones que recibí fueron de particulares que desarrollan sus actividades en la legalidad, lo cual he reportado en el aplicativo Cuentas claras. Por esa razón, en las sesiones en que se discutan artículos referentes a este tema en particular, y en cualquier otro tema relacionado con un sector del que haya recibido donaciones para mi campaña, presentaré los respectivos impedimentos de conflictos de interés. Será la misma Plenaria o la Comisión, según corresponda, la que decida si los impedimentos se aprueban o no. La reforma solo ha sido aprobada hasta el momento en Comisiones Económicas y yo no hago parte de ninguna de ellas —fue su respuesta antes de llegar a las plenarias.

No es la primera vez que hay evidentes conflictos de interés detrás de su trabajo. Como ministro de las TIC, Luna Sánchez fue fundamental para la consolidación de empresas como Rappi y Uber, y tuvo que liderar la definición de las escasas reglas de juego, la escasa vigilancia y el escaso control sobre esas y otras plataformas. Lo curioso es que solo un año después de renunciar al cargo, en 2019, fue uno de los fundadores y el primer presidente de Alianza In, el gremio que protege a las aplicaciones digitales en Colombia. Y ahora, desde el Senado, muy probablemente tendrá que legislar sobre ese tema.

Declararse impedidos es lo mínimo que deberían hacer los congresistas financiados por cualquier industria sobre la cual tengan que tomar decisiones, de acuerdo con una sentencia de la Corte Constitucional emitida hace un año, en respuesta a una acción pública de inconstitucionalidad presentada por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa.

Sí, durante mucho tiempo los congresistas no tuvieron que declarar conflictos de interés o impedimentos, salvo cuando la financiación a sus campañas les generaba un “beneficio particular, actual y directo”. Los criterios para evaluar si el beneficio recibido pertenecía a alguna de esas tres categorías eran bastante laxos, por decir lo menos. 

Sobre lo que aún no hay consenso es si ese impedimento debe producirse solo en el momento de votar o también durante las discusiones de cada tema, en comisiones y plenarias.

Según Diana Guarnizo, abogada especializada en los derechos de las mujeres y los derechos a la salud y la alimentación, y directora del área de Justicia Económica de DeJusticia, en un mundo ideal los congresistas tampoco deberían participar en los debates pero, mientras llegamos a ese momento perfecto, al menos deberían declarar públicamente que recibieron financiación de X o Y empresa antes de iniciar sus intervenciones y emitir un concepto. De esa manera, sus colegas tendrían herramientas adicionales para “valorar con sospecha” lo que digan.

De todas maneras, para la abogada el hecho de declarar el conflicto no significa que este deje de existir, solo “crea una especia de bandera o de alerta para los demás congresistas”. Entre otras cosas porque aquí son los mismos congresistas los que aprueban o rechazan los impedimentos.


Los conflictos de interés “son una mamadera de gallo en el Congreso, porque el congresista presenta el impedimento, se somete a votación y usualmente, en el 99% de los casos, los niegan, entonces el congresista vuelve y entra y participa en el debate” y después vota el proyecto, le dijo un exasesor de congresista a la Liga Contra el Silencio, una alianza que reúne a 17 medios de comunicación en Colombia.

Un partido muy dulce        

Luna Sánchez no es el único congresista que financió una parte importante de su campaña con generosos aportes de la industria de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas.

De los 11 senadores que Cambio Radical aseguró en este periodo, 9 están endulzados y aceitados por compañías relacionadas con esos sectores: David Luna, Antonio Luis Zabaraín Guevara, Carlos Abraham Jiménez López, Édgar de Jesús Contreras, Carlos Mario Farelo Daza, Jorge Enrique Benedetti Martelo, Ana María Castañeda Gómez, Didier Lobo Chinchilla y Carlos Fernando Motoa Solarte. En total, la industria aportó 1.225 millones para los senadores del partido a través de Postobón, Bavaria, los ingenios Magagüez, Pichichi, Manuelita y Riopaila, Atencom S.A.S., Castilla Agrícola (cultivo de caña de azúcar) y Valorem SA, el holding financiero de la familia Santo Domingo.

Y las cifras pueden ser mucho mayores, pues aquí no se tienen en cuenta los aportes hechos por esas y otras empresas directamente al partido, que en el aplicativo de Cuentas Claras quedan registrados como donaciones o préstamos de Cambio Radical a cada candidato, sin especificar de dónde proviene el dinero. Y tampoco se tienen en cuenta los aportes que se hacen por debajo de la mesa, que no se pueden comprobar pero se sabe que existen.

