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La canasta básica ya no cubre lo básico

Bocado

NOTA DE BOCADO 28-10-21/ FOTO DE BOCADO

En toda América Latina, los alimentos frescos sufren de una carga tributaria que favorece a aquellos que tienen el poder de cabildear, de hacer lobby por sus intereses. En Brasil, las industrias de refrescos y artículos de lujo se benefician de exenciones fiscales. En México, la canasta básica de alimentos cubre 40 ítems y artículos como caviar y goma de mascar no están sujetos al IVA. En Colombia, los embutidos como la mortadela y la salchicha pagan menos impuestos. En Argentina, la política tributaria ignora la alimentación saludable
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Más de 118 millones de personas pasaron hambre en el 2020. De este total, 14 millones viven en América Latina y el Caribe. Estos son algunos de los datos que presenta el informe El Estado de Seguridad Alimentar y Nutrición en el Mundo, publicado en julio por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La pandemia y sus impactos económicos tienen un gran peso en este contexto, pero el coronavirus está lejos de ser la única razón de inseguridad alimentaria en el continente. El crecimiento de la informalidad -el trabajo en negro o sumergido–  en el mercado laboral y el aumento de los precios de los alimentos, provocados por el alza del dólar y el aumento de la demanda de productos agrícolas en el escenario internacional, han incrementado los precios de los alimentos y disminuido el poder adquisitivo de la población. El resultado es el vertiginoso crecimiento de la inseguridad alimentaria.

En Brasil, mientras el hambre se extiende de norte a sur del país, las políticas que conducen a una nutrición mínima para la población se convierten en protagonistas y, a veces, en la principal fuente de alimentos para muchas familias. En este contexto, la canasta básica ha ganado centralidad en la lucha contra el hambre, ya sea por acciones gubernamentales, iniciativas privadas o proyectos solidarios.

La Canasta Básica en Brasil nació aún en el gobierno de Getúlio Vargas, en la década de 1930, a través del Decreto-Ley Nº 399/1938. La política se basó en los estudios del médico  del Josué de Castro, quien reorientó los ojos del mundo al decir que el hambre era una cuestión de disponibilidad de alimentos, no de cantidad. Siguiendo esta filosofía, la Canasta Básica busca asegurar el consumo de alimentos en cantidades suficientes para asegurar el sustento y bienestar de un trabajador durante un mes. En una canasta básica se establecieron 13 elementos fundamentales: carne, leche, frijoles, arroz, harina de trigo, papas, tomates, pan, café, plátano, azúcar, aceite y mantequilla.

No es casualidad que el salario mínimo naciese en el mismo decreto. “La parte alimentaria se basa en la composición de la canasta básica, propuesta para el cálculo del salario mínimo, que continúa hasta el día de hoy”, dice Flávia Mori Sarti, profesora de Economía y Salud Pública, Políticas Alimentarias y Nutricionales de la Universidad de São Paulo.

Tampoco es casualidad que, en los últimos años, el fin de la política de valoración del salario mínimo forme parte del paquete que socavó la seguridad alimentaria de la población – durante casi 15 años, el salario se ha ajustado con una fórmula que sumaba a la inflación y el crecimiento de la economía. En julio de este año, el costo de la canasta básica que incluye artículos de salud e higiene en la ciudad de São Paulo alcanzó el precio promedio de R$ 1.064,79, casi el mismo valor que el salario mínimo, fijado en R$ 1.100,00.

En varios países de América Latina, fue con este mismo espíritu que nació la canasta básica: el ser un indicador de lo que debería ser lo mínimo para asegurar la alimentación de la creciente población urbana. Hoy, sin embargo, la canasta básica es un indicador de lo que ya no se puede comprar debido a la inflación, la devaluación de las monedas locales, las pérdidas salariales y la prioridad a la agroindustria, situaciones que marcaron la pauta para las sociedades latinoamericanas en el siglo 21.

La canasta básica es, aún hoy, un indicador de un paradigma nutricional obsoleto, que se basa en la idea de ofrecer alimentos suficientes para garantizar energía a los trabajadores, no una nutrición saludable. En Argentina, por ejemplo, la composición de la canasta básica contiene galletas dulces, azúcar, refrescos y mayonesa. Para empeorar las cosas, el poder del lobby distorsionó la exención de impuestos, reduciendo la tributación de los artículos sin ninguna relevancia.

