NOTA DE EL TIEMPO 24-06-22/FOTO DULCE VENENO
El próximo 30 de julio vence el plazo para que el Gobierno, en cabeza del Ministerio de Salud, reglamente la Ley 2120, también llamada ‘ley de comida chatarra’. Sin embargo, los impulsores de la norma, aprobada en el Congreso de la República hace casi un año, sostienen que hasta el momento no se evidencian avances.
La norma establece, entre otras cosas, que se debe implementar un sistema de etiquetado frontal en los empaques de alimentos ultraprocesados con elevado contenido de sodio, grasas saturadas y azúcar, y da 12 meses para que el Ministerio de Salud emita la correspondiente reglamentación basado en “la mayor evidencia científica y libre de intereses”.
El próximo 30 de julio vence el plazo para que el Gobierno, en cabeza del Ministerio de Salud, reglamente la Ley 2120, también llamada ‘ley de comida chatarra’. Sin embargo, los impulsores de la norma, aprobada en el Congreso de la República hace casi un año, sostienen que hasta el momento no se evidencian avances.
La norma establece, entre otras cosas, que se debe implementar un sistema de etiquetado frontal en los empaques de alimentos ultraprocesados con elevado contenido de sodio, grasas saturadas y azúcar, y da 12 meses para que el Ministerio de Salud emita la correspondiente reglamentación basado en “la mayor evidencia científica y libre de intereses”.
Justo en esto último es donde se ha centrado mayormente la polémica. Por un lado, organizaciones como el Colectivo José Alvear Restrepo (Cajar), que ha estado detrás de la campaña Dulce Veneno, sostiene que la mayor evidencia científica ya ha demostrado que los sellos sean octagonales y con las palabras ‘exceso de (sodio, azúcar o grasas)’. Sin embargo, semanas antes de aprobarse la ley, el ministerio ya había emitido la Resolución 810, que reglamenta el etiquetado circular y con las palabras ‘alto en’.
De acuerdo con los colectivos, el Minsalud estaría dilatando la reglamentación de la ley, en virtud de la resolución, a la que consideran menos efectiva en materia de salud pública y en favor de la industria de los alimentos ultraprocesados.
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Así lo sostiene Jomary Ortegón, presidente de Cajar: “Se va a cumplir el plazo y la reglamentación no se ha hecho. Nos preguntamos, como organizaciones de la sociedad civil, si es que acaso hubo alguna interferencia de la industria para que la reglamentación no se produjera y se dilatará la contratación de los estudios. Estamos convocando a la ciudadanía para instar a que cumpla con su obligación establecida y entre en vigor el etiquetado frontal de advertencia, que es una medida que garantiza nuestro derecho a la información, a la alimentación y a la salud”.
Ante esto, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, expresó: “El Ministerio de Salud no está haciendo lobby por las empresas ni por el sector empresarial. Personalmente, no he dado una instrucción en ese sentido ni tengo evidencia de que algún funcionario lo haya hecho. Eso es diferente a las mesas de trabajo, que claramente se deben hacer, tanto con la industria como con actores de la sociedad civil”.
Respecto a la polémica en torno a la Resolución 810, el funcionario destacó: “Se la ha intentado presentar como una norma que el ministerio impuso y busca evitar el cumplimiento de la ley. Eso no es así. La resolución fue expedida antes de la ley, y debe seguir funcionando hasta que sea reemplazada por una nueva resolución que atienda a la ley”.
Pese a ello, no deja de causar suspicacias entre los impulsores de la ley que, pese a que consideran que el plazo de un año era más que suficiente para surtir los estudios y redactar el decreto reglamentario, este no se cumpla. Al respecto, el ministro Ruiz señaló: “Se pide que se haga el etiquetado basado en la mayor evidencia científica y sin conflicto de interés, por lo que se requiere un estudio idóneo. No dice que se adopte el etiquetado octagonal, sino que se busque el indicado. Si el análisis dice que debe ser octagonal, así debe ser”.
La demora en la adjudicación de dicho estudio fue uno de los principales focos de controversia en los últimos meses. Finalmente, y diez meses después de promulgada la ley, se eligió a la Universidad de Antioquia como la entidad encargada de realizar el análisis. Para ello, se puso como meta entregar los resultados el 27 de junio. Pese a ello, la cartera de Salud ya confirmó que no alcanzará a cumplir el siguiente paso de emitir el decreto reglamentario, y que este estaría ya en manos del gobierno de Gustavo Petro.
Ante ello, el saliente representante a la Cámara Mauricio Toro, uno de los impulsores de la norma en el Congreso, señaló que de no cumplirse con los plazos de la ley, el ministro Ruiz debería ser sancionado, e incluso prevé posibles denuncias por prevaricato.
Dado que este tema estará en manos del siguiente ministro de Salud, la posición del gobierno entrante del presidente electo, Gustavo Petro, es que durante los primeros meses del mandato se adelante cuanto antes dicha reglamentación. Así lo señaló Jaime Urrego, asesor de este tema durante la campaña y conocedor del sector.
Asimismo, en conversación con EL TIEMPO, Urrego manifestó que se desarrollará una iniciativa progresiva de impuestos saludables “que en todo caso tiene que ir en paralelo con la recuperación de la seguridad alimentaria y de la producción del campo”, con lo que agregó que dichas estrategias necesariamente deben acompañar las medidas en razón a que “el impuesto en una primera etapa termina siendo complicado para los estratos más bajos que consumen justamente comida chatarra”.
En tal sentido, el asesor de salud de la campaña del presidente electo fue enfático al decir que durante este gobierno se implementarán impuestos a los alimentos ultraprocesados y a las bebidas azucaradas como una medida de salud pública y de financiamiento.
REDACCIÓN EDUCACIÓN