Tomemos nada más el caso de Carlos Fernando Motoa Solarte. En total, este abogado vallecaucano recibió 195 millones de pesos de la industria para financiar la campaña con la que llegó al Senado en 2022. Además de cuatro ingenios (Riopaila Castilla, con 10 millones; Pichichi, con 18 millones; Manuelita, con 40 millones, y Mayagüez, con 45 millones), figuran como aportantes Bavaria (45 millones), Postobón (35 millones) y Castilla Agrícola (1,6 millones).

En 2026 Motoa Solarte completará 16 años en el Congreso, varios de los cuales han sido utilizados por el político para rechazar abiertamente un impuesto a las bebidas azucaradas, con el argumento de que impactaría negativamente a los tenderos de barrio y destruiría miles de empleos.

En 2018, Motoa recibió 90 millones de Postobón, 21,6 millones de Mayagüez y 18 millones del ingenio Manuelita para financiar su campaña y, cuando el debate volvió al Congreso, salió con esto: “La decisión afectaría la generación de empleo, la industria nacional, afecta a los más de 550 mil tenderos que hay en el país, cuyas ventas en un 33% ventas están ligadas a las bebidas”.

En cuanto a la Cámara de Representantes, solo entre Bavaria y Postobón los representantes de Cambio Radical recibieron casi 730 millones de pesos.

Ambas empresas le donaron a Néstor Leonardo Rico Rico, representante por Cundinamarca,162 millones de pesos; a Jairo Humberto Cristo Correa, de Norte de Santander, 126 millones; a Adriana Carolina Arbeláez, representante por Bogotá, 115 millones, y a Carlos Alberto Cuenca Chaux, de Guainía, 100 millones. Luego aparecen en la lista dos representantes del Huila que solo recibieron donaciones de Bavaria, Víctor Andrés Tovar Trujillo y Julio César Triana Quintero, cada uno por 45 millones de pesos. Y dos más que llegaron a través de coaliciones: Mauricio Parodi Díaz, de Antioquia, que recibió 45 millones de Bavaria y 45 millones de Postobón y llegó avalado por Cambio Radical, MIRA y Colombia Justa Libres. Y Óscar Rodrigo Campo Hurtado, del Cauca, que recibió 45 millones de Postobón y estuvo avalado por Cambio Radical y MIRA.

En esa lista hay varios detalles que han pasado relativamente desapercibidos.

Como que Parodi Díaz, aliado político de Óscar Suárez Mira, excongresista antioqueño del Partido Conservador condenado por la Corte Suprema por enriquecimiento ilícito, presentó una declaración de conflictos de interés que dice “PENDIENTE”.

O que Cristo Correa haya llegado al Congreso en 2018 gracias a la maquinaria que el exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo, condenado a 27 años de prisión por ser el autor intelectual de un homicidio perpetrado por los paramilitares, mueve desde la cárcel La Picota.

O que Cuenca Chaux, el barón político del Guainía que llegó en 2008 a la Cámara de Representantes, sea uno de los congresistas más poderosos y escuchados de la comisión tercera o de Hacienda y Crédito Público, que es la que mueve más dinero y en donde se tramitan los primeros borradores de todas las reformas tributarias.

Con esa información, resulta prácticamente inevitable trazar un vínculo. En el borrador de la iniciativa presentada por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, los productos ultraprocesados (como las chocolatinas, las galletas, los embutidos, las papas y los chicharrones de paquete) tendrían un gravamen del 10% sobre el precio de venta al público, y las bebidas azucaradas entrarían a pagar un impuesto adicional de $18 a partir de 6 gramos por cada 100 mililitros y de $35 por cada 8 gramos de azúcar. Esto incluye a los néctares de fruta, las bebidas a base de fruta en cualquier concentración, las mezclas en polvo, las bebidas energizantes y saborizadas, las gaseosas y las bebidas a base de malta. No incluye, eso sí, las bebidas endulzadas con edulcorantes.

Cambio Radical fue el primer partido que se opuso al proyecto. Lo hizo el miércoles 24 de agosto. En el séptimo de los diez puntos de la contrapropuesta a la reforma, enviada por esa agrupación política al ministro de Hacienda, se lee claramente: “No a los impuestos saludables”.

“Como bancada del partido hemos tomado la firme decisión de votar en contra de la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro. Esta reforma no es social ni equitativa como lo prometió el presidente en campaña y golpea fuertemente el bolsillo de los colombianos”, aseguró entonces el senador Luna.