La economista e investigadora de la Fundación Interamericana del Corazón (FIC Argentina), Florencia Cámara, cree que un cambio en la política tributaria del país puede ayudar a cambiar los hábitos alimenticios de la población. “Los principales impuestos al consumo no tienen una perspectiva de salud. Hay programas sociales y alimentarios, como Precios Cuidados [un programa que está en marcha desde 2014 y tiene como objetivo controlar el precio de los productos básicos a través de acuerdos entre el Estado y los sectores de producción y distribución], pero busca garantizar que la población acceda a los productos más consumidos, no necesariamente a los más saludables”.

La resolución más reciente fue publicada en el dia 19 de octubre y establece el congelamiento de los precios de 1.432 productos. La propuesta, que tiene como objetivo fenar a la inflación y garantizar que la población pueda alimentarse, levantó críticas entre los empresarios, que están prohibidos de aumentar el valor de las mercancías hasta el 7 de enero.

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) en Argentina tiene una tasa general del 21%, pero algunos productos ampliamente consumidos por la población, como la harina de trigo, frutas, verduras, carnes no procesadas y otros se gravan a una tasa más baja del 10,5%. También existen los llamados “regímenes especiales” para los sectores productivos regionales.

“Argentina es un país muy grande y hay algunos beneficios extras según la región, como con las frutas y los vinos en la provincia de Mendoza o el azúcar en la provincia de Tucumán”, explica Florencia. Para ella, la política tributaria debe pensarse desde una perspectiva de salud, con mayores impuestos a los alimentos poco saludables y subsidios para los productos cuyo consumo se busca fomentar.

En Brasil, los precios de los 13 artículos establecidos como estándar son monitoreados por Dieese, el Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos, que realiza un estudio permanente sobre los artículos que componen la canasta básica. Además, algunas instituciones y empresas agregan productos complementarios, generalmente no perecederos, como sardinas, galletas dulces y saladas, maíz en escabeche, pasta, sal, entre otros alimentos y artículos de higiene.

América Latina ha cambiado. Los problemas también. Pero la composición de la canasta básica no se ha actualizado. “Como había una desnutrición calórica, se puso mucha proteína, mucho aceite y una cantidad bastante grande de carne, que hoy en día es algo que hay que reevaluar. Todavía tenemos problemas con las personas con desnutrición, pero al mismo tiempo, también tenemos personas con sobrepeso y obesas, especialmente en las capas más pobres”, explica Flavia.

“La composición de la canasta básica sigue siendo muy importante debido a la cultura. Es fácil para la gente entender lo que representa en términos de la vida cotidiana. Esta importancia proviene no solo de la crisis sanitaria y económica, sino también de que la población está consciente de qué representa esto para la supervivencia diaria. La gente quiere tener un trabajo, ingreso y la supervivencia garantizada. Lo más básico que obtenemos cuando pensamos en la soberanía cotidiana es la comida”, afirma Flavia.

Sin perspectivas de un cambio en el escenario nacional brasileño en el corto plazo, crece la presión para la creación de políticas capaces de garantizar la seguridad alimentaria. El punto es que ya hay una serie de exenciones para los productos alimenticios, creadas exactamente para que estos artículos lleguen a la mesa del consumidor a un precio más asequible, pero no siempre es la población la que se beneficia de esta política.

La reducción de la tasa que incide sobre los productos de la canasta básica a cero está prevista en las leyes de 2004. Harina, leche, verduras, quesos, carnes, café, azúcar, aceite de soja y mantequilla son algunos de los artículos no tributados. El objetivo de esa política es abaratar los costes del proceso de producción y distribución para que los alimentos alcancen un precio más asequible en la mesa de los consumidores.

La propuesta de eximir los artículos responsables de la alimentación mínima de los brasileños parece, en un principio, seductora, pero no es posible afirmar que la exención de impuestos resulte en una reducción de costos para el consumidor final. “Si el mercado de un determinado producto está muy monopolizado, en el que pocas marcas dominan la comercialización y distribución, el precio de los alimentos seguirá igual y la exoneración   de impuestos se incorporará como un aumento en el margen de ganancia”, dice Sandro Pereira Silva, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas (Ipea).

