NOTA DE CEROSENTENTA Y DEJUSTICIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022/ FOTO DE CEROSETENTA Y DEJUSTICIA

Colombia es uno de los pocos países en Latinoamérica que todavía no grava estos productos. En este especial, miramos hacia tres países que han sido pioneros en esto para entender cómo se ha implementado, sus impactos y desafíos.

El pronóstico del clima de hoy: lluvia de azúcar, aditivos y saborizantes. 

No es noticia. Ha llovido tanto en las últimas décadas que nuestras ciudades, veredas e islas están inundadas y empalagadas. 

Vivimos en una cultura donde mucho de lo que consumimos está endulzado, en particular las bebidas, y como consumidores nos está afectando. 

La segunda palabra más conocida en el mundo después de “ok” es “Coca Cola”. Esta empresa vende más de 1,900 millones de latas al día a nivel mundial, el equivalente a que todos los habitantes de Bogotá tomen 4 latas a diario.

Y en todas las esquinas de la región están presentes las bebidas endulzadas: en jugos, tés, gaseosas, bebidas energéticas. Son parte de nuestra cultura y de cómo nos relacionamos. 

Si damos una propina decimos “tome pa’ la gaseosa”. Si viene un invitado a la casa se le da un refresco. En las loncheras de los niños y niñas no falta el jugo de caja o un “yogurt dulce”.  

Alrededor 1 de cada 3 colombianos, entre los 14 y 30 años, consume  bebidas endulzadas todos los días, según datos del Ministerio de Salud.

Crecimos en una cultura donde estos productos vienen abanderados con una campaña de mercadeo irresistible: colores brillantes, promesas de sonrisas, y ojalá también un personaje juguetón. Anuncios donde nuestra identidad nacional y felicidad se resume en una botella, donde la fiesta y la familia se unen con el producto en el centro de la mesa, donde algún famoso nos promete que el éxito viene envasado y es dulce. 

Ese mercadeo empalagoso nos atrapa desde pequeños. En Colombia, tres de cada cuatro niños consumen estas bebidas endulzadas en las escuelas y colegios. Con cada lata (alrededor de 12 oz.) la posibilidad de sufrir de obesidad para ese niño o niña aumenta un 60%. 

El azúcar, los aditivos y los saborizantes nos llueven en la publicidad, inundan cada tienda de barrio con botellas o cajas de jugos,  y como espuma crecen hasta llegar a los espacios de poder.

Han pasado más de seis años desde que se propuso por primera vez en Colombia la posibilidad de gravar las bebidas endulzadas. Pero, sabemos que hay congresistas que son amigos de la industria, medios de comunicación que viven de ella, y un lobby robusto y dulcemente engañoso que se le opone. Ya está pasando otra vez: uno de los primeros cambios a la reforma tributaria llegaría por esta vía. Según declaraciones del Ministro de Hacienda, el impuesto no llegará al 24%, el valor ideal que proponen las organizaciones de la sociedad civil para desincentivar su compra. 

Al final, toda esta lluvia de azúcar, saborizantes y aditivos químicos impacta a quienes toman estas bebidas. A largo plazo el exceso se vuelve enfermedad y eso también es un costo para el país. Solo en atención de la diabetes atribuible al consumo de bebidas endulzadas se gastan más de 740 mil millones de pesos anuales. 

Las bebidas endulzadas están en todos lados. Esta industria es un diluvio imparable y solo busca saciarse a sí misma. 

Colombia es uno de los pocos países en Latinoamérica que todavía no grava estos productos. Y el impuesto saludable, sabemos, no será la solución a todo pero sí un primer paso inmediato para desincentivar el consumo. De la mano se tendrán que garantizar otras medidas como el etiquetado frontal de advertencia, la restricción a publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes y la regulación de ambiente escolares, así como garantizar  el acceso al agua potable, a la educación, a rutas que conduzcan a la soberanía alimentaria y una nutrición digna y saludable. 

Este impuesto no puede ser una apuesta simbólica, ni un paño de agua tibia para acomodar a quienes por tantos años han tratado de impulsar esta medida. Debe ser un impuesto que apueste por el bienestar de los más pobres, con un recaudo destinado a la inversión social y un ahorro para el Estado en gastos asociados a la atención de enfermedades no transmisibles, los cuales podrían ser utilizados en otras necesidades de salud pública.

Para guiarnos miramos hacía otros tres países que ya lo han implementado: México, Chile y Brasil. México y Chile, países que han sido pioneros en este impuesto y que hoy en día cuentan con respuestas tangibles sobre su efectividad. Brasil como el caso de un impuesto fallido por su implementación mediocre y manipulada por la industria. 

En este especial periodístico, que hacemos con el apoyo de Dejusticia, le apostamos a un país en donde se garantice el cuidado y la salud de todos y todas por igual, en el que las lluvias de azúcar, aditivos y saborizantes no vuelvan a inundar nuestro bienestar.