Chocolate, gaseosa y papitas para el Centro Democrático

Si por Cambio Radical llueve, por el Centro Democrático no escampa. La industria de comestibles ultraprocesados y bebidas azucaradas le donó al menos 825 millones de pesos a varios de sus candidatos, según lo reportado públicamente por ellos.

Y no. Aquí lo más predecible no es cierto. La más endulzada de ese partido no es María Fernanda Cabal —aunque también recibe—. Son el representante a la Cámara Christian Munir Garcés Aljure y la senadora Paloma Valencia.

Garcés Aljure es, de hecho, el congresista que más dinero recibió de esa industria, con un total de 316 millones de pesos (incluidos 80 millones de Valorem, 70 de JGB, 46 de Riopaila Castilla, 40 de Pichichi y 40 de Manuelita).

Cuando le pedimos que nos explicara de qué manera esa financiación puede sesgar sus decisiones en el Congreso encontramos una contradicción, pues dice estar de acuerdo en que las bebidas azucaradas “pueden llegar a afectar la salud”, pero afirma que los impuestos a estos productos “distan mucho de resolver la problemática existente”.

Para el político vallecaucano, “el camino para tener una sociedad más saludable” no son los impuestos sino “la educación, el acceso a la información y la libertad de elección, no la reducción del poder adquisitivo de la ciudadanía por la vía del Estado y los tributos”. Garcés califica estos impuestos de “regresivos” y asegura que, como las bebidas azucaradas “son un producto recurrente en las compras de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y el producto bandera de miles de pequeños tenderos en Colombia”, van a ser ellos los más afectados con la medida.

Los argumentos de los enemigos de los impuestos se repiten.

Según Cuentas Claras, Paloma Valencia, la congresista más leal al expresidente Álvaro Uribe, recibió más de 235 millones de empresas relacionadas de alguna manera con la cadena de producción, distribución o comercialización de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas. Solamente para su campaña de 2022, los ingenios Riopaila Castilla y Manuelita le donaron 97,4 millones. Colombina, dueña de marcas como Bon Bon Bum, Choco Break y Nucita, además de las salsas La Constancia y de distribuir en Colombia el atún Van Camps, le entregó 60 millones. La empresa JGB, que fabrica y vende la famosa Kola Granuluada, le donó 39,4 millones. Nicea S.A.S., que hace parte del grupo Alquería, le dio 30 millones. Y una compañía dedicada al cultivo de palma de aceite llamada Palmeras Carabobo le giró un cheque por 9 millones.

Valencia bautizó al proyecto como “la reforma del salchichón” y en un video de un minuto y nueve segundos, que en septiembre se movió bastante bien en sus redes sociales, mezcló las peras con las manzanas y metió en un mismo costal los impuestos a las bebidas azucaradas, al plástico de un solo uso y a los comestibles ultraprocesados, entre otros, para sacar una conclusión que le ha dado no pocos réditos: “todos esos impuestos terminan convertidos en aumentos de precio que pagamos todos los colombianos”.

Confundida, sin sustento científico y entregando información imprecisa, la senadora asegura en el video que gracias a la reforma “el salchichón dejará de ser un producto con materiales de carne y materiales naturales y terminará siendo un producto sintético”. Y dice que la reforma no servirá para que la gente deje de consumir comida ultraprocesada “porque la comida saludable es muchísimo más cara y aquí no le están generando ningún subsidio”.

Unos días después, la congresista apareció entrevistando a un tendero que se preguntó qué pasaría con su clientela, de estratos 1, 2 y 3, que siempre come salchichón con gaseosa. “Imagínense una cosa: le van a subir el precio a los alimentos ultraprocesados y a las cosas que tienen azúcar, y yo les quiero mostrar qué hay en una tienda para que ustedes miren: gaseosas, todo este tipo de paquetes y dulces y cositas que van saliendo. Todo esto es lo que queda más caro, díganme, ¿quién lo va a dejar de comprar y qué les va a pasar a los tenderos?”.

Los argumentos de los enemigos de los impuestos se repiten.

En el ranking de los más endulzados y aceitados por la industria en el Centro Democrático siguen el senador Miguel Uribe Turbay, que entre el holding de la familia Santo Domingo (Valorem) y Nicea S.A.S. recibió 80 millones, y la senadora María Fernanda Cabal Molina, que viene de una de las familias más tradicionales y ricas del Valle del Cauca, propietaria durante casi un siglo del ingenio azucarero Pichichi.