Otra consecuencia indirecta de la eliminación de impuestos es la inclusión de artículos en la lista a causa de la presión del lobby de la industria alimentaria. Ítems exentos pero que no hacen parte de la dieta básica de los brasileños: en 2013, productos como el queso brie, el salmón, la crema batida y el foie gras se incluyeron en la lista de la canasta básica y, por lo tanto, se redujo la carga de impuestos que incidía sobre ellos.

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“Aumentar el peso [del impuesto] del precio puede estimular o inhibir el consumo de un producto”, dice el abogado y doctor en Ciencias Políticas Francisco da Mata Machado Tavares, profesor de la Universidad Federal de Goiás. Esta lógica puede alentar la búsqueda de artículos más saludables, contribuyendo a la disminución del consumo de productos ultra procesados o industrializados en las mesas de los brasileños, pero esto no es lo que sucede en la práctica: el gobierno brasileño otorga, por ejemplo, exenciones de impuestos a las industrias de refrescos y jugos desde 1990.

“Esto significa que el Estado brasileño prácticamente subsidia la producción de estas bebidas, invirtiendo dinero público a través de exenciones fiscales de una serie de impuestos”, dice ACT Health Promotion, una organización no gubernamental que actúa en la promoción y defensa de las políticas de salud pública.

La definición de la canasta básica varía de país a país. En Brasil, esa política, la canasta básica se refiere a un número reducido de alimentos, lo que facilita la implementación de políticas públicas de carácter nacional, pero homogeneiza las necesidades de la población. En México, por su parte, la canasta de alimentos abarca alrededor de 40 artículos distintos. Los productos van desde alimentos hasta artículos de limpieza.

“Hubo un cambio en el que el gobierno federal señala los bienes más esenciales de la canasta básica. Estamos hablando de granos para hacer tortilla, huevos y otros productos, pero el gobierno no establece qué proporciones necesita una familia”, dice Héctor Iván del Toro, economista y profesor de la Universidad de Guadalajara. El investigador afirma que esos productos considerados esenciales por el gobierno mexicano son insuficientes en calidad y cantidad.

Héctor ha estado realizando una investigación permanente desde la década de 1980 llamada Canasta Básica e índice de precios minoristas en el Área Metropolitana de Guadalajara, que trae un recorte territorial de una de las 31 provincias de México. La serie histórica busca comprender los alimentos que más consume la población y las cantidades necesarias para la definición de una canasta básica para una familia de cuatro a cinco miembros. Actualmente, su grupo trabaja con 121 artículos básicos. “En el estudio, vemos la evolución de la inflación y cómo influye directamente en los precios de los productos. La inflación tiene un gran impacto en el poder adquisitivo de la moneda mexicana y la gente puede adquirir cada vez menos”, afirma Héctor.

La inflación alcanzó el 6% en los últimos doce meses, una cifra relativamente baja en comparación con otros países de América Latina. Sin embargo, es el doble de lo proyectado por el Banco Central de México. El aumento de los precios de los productos básicos tomó por sorpresa a la población: el chile serrano subió un 54,39%, los aguacates un 24,55% y la carne de cerdo un 17,45%. También es importante resaltar la relación entre los alimentos y el valor del gas de cocina, utilizado en la mayoría de los hogares mexicanos, que se incrementó en un 21%. A fines de julio, el gobierno comenzó a establecer precios máximos para la venta del producto en cada región del país.

De acuerdo con el Artículo 123 de la Constitución de México, el salario mínimo debe ser “suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en un orden material, social y cultural, y para proporcionar educación obligatoria a los niños”. El salario mínimo subió a 141.7 pesos al día, o alrededor de 4300 pesos por mes, equivalente a US$ 216. Es el mayor aumento de la historia del país. Las cifras actuales, sin embargo, están lejos de garantizar lo previsto por la ley: según los datos obtenidos por el estudio coordinado por Héctor, habría que desembolsar unos 11.400 pesos, casi tres salarios mínimos, para que una familia pueda acceder a todos los ítems de la canasta básica.

