NOTA DE INFOBAE 01-02-2022/FOTO CAJAR
Con una manifestación pública frente al Ministerio de Salud, los promotores del etiquetado frontal de alimentos exigen cumplimiento de la norma aprobada en el Congreso
Desde agosto del año 2021 el presidente Iván Duque sancionó la llamada Ley de Comida Chatarra, dos meses después de que fuera aprobada en el Congreso, pero a la fecha no se ha dado implementado el etiquetado frontal que estableció la norma. Los promotores del proyecto y defensores de derechos humanos ahora denuncian una trampa a lo que se expidió.
La Ley de Comida Chatarra tiene el objetivo de ofrecer información adecuada a los consumidores en productos altos en contenido de azúcar, sodio, calorías, grasas y otros componentes de los alimentos ultraprocesados para que puedan tomar una decisión informada.
Esa información deberá presentarse en sellos octagonales negros en la parte frontal del producto con un espacio específico, tal cual fue aprobado en la ley. El Ministerio de Salud debe expedir la resolución correspondiente para que las compañías productoras diseñen los nuevos paquetes de ese tipo de alimentos.
Sin embargo, antes de que se aprobara la ley, el Ministerio de Salud expidió la resolución 810 de 2021 que estableció una regulación sobre los sellos, diferente a la que fue aprobada en la ley, que en su momento fue denunciada por los promotores del etiquetado frontal como una trampa a la norma. Ahora, la cartera pretendería hacer cumplir esa resolución, en lugar de la ley.
Por esa razón, organizaciones de derechos humanos y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo recogieron 9.200 firmas a través de un portal virtual, con la ciudadanía que rechazan lo que califican como maniobras que tienen el objetivo de beneficiar a la industria de los comestibles ultraprocesados, aún en demerito de los derechos de los consumidores.
La petición con las firmas y el plantón frente al Ministerio de Salud, es que se derogue la resolución 810 y se adopte lo aprobado en la ley 2120 de 2021. En esa resolución se establecieron lineamientos técnicos diferentes a los que sustentaron el proyecto, como sellos circulares.
“En varios países de la región se han implementado sellos negros octogonales, los más efectivos de acuerdo con los estudios, en Colombia la industria y el gobierno quieren imponer un etiquetado confuso que será menos útil para la ciudadanía”, afirmó Yessika Hoyos, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y vocera de la campaña “Dulce Veneno: el antídoto es la verdad”.
Los promotores, como se sustentó en el proyecto de ley, aseguran que el etiquetado octogonal de color negro y letras blancas tiene el respaldo de la evidencia científica sin conflicto de interés, que señala que es el modelo más efectivo y visible para que el consumidor se entere de los componentes que presentan exceso en los alimentos.
“El gobierno quiere imponer un etiquetado confuso que será menos útil para la ciudadanía. Llevamos 6 años en esta lucha y justo ahora, cuando estamos en la etapa de implementación hay jugadas que se pueden interpretar como mala fe de los funcionarios del gobierno Duque”, enfatizó la abogada.
Por esa razón, los promotores consideran que se está tendiendo una trampa a la ley para disminuir el impacto del etiquetado y beneficiar a la industria. Maniobras múltiples que denunciaron en el trámite del proyecto, el tiempo para su sanción y ahora en su implementación.
“Mientras que los sellos deben ser octogonales para que efectivamente adviertan y haya una alerta, el Gobierno quiere hacerlos circulares para disminuir su impacto y hacerle conejo a la ley ¿Hasta cuando tendremos que esperar para saber qué nos estamos comiendo?”, señaló el representante a la Cámara, Mauricio Toro, uno de los que participó del trámite y del actual plantón frente al Ministerio.
El llamado de los promotores es que se implemente la ley, porque consideran que no hacerlo vulnera el derecho a la salud de los consumidores, quienes pueden conocer los contenidos que representan riesgo en algunos alimentos.
El Gobierno nacional tiene un año desde la expedición de la ley, le restan seis meses, para implementar lo estipulado. En medio del plantón, con música y consignas, la abogada Hoyos fue recibida por la delegada de alimentos del Ministerio de Salud para conocer su petición.