Uribe Turbay dice que los impuestos son saludables pero “entre comillas” y asegura que no harán más sino aumentar la pobreza y el desempleo. Basado en eso, presentó ponencia negativa a la reforma a principios de octubre y pidió archivar el proyecto.

Cabal, que el medio digital La Silla Vacía llamó “la mal portada de la derecha” en un amplio perfil que publicó sobre ella en agosto, y que tuvo la campaña más cara de todas las del Congreso (1.208 millones de pesos), reportó aportes de la industria cercanos a los 80 millones de pesos, provenientes de ingenios como Castilla Agrícola, Balsilla y Riopaila, y de compañías como JGB y Elitenut, entre otras. Hay que recordar que fue accionista de Riopaila Castilla, productora de caña de azúcar que además está acusada de haber participado, presuntamente, en la adquisición y concentración de más de 41 mil hectáreas de baldíos en el Vichada.

La senadora del Centro Democrático ha querido jugar un papel central en la oposición a los impuestos saludables de la reforma tributaria y en agosto se atrevió, incluso, a comparar el proyecto de legalización del cannabis con el impuesto a las bebidas azucaradas, para calificar ambas cosas de “lógica izquierdópata”.

“¿Será menos grave ser drogadicto que comer azúcar?”, se preguntó Cabal en Twitter. “Estos que se hacen llamar ‘el cambio’ dicen que consumir chitos, chicharrón, mortadela, obleas, salchichón y gaseosa es muy peligroso para la salud, pero la marihuana recreativa y la coca hay que despenalizarla. ¿Será que eso sí es muy bueno?”.

Otros congresistas del Centro Democrático endulzados y aceitados son los senadores José Alirio Barrera, quien recibió 50 millones de Valorem, y Ciro Ramírez, a quien Riopaila le giró 8,2 millones de pesos. Y los representantes Andrés Forero, por Bogotá, y Óscar Darío Pérez Pineda, por Antioquia.

Forero, que recibió 15,2 millones de Riopaila Castilla, asegura que no había pensado que recibir ese dinero pudiera generar un conflicto de interés pues esa empresa no está directamente relacionada con ninguno de los dos impuestos. “Ateniéndome a la literalidad de la ley consideraba que en este caso puntual no debía declararme impedido, tal vez sí, si hubiera un impuesto específico a la producción del azúcar. Y en todo caso, debo decir con franqueza que ellos no me han manifestado sus preocupaciones, no me han llamado en ningún momento a decirme nada. Un día decidieron donarnos esos recursos y quedaron debidamente reportados”.

El mismo 8 de agosto en que el Gobierno radicó el texto, Forero usó la misma idea de decir que los impuestos saludables van a volver más pobres a los pobres. “En campaña, Gustavo Petro dijo que su reforma tributaria solo iba a tocar el bolsillo de las 4.000 personas más ricas del país, sin embargo, ahora que conocemos el texto vemos que le está poniendo un impuesto del 10% a los salchichones, a las salchichas, a las mortadelas, a los jamones, a los helados, a las tortas, afectando el bolsillo de las clases populares”, dijo en un video.

“Comulgo con las intenciones del Gobierno para mejorar los hábitos alimenticios, pero este no es el mecanismo más idóneo para lograrlo, los patrones de consumo suelen concentrarse en las personas con menores ingresos y si tú clavas el impuesto y no hiciste una pedagogía o concientización previa, básicamente se van a mantener esos patrones y la gente va a quedar más empobrecida”, nos dijo a nosotros.

Pero el caso tal vez más claro de la forma en que, consciente o inconscientemente, senadores y representantes le hacen favores a los intereses de la industria que los financia, es el de Óscar Darío Pérez. Este barón electoral de Antioquia, atornillado en el Congreso desde 1998, con solo un periodo de descanso (2010-2014), en esta última campaña recibió 40 millones de pesos de Valorem, el holding financiero de la familia Santo Domingo.

Cuando lo llamamos para preguntarle por su posición sobre los impuestos saludables y los conflictos de interés en que podía incurrir, aseguró que no presentará impedimento alguno porque no le parece que Bavaria tenga que ver con esos tributos.

—Pues vea, lo primero es que Valorem me dio a través del partido, lo segundo es que Bavaria es de SAB Miller, que es una multinacional, y lo otro es que no sé qué tenga que ver Bavaria con bebidas azucaradas. No sé. La verdad yo no tengo idea.

—Es el productor de la bebida de malta más consumida en Colombia, representante.

—Pues vea, me puse a mirar qué empresa de alimentos ultraprocesados me ha dado para mi campaña, y ninguna. Y bebidas azucaradas no me dio directamente a mi, sino al partido. Y además yo presenté debidamente mi impedimento y este impedimento fue negado por la comisión tercera.

Pérez es el mismo congresista que, como lo reveló el medio digital e independiente Vorágine, citó un estudio inexistente, aparentemente realizado por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, para sustentar su rechazo a la idea de gravar las gaseosas y las bebidas ultraprocesadas en la discusión de la reforma tributaria de septiembre de 2021.

—¿Cuál es su posición esta vez sobre los impuestos saludables?

—Mire, yo no suelo responder con mis posiciones frente a puntos específicos de la reforma, sino más bien sobre sus generalidades. Como medida para cambiar los hábitos alimenticios me parece válida aunque eso de alimentos ultraprocesados yo no sé quién se lo inventó, son alimentos procesados, esa es una definición muy ambigua. Lo que sí creo es que el gobierno debería darle un tiempo tanto a la industria como a los consumidores para que vayan elaborando unos productos que no sean tan agresivos con la salud pública. Además, en algunos países que han adoptado estas medidas se dice que no han disminuido la obesidad ni las enfermedades asociadas a la ingesta de estos productos y lo que ha aumentado es el recaudo tributario, pero el Gobierno nacional dice que esto es por salud pública, no por recaudo. Y las  tarifas me parecen altas, sobre todo para la población más pobre, que es la que más consume esos productos. En conclusión, no me he opuesto ni me voy a oponer a esos impuestos, si es es la respuesta que usted quiere.

—No se trata de la que yo quiera representante, se trata de la que usted considere correcta.

Argumentos sin piso

Las ideas que exponen los congresistas enemigos de estos tributos y que, coincidencialmente, están financiados por las industrias que producen, comercializan y/o distribuyen productos ultraprocesados, han sido ampliamente rebatidas durante años por organizaciones y expertos de distintos países.

Los argumentos que se repiten una y otra vez en políticos como David Luna, Paloma Valencia, Christian Garcés, Miguel Turbay u Óscar Darío Pérez son que esos impuestos tienen efectos negativos directos sobre el bolsillo de los más vulnerables, que no disminuyen el consumo y, por ende, no tienen ningún incidencia en las cifras de sobrepeso y obesidad, alarmantes en Colombia durante las últimas dos décadas.

Solo entre 2005 y 2015, las tasas de ambos males en los niños y niñas de 5 a 12 años pasaron del 4,3% al 24%, según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN). Por su parte, la Encuesta Nacional de Salud Escolar (ENSE) determinó en 2018 que el 74% de los estudiantes de colegio consumen bebidas azucaradas, el 82,4% consume productos de paquete, y el 58,5% consume comidas rápidas por lo menos una vez a la semana. Eso se debe, dicen quienes han estudiado el asunto, al sabor de los comestibles ultraprocesados, a su bajo precio, a que los consumidores tienen muy poca información sobre la composición de los productos y a su publicidad y disponibilidad en el mercado.

Mirémonos en el espejo de México, por ejemplo. El país que más gaseosas consume en el mundo y el quinto con mayores tasas de obesidad implementó un impuesto a las bebidas azucaradas en 2014 y, desde entonces, allí se ha reducido entre un 6% y un 9% su consumo y además ha aumentado la compra de bebidas no incluidas en el tributo, como el agua.

Esto es importante porque está comprobado que el consumo en exceso de estas bebidas es uno de los factores desencadenantes de enfermedades crónicas como la diabetes, y Latinoamérica tiene más del doble de adultos obesos que el resto del mundo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre 1980 y 2014 el mundo pasó de tener 108 a 422 millones de personas diabéticas y, solo en las Américas, un total de 62 millones de adultos vivían en 2014 con diabetes tipo 2 (que representa la mayoría de los casos y se debe al sobrepeso y el sedentarismo). Si no hacemos algo pronto, la OMS estima que en 2040 habrá más de 100 millones de adultos con diabetes tipo 2 en Latinoamérica.

En Colombia hay diagnosticadas 1,3 millones de personas con diabetes, según el Ministerio de Salud, aunque el subregistro podría casi duplicar ese número. Y el tratamiento de los pacientes que tienen diabetes atribuible a la obesidad y el consumo en exceso de bebidas azucaradas le cuesta al sistema de salud unos 740.000 millones de pesos cada año.

