NOTA DE EL TIEMPO 03-03-2022/FOTO CAJAR

Con casi 10.000 firmas recolectadas, la campaña Dulce Veneno, presentó al Ministerio de Salud una solicitud en la cual se pide acelerar la implementación de la Ley 2120, también llamada ‘ley comida chatarra’.

La norma, que establece el etiquetado frontal de advertencia que deben tener los empaques de alimentos ultraprocesados por su alto contenido de sodio, azúcar y grasas saturadas, fue promulgada a finales del mes de julio de 2021, pero a la fecha el Gobierno no ha realizado la respectiva reglamentación que le corresponde para establecer la forma y el contenido de dichas etiquetas.

Si bien se estableció un periodo de 12 meses para la reglamentación, plazo que hasta el momento va por la mitad, colectivos como la mencionada campaña Dulce Veneno y Red PaPaz advierten sobre retrasos del Ministerio, al que señalan de querer promover otra normativa que, aseguran, sería contraria.

Estamos hablando de la salud de las personas, de los niños. Pedimos al Ministerio que derogue la resolución porque es contraria a la ley“La resolución 810 fue expedida justo dos días antes de que el Congreso aprobara la ley, y además habría sido acordada con la misma industria de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas. Hoy, lo que vemos es que el Ministerio de Salud no está avanzando en la reglamentación de la ley, pero sí está promoviendo la resolución. Lo que pedimos es que se derogue dicha norma y se dé celeridad a la reglamentación de la ley”, explicó Yessika Hoyos, vocera de Dulce Veneno.

La polémica se centra principalmente en la forma y el contenido de los sellos frontales. Mientras que la resolución señala que deben ser redondos y contener la advertencia ‘Alto en’, la ley establece que esto se debe hacer con base en la mayor evidencia científica.

“Lo que dice la evidencia en otros países, e incluso es recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es que deben ser negros, octagonales y decir ‘Exceso de’. Pero la resolución permite que sean de colores e, incluso, que se les permita a estos productos mostrar supuestos beneficios nutricionales”, señala Hoyos.

Y añade: “Estamos hablando de la salud de las personas, de los niños. Pedimos al Ministerio que derogue la resolución porque es contraria a la ley, no es imparcial, fue acordada con la industria y no está basada en la mayor evidencia científica. Hablamos de la salud de los consumidores, de los niños. El deber del Gobierno no debería defender los intereses de la industria, sino defender los derechos nutricionales de las personas”.

El Ministerio de Salud y Protección Social ha revisado la pertinencia de realizar un estudio que verifique si en el tema de etiquetado frontal de advertencia es necesario realizar alguna modificación

Ante estas declaraciones, el Ministerio de Salud señaló que la resolución “fue resultado de un proceso riguroso en cuanto a la mejor evidencia científica y en ningún caso fue ‘pactado’ con la industria de alimentos”.



La cartera añadió: “Es necesario aclarar que la resolución 810 de 2021 no solo estableció etiquetado frontal de advertencia (artículo 5.º de la Ley 2120 de 2021), sino que también estipuló los requisitos técnicos de las declaraciones de nutrientes, declaraciones de propiedades nutricionales y de salud. El Ministerio de Salud y Protección Social ha revisado la pertinencia de realizar un estudio que verifique si en el tema de etiquetado frontal de advertencia es necesario realizar alguna modificación”. Así, la entidad dice ya haber iniciado los procesos administrativos para dichos estudio.