- El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo-Cajar, recibió una respuesta formal de esa entidad donde afirman que los estudios necesarios para la implementación del etiquetado frontal no se han contratado.
- El Ministerio de Salud tiene hasta el próximo 05 de agosto de 2022 para reglamentar un etiquetado frontal de advertencia respaldado por evidencia científica sin conflicto de interés, el Colectivo de Abogados denuncia la dilación sistemática del proceso y rechaza la interferencia de la industria de ultraprocesados y bebidas endulzadasas en esa entidad.
- Además, el Cajar cuestiona al Viceministro German Escobar, encargado del proceso, puesto que su hoja de vida evidencia que ha trabajado en organizaciones que reciben financiación y tienen relaciones comerciales con industrias de ultraprocesados y sus gremios.
Bogotá, Abril 11 del 2022 (@CCajar – #DulceVeneno). El Gobierno Duque hace una nueva jugadita contra la Ley Comida Chatarra que favorece los intereses de la industria de bebidas endulzadas y ultraprocesados al dilatar la implementación del etiquetado frontal de advertencia, afirmó hoy Yessika Hoyos, vocera de la campaña Dulce Veneno y abogada del Cajar.
Explicó que los sellos para la comida chatarra están supeditados a estudio que debe realizar el Ministerio de Salud para establecer los parámetros técnicos definiendo la forma, contenido, figura, proporción, símbolos, textos, valores máximos, colores, tamaño y ubicación en los empaques de los productos que deban contenerlo, basándose en la mayor evidencia científica disponible y libre de conflicto de intereses, pero que, hasta el momento, los estudios no se han contratado, esto no ha sucedido debido a una clara interferencia de la industria.
“Nos preocupa que después de 8 meses el Ministerio nos diga que la contratación del estudio está en la etapa de “estudios previos” mientras que el viceministro de Salud, German Escobar, quien es el encargado de implementar el etiquetado frontal de advertencia, promueve un etiquetado circular fue impulsado por la industria ”, dijo Hoyos.
En respuesta a derecho de petición enviado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Ministerio afirmó que se está adelantando un proceso de “concurso de méritos abierto”, y que estaba trabajando en “(…) la elaboración de estudios previos y análisis del sector para tener la documentación necesaria para iniciar el proceso de selección del contratista, por ende, la realización del estudio aún no ha iniciado”.
Recordamos que la ley 2120 del 2021, más conocida como “ley comida chatarra”, le dio al Ministerio de Salud un plazo de 12 meses, contados desde el 05 de agosto del 2021, para poner en marcha un etiquetado frontal, es decir, a hoy se han perdido cerca de 9 meses y la entidad tiene menos de tres meses para cumplir con este proceso.
El 28 de marzo de 2022, el viceministro de Salud Pública publicó como un logro en su cuenta personal de Twitter, la aprobación del Etiquetado Frontal de Advertencia adoptado por la Resolución 810 de 2021 del Ministerio de Salud.
“El etiquetado al que se refiere el Viceministro Escobar, tiene forma circular, siguiendo los parámetros adoptados por el Estado de Israel. Sin embargo, la forma adoptada en la mencionada resolución no recoge la mejor evidencia científica, y coincide con las propuestas defendidas públicamente por la industria de comestibles ultraprocesados y bebidas endulzadas. Es impresentable que 9 meses después todavía no se ha contratado el estudio que obliga la ley, esta dilación sólo beneficia a la industria”, denunció la vocera del Cajar.
Finalmente, desde el Cajar se cuestiona que el Viceministro German Escobar sea el encargado de la implementación de la Ley Comida Chatarra, puesto que, su hoja de vida evidencia que trabajó en organizaciones que reciben financiación y tienen relaciones comerciales con industrias de ultraprocesados y sus gremios, como se demuestra a continuación:
“El Ministerio de Salud fue creado para proteger los derechos de la ciudadanía. Hacemos un llamado a los funcionarios de esa entidad para que rechacen la interferencia de la industria en las políticas que buscan proteger el derecho a la información de las y los colombianos ” Finalizó Yessika Hoyos vocera del Cajar