En ese sentido, una investigación citada por DeJusticia asegura que en Brasil el aumento del 10% en el precio de estas bebidas redujo el consumo en la misma cantidad (10%) en las personas más pobres, mientras que en el resto de la población la reducción fue del 6,3%.

Incluso cuando el argumento es favor de los dueños de las tiendas de barrio y de las multinacionales que producen las bebidas o comestibles ultraprocesados, la economista Martha Sandoval, miembro de la Asociación Colombiana de Salud Pública y asesora a RedPapaz, insiste en que no hay cifras que demuestren que salen perdiendo. Los estudios prueban que los tenderos reencausan su oferta para no quebrarse y comienzan a vender más botellas de agua porque la gente empieza a demandarlas. Sin mencionar que los ingresos de empresas como Postobón y Coca Cola no se ven reducidos porque venden gaseosas pero también embotellan y venden agua.

El caso de Berkeley es emblemático en ese sentido. Esa ciudad del estado de California fue la primera en Estados Unidos en aprobar un impuesto a las bebidas azucaradas, en 2014. Solo un año después, las ventas de bebidas azucaradas habían disminuido 9,6% y las ventas de agua aumentaron un 15,6%.

“Este impuesto es una medida costo/efectiva muy alta. Su implementación no presenta mayores costos en términos de política pública y sus resultados se ven en el corto, mediano y largo plazo. Hay estudios para varios países que han demostrado que aumentando el valor de estos productos en al menos 20 por ciento se influye en un descenso en su consumo de incluso el 32 por ciento. El impuesto es efectivo porque el consumo de estas bebidas que hacen los hogares es sensible al cambio de los precios. Si usted sube los precios, la gente deja de consumirlos. Está más que comprobado”, le dijo la economista Sandoval a Vorágine para una serie de reportajes sobre el tema.

El problema, según la experta, es que aunque es de aplaudir que la iniciativa de gravar el consumo de bebidas azucaradas y comestibles ultraprocesados venga directamente del Gobierno, por las modificaciones que ha sufrido el proyecto, la medida ya no tendría el impacto deseado en la reducción del consumo.

Por ejemplo, en el borrador inicial el Gobierno propuso comenzar a gravar a las gaseosas, refrescos, néctares, jugos industrializados, bebidas energizantes, aguas saborizadas, bebidas con té y bebidas para deportistas (todas con muy bajo o nulo aporte nutricional) solo a partir de 4 gramos de azúcar por cada 100 mililitros, pero tras reunirse con los gremios el ministro Ocampo cedió y dijo que funcionaría a partir de 6 gramos, al menos hasta 2025. Esto salvaría de pagar el impuesto a las compañías detrás de bebidas tan populares como Naranja Postobón y Mr. Tea, entre otras.

Captura corporativa del Estado

Una investigación liderada por la economista Diana Guarnizo, que compara todos los tipos de interferencia de las industrias en las políticas públicas de salud relacionadas con el tabaco, el alcohol y los productos ultraprocesados, arroja que en esos tres casos los métodos parecen calcados y que la financiación de campañas es de los más directos y clásicos, solo superado por uno prácticamente imposible de rastrear: que las empresas les den dinero a miembros del Gobierno para que impulsen o frenen algo y a los congresistas para que voten como les conviene.

El manual de esas tres industrias también se compone de tácticas que incluyen el lobby; el financiamiento de investigaciones y estudios científicos, que terminan siendo favorables a la industria que permitió que fueran posibles; el fenómeno de las puertas giratorias, por el que funcionarios públicos van y vienen del sector privado y viceversa, sin los debidos periodos de enfriamiento; y la influencia en el manejo de la información y las redes de comunicación, a través de campañas de responsabilidad social corporativa o de mensajes de alarma económica y social, como instalar la idea falsa de que Coca Cola amenaza con irse del país, por solo tomar un ejemplo.

“No es que una sola de esas prácticas, en concreto, cambie algo, es que todas sumadas sí pueden influir en las políticas públicas”, afirma Guarnizo. El problema es el desequilibrio entre los recursos de la sociedad civil y los que la industria tiene a la mano para proteger sus intereses. “Lo ideal es que se den esas discusiones entre distintas posiciones, en una democracia las ideas deben contradecirse, pero acá eso está desbalanceado porque mientras la industria está muy organizada y dedica miles de millones de dólares a la publicidad, más incluso de los que invierte en ingredientes para sus bebidas como agua y azúcar, la sociedad civil tiene movimientos desfinanciados, desmoralizados y, a veces, hasta tardíos”.

Y luego está el rol del Ministerio del Salud, que durante la presidencia de Juan Manuel Santos se quedó solo en el momento de dar la pelea por el impuesto a las bebidas azucaradas, y que con Duque nunca se puso a favor de la salud pública y protegió a la industria. “El rol del Gobierno no es dirimir entre lo público y lo privado, es proteger lo público. Entonces, sin un Ministerio fuerte, y con una sociedad civil sin apoyo, deslegitimada y dispersa, la industria tiene todas las de ganar”, explica Guarnizo cuando comenta lo que pasó hace seis años en Colombia.

La primera vez que se presentó una propuesta para gravar a las bebidas azucaradas fue con Alejandro Gaviria, el entonces ministro de Salud de Santos, para quien los tributos “son de los únicos instrumentos que tenemos disponibles en el mundo para cambiar comportamientos en un aspecto tan importante”. Pedía un impuesto del 24% y lo apoyaban organizaciones de la sociedad civil, pero la iniciativa ni siquiera llegó formalmente al Congreso porque la industria -representada principalmente por la Andi, Fenalco, Asocaña, Postobón y Coca Cola- activó todas sus formas de lucha y su aplanadora frenó el proyecto.

Hasta el Ministerio de Industria y Comercio de entonces se opuso al impuesto y le puso un palo en la rueda a Gaviria. “En Colombia la industria azucarera y las principales empresas de medios pertenecen a los mismos conglomerados económicos. Tienen un poder intimidatorio. Y lo usaron”, le dijo Gaviria a The New York Times, en un artículo titulado ‘Nos silenciaron: la lucha en Colombia por gravar las bebidas azucaradas”, publicado en 2017.

“El poder económico no solo influye sobre las organizaciones de la sociedad, sino incluso frente a los mismos congresistas. Y esto se debe a dos motivos. El primero parte de las donaciones legales a las campañas. Pero no solamente. El poder también radica en el acceso privilegiado a los círculos de poder, a los medios de comunicación, y, muy importante, a la información. Los congresistas, por buenos y bien asesorados que estén, no dominan todos los temas”, le dijo en 2018 a la Liga Contra el Silencio la politóloga Elisabeth Ungar.

Es en lo que ocurrió durante la administración de Iván Duque (2018-2022) que la abogada Diana Guarnizo encuentra la configuración de una captura corporativa del Estado. “En su Gobierno sí fue claro que la industria de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados tuvo una posición preferente en la toma de decisiones, y eso podría configurarse en una captura corporativa del Estado porque había reuniones a puerta cerrada en un ministerio, había acuerdos incluso con la misma industria”, asegura.

Árbol que nace torcido, ¿jamás su tronco endereza?

Una de las formas de enderezar lo que está torcido, explica Guarnizo, es evaluar la pertinencia y utilidad actuales del modelo mixto de financiación de campañas políticas, pues en Colombia estas reciben dinero del Estado, a través de la reposición de votos, pero también se permite que los privados financien a los partidos y los candidatos.

“Algunos dicen hoy que regular las donaciones a individuos concretos y no a partidos es una buena manera de evitar la interferencia de la industria pero yo digo que eso realmente no sirve, porque de todas maneras los congresistas o los partidos reconocen que al recibir plata deben estar ahí para defender los intereses de esa industria y sienten como el deber de cooperar con esa persona que los financió. Entre menos plata de los privados haya, más limpia puede estar la discusión democrática”, dice.

España, por ejemplo, está en un extremo del espectro, pues su sistema de financiación de campañas es ciento por ciento público. Y luego hay casos como el de Estados Unidos, donde en 2010 la Corte Suprema de Justicia aprobó una ley para quitar el límite de la cantidad de dinero que las empresas privadas y organizaciones financieras pueden entregar a los candidatos al Congreso y a la Casa Blanca.

“Ahí sí se puede hablar de una corporativización de la democracia en Estados Unidos”, asegura la experta de DeJusticia. “En el caso español es mucho más difícil que las empresas interfieran de formas tan directas. Siempre podrán hacerlo, claro, pagar un congreso en las Bahamas e invitar a los candidatos, pero los sistemas públicos minimizan esos riesgos. Y es ahí donde yo creo que los diseños de los sistemas de financiación de campañas sí pueden hacer mucho para evitar esas formas de incidencia”.