Esta situación influye directamente en la vida de las familias, que necesitan buscar fuentes alternativas de ingresos, contar del trabajo de sus hijos o dejar de comprar algunos productos esenciales. “En la zona metropolitana de Guadalajara, alrededor del 30% de las familias encuentran grandes dificultades porque su salario no supera los 8 mil pesos” (US$393 en octubre del 2021), dijo Héctor. Reducir la cantidad de alimentos ingeridos diariamente y sustituirla por artículos con un peor perfil nutricional puede derivar en problemas de salud y una caída del rendimiento laboral y educativo.

México implementó el IVA, Impuesto al Valor Agregado, en 1978. El país aplica una tasa única del 16% a nivel nacional, pero exime algunos productos como medicamentos, agua potable, libros, periódicos, revistas y alimentos. La exención del IVA para alimentos fue aprobada en 2013 y beneficia a toda la población, ya que no hace distinción sobre el consumidor o los productos.

El tema genera grandes debates. Algunos expertos en Derecho Financiero han demandado que la cuota sea cero solamente para los productos de la canasta básica. De esa manera, se aumenta la recaudación. Actualmente, la tasa cero se aplica para alimentos esenciales como la leche y el pan, pero también para artículos de lujo como el caviar, el salmón ahumado y la goma de mascar.

Esta es una política contraria a la actitud pionera que tuvo México en la creación de un impuesto especial sobre refrescos, jugos y néctares. La medida fue adoptada en la última década con el objetivo de estimular el consumo de productos que se han convertido en un símbolo de la principal causa de muerte en el país: la diabetes, que supone al menos 100.000 muertes al año. El Impuesto a los Productos Especiales, el IEPS, también incide sobre la producción y venta de cigarrillos, bebidas alcohólicas y combustibles.

Organizaciones activistas de seguridad alimentaria han luchado por implementar propuestas similares en Colombia. En el país, la canasta familiar de alimentos incluye transporte, salud, educación, recreación, vestimenta, servicios públicos y todo lo que un hogar necesita. En la categoría de alimentos, se elabora a través de un proceso continuo de estudio sobre lo que consumen las personas, a través de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (INEGI).

Los productos más comunes, no exactamente los más necesarios, se incluyen en la cesta básica. “Actualmente, prácticamente todos los tipos de refrescos están incluidos en la canasta básica familiar, lo que significa que la frecuencia de consumo de este alimento está aumentando”, explica la economista Marta Sandoval, experta en Políticas de Desarrollo Territorial de la Universidad de los Andes.

Marta pertenece a la Asociación Colombiana de Salud Pública y lleva años trabajando con políticas de alimentación saludable, dedicándose, entre otros temas, a fortalecer políticas públicas que aseguren el abastecimiento de productos saludables y restrinjan los beneficios a los ultraprocesados. “Esto significa fomentar las economías campesinas, promover la diversidad de la producción y restringir el consumo de productos poco saludables”, argumenta.

Marta enumera cuatro medidas clave para reducir el consumo de productos ultraprocesados en el país: la creación de impuestos para las bebidas azucaradas, la regulación de la publicidad dirigida a niños y adolescentes, una política de etiquetado más estricta y la regulación de ambientes alimentarios saludables.

Un caso concreto muestra que el gobierno ha estado trabajando en la dirección opuesta: “Durante la pandemia muchos agricultores perdieron cosechas que podrían llegar a los hogares de las personas más pobres si contaran con inversión del gobierno en garantizar el transporte desde las zonas rurales a las ciudades. En un contrapunto, PepsiCo dijo ‘pudimos sostener nuestra producción durante la pandemia gracias al gobierno nacional, que nos apoyó porque somos un producto de la canasta básica familiar’”, recuerda Marta.

Las grandes empresas suelen afirmar que incentivar sus servicios es fundamental porque la disminución del consumo de refrescos, por ejemplo, puede afectar al empleo y también a la compra de materias primas a productores del sector por parte de estas empresas. “Se llaman salvadores de la producción campesina”, lamenta Marta.

El gobierno colombiano intentó impulsar una reforma tributaria a principios de 2021. Entre las propuestas estