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Consejo de Estado estudiará demanda para reversar norma que iría contra la Ley de Comida Chatarra

dulce veneno

NOTA DE INFOBAE 05/06/2022/ FOTO DE DULCE VENENO

La organización argumenta que la resolución 810 tiene cuatro problemas esenciales que afectan los intereses de los consumidores y privilegian a las industrias

A mediados de 2021, el Congreso de la República aprobó la Ley Comida Chatarra, y en agosto de ese mismo año, el presiente Iván Duque la sancionó para que todos los productos alimenticios que se vendan en el país lleven sellos que adviertan lo que se está comiendo. Sin embargo, esta norma aún no se ha implementado y por el contrario, va avanzando la resolución 810 que terminó creando otras normas que, según organizaciones sociales, “van en contra” de la primera.

Argumentando esto último, la organización DeJusticia presentó una demanda por nulidad contra la resolución que fue admitida este 5 de julio por el Consejo de Estado. En ella se le pidió a los jueces que, mientras deciden si aprobarla, suspendan la resolución como medida cautelar para evitar que las empresas la implementen.

“La Resolución 810 de 2021 que van contra el propósito de la Ley: promover entornos alimentarios saludables. Por eso, en noviembre de 2021 presentamos ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad contra esta Resolución. La demanda fue admitida por el alto tribunal y esperamos tener pronto una decisión en favor de la salud pública”, informó DeJusticia.

La organización argumenta que la resolución 810 tiene cuatro problemas esenciales. El primero de ellos está relacionado a la poca evidencia científica para construir la etiqueta, pues la resolución establece un sello circular con la advertencia “alto en azúcares”, “alto en sodio”, “alto en grasas saturadas”.

Se ha argumentado que estos sellos no responden a la mejor evidencia científica, pues solo se han implementado en un país (Israel) y desde hace muy poco, por lo que no existe evidencia sólida que confirme su impacto. Por el contrario, el modelo octagonal ha sido implementado desde 2016 en países como Perú, Chile, Uruguay y México, con efectos positivos. En Chile, desde que existe el etiquetado octagonal, ha disminuido el consumo de bebidas azucaradas en un 24 %, de sodio en un 37 %, y de grasas saturadas en un 16 %.

En segundo lugar, se indica que esto se presta para confusiones, porque se permite que los productos lleven declaraciones de salud como “alto en vitaminas” o “buena fuente de calcio”. Esto es problemático, según DeJusticia, porque le envía un mensaje confuso al consumidor, ya que esas declaraciones podrían aparecer en paquetes que también llevan sellos de advertencia.

“La resolución permite usar sellos positivos que terminarían promoviendo el consumo de productos con saborizantes, conservantes y otros aditivos, cuyo consumo reiterado podría tener efectos perjudiciales. Al igual que con las declaraciones nutricionales, la presencia de estos sellos positivos podría inducir a confusión al consumidor”, expone DeJusticia.

En tercer lugar, se critica que la resolución sea “muy laxa”, esto porque los niveles que se establecen para que un producto lleve sellos desconocen en algunos casos las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Por ejemplo, mientras la OPS recomienda ponerle el sello “exceso de sodio” a una bebida a partir de los 100 mg por cada 100 ml de este componente, en Colombia llevaría el sello solo desde los 150 mg por 100 ml. Además, la Resolución no incluye un etiquetado para advertir sobre dos componentes adicionales: exceso de grasas trans y si el producto contiene edulcorantes.

Por último, se dice que lo anterior “prioriza los intereses de la industria”. Se indicó que la resolución terminó acogiendo las sugerencias que hizo la industria en aspectos como la forma y leyenda del etiquetado, el sello positivo y el tiempo de implementación. Por el contrario, ignoró las más de 2.400 recomendaciones que enviaron la academia y la sociedad civil.

Por estas razones, DeJusticia aseguró que la resolución 810 “no se basa en la mejor evidencia científica disponible y algunos de sus apartados pueden incluso tener consecuencias negativas para la salud pública”. Las organizaciones que impulsaron la Ley de Comida Chatarra esperan que el tema se resuelva ponto, pues mientras el Consejo de Estado toma una decisión, la Resolución sigue vigente y debe implementarse antes de diciembre de 2022.

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