Marion Nestlé es profesora emérita de nutrición, estudios de alimentación y salud pública de la Universidad de Nueva York, y es autora de algunos de los libros más famosos sobre el tema como Food Politics: How the Food Industry Influences Nutrition and Health (Políticas alimentarias: cómo la industria de la comida influencia la nutrición y la salud), Unsavory truth: How Food Companies Skew the Science of what we eat (Verdad amarga: cómo las empresas de alimentos distorsionan la ciencia de lo que hacemos”) y Eat, Drink, Vote: An Illustrated Guide to Food Politics (Come, bebe, vota: guía ilustrada para las políticas alimentarias).

Según Nestlé, la interferencia de la industria de comestibles ultraprocesados y bebidas azucaradas y endulzadas es mucho más compleja que la interferencia de la industria farmacéutica, altamente estudiada en los últimos años. También dice que, consciente o inconscientemente, siempre habrá un sesgo a favor de quien financia y no cree en los programas de autorregulación de la industria.

“No podemos esperar que las empresas de alimentos sean agencias de servicios sociales y promuevan la salud. Son negocios con un único objetivo: generar ganancias para los accionistas. Con ese fin, presionan a los Gobiernos, forman asociaciones con organizaciones de salud y vigilan las actividades de los críticos, todo como una parte normal de hacer negocios. Lo que realmente necesita cambiar es la ética empresarial”, dijo Nestlé en una entrevista de 2018 en la que se reveló que había sido espiada por Coca-Cola.

En Colombia, Carolina Piñeros, directora de RedPapaz, cree exactamente lo mismo: “Las empresas venden gaseosas, hacen sus utilidades, pero no asumen las consecuencias de la enfermedad. Los costos de los tratamientos le quedan a toda la sociedad y los tiene que asumir el Estado con dinero público”.

Recordar la historia para no repetirla

¿Cuántas veces fracasó el llamado proyecto de ley de comida chatarra antes de por fin ver la luz en 2021? ¿Por qué ha sido tan difícil reglamentarlo, una vez aprobado por el Congreso, y lograr que el etiquetado frontal de advertencia en productos ultraprocesados con exceso de nutrientes críticos (azúcares, sodio, grasas saturadas) se haga con sellos octogonales y no circulares, que es lo que la evidencia demuestra que mejor funciona para disuadir a los consumidores? Con los impuestos saludables de esta reforma tributaria puede estar pasando algo parecido.

Con Santos como presidente hubo una propuesta tímida del ministro de Salud, que no salió nunca de las comisiones tercera y cuarta del Senado y de la Cámara.

Con Duque como presidente –el Duque senador se opuso con los mismos argumentos de siempre: que lo que causa la obesidad no es tanto consumir esos productos sino no hacer ejercicio y que los tenderos iban a quebrarse- el Gobierno nunca impulsó tributos de ese tipo. Duque recibió más de 500 millones de pesos de la industria para financiar su campaña presidencial y uno de sus mayores aportantes fue, de hecho, la Organización Ardila Lülle, dueña de Postobón, Incauca S.A.S. y el Ingenio Azucarero Risaralda, además de medios como RCN TV y RCN Radio.

Hace cuatro años, las donaciones de la industria de comestibles ultraprocesados y bebidas azucaradas también se concentraron en partidos de la derecha como Cambio Radical, el Centro Democrático y el Partido Conservador, y está documentado cómo fue que en 2019 miembros de esos tres partidos dilataron el proceso para ponerles etiquetas frontales de advertencia a los productos altos en azúcar, sodio y grasas saturadas.

El dinero de la industria en las campañas, representando principalmente por Postobón, Bavaria y varios ingenios azucareros, sí ha distorsionado al sistema legislativo, pero hoy no se puede decir que haya hecho lo mismo con la opinión pública. En septiembre de 2021, de hecho, una encuesta de la firma Datexco detectó que el 54,6% de los colombianos sí quieren un impuesto a las bebidas azucaradas.

Y está un factor que nunca antes se había presentado: esta vez es el Gobierno nacional en su conjunto el que impulsa la creación de los impuestos saludables a través de la reforma tributaria, no es una propuesta aislada de unos congresistas con poco poder o de un ministro de Salud rodeado de leones. “Es absolutamente histórico en Colombia que este impuesto sea propuesto desde el mismo gobierno. Eso ya es un muy buen primer paso”, le dijo a la Liga Contra el Silencio Carolina Piñeros.

Es cierto que el borrador de la reforma tributaria ha sufrido varios cambios, pero parece que por fin estamos cerca de decir: “la quinta será la vencida”.

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