Bogotá, Junio l6 del 2022 (@CCajar – #DulceVeneno).
Una campaña para evidenciar la interferencia de la industria de comestibles y bebidas endulzantes lanzó hoy el Colectivo José Alvear Restrepo, Cajar, en la cual denuncian la dilación del Ministerio de Salud que ha evitado en Colombia el etiquetado con sellos frontales de advertencia.
“Tener estos sellos permite a la ciudadanía identificar el daño que, para la salud, hace el consumo de comida chatarra, no nos cansaremos de advertirlo en todos los escenarios. Hoy lo que queremos denunciar son una serie de obstáculos del Ministerio de Salud en complicidad con la industria de bebidas endulzadas y comestibles ultra-procesados con los que impiden la implementación adecuada de la Ley 2120”, dijo Jomary Ortegón, Presidenta y abogada del Cajar.
Añadió que con profunda preocupación la sociedad civil recibió las declaraciones del ministro de Salud, Fernando Ruiz quien admitió en un debate en el Congreso que el gobierno de Iván Duque no reglamentará la Ley Comida Chatarra.
“Rechazamos las declaraciones del ministro de Salud en la cual, sin sonrojarse, nos advirtió que no reglamentarán la Ley Comida Chatarra durante el gobierno de Iván Duque desobedeciendo lo que ordena el texto aprobado por el Congreso de la República. Ministro, ¿de verdad no les alcanzó el tiempo, o no lo quisieron hacer porque la industria intervino para retrasarla?”, preguntó Ortegón.
Esta nueva campaña “Dulce Veneno, Saca la Interferencia de nuestra mesa” tiene como fin evidenciar la dilación del gobierno para contratar los estudios sin conflicto de interés que ordena la Ley 2120 del 2021 con maniobras que engañan al pueblo colombiano.
“Aunque la Ley Comida Chatarra fue firmada el 05 de agosto de 2021 por el presidente Iván Duque y desde ese momento el Ministerio de Salud podía contratar los estudios, sólo firmó el contrato hasta el pasado mes de mayo de 2022, es decir dilataron el trámite por 10 meses, lo cual nos parece inconcebible porque se trata de un asunto de salud pública”, denunció la Presidenta y abogada del Cajar.
De otro lado, argumenta el Minsalud, que la tardanza en el proceso de contratación se demoró porque debido a la pandemia del COVID-19, las universidades no tenían sus centros de investigación funcionando y segundo, porque no se pudo contratar a tiempo por la entrada en vigencia de la ley de garantías.
“Rechazamos estas declaraciones puesto que, para el 05 de agosto de 2021, los centros de investigación universitarios se encontraban en funcionamiento y la ley de garantías entró en vigor sólo hasta el pasado 29 de enero de 2022, lo que demuestra que el Ministerio tuvo tiempo suficiente para cumplir con el trámite, pero que por razones desconocidas decidieron no actuar”, argumentó la vocera.
El mensaje público “juntos saquemos la interferencia de la industria de nuestras mesas” estará replicado desde las organizaciones sociales que buscan como objetivo prevenir enfermedades no transmisibles como la diabetes, la obesidad, y la tensión alta que afectan a cientos de ciudadanos en todo el mundo. La ciudadanía puede unirse a esta campaña para rechazar la interferencia compartiendo el vídeo y exigiendo al Ministerio de Salud la implementación de los sellos octogonales de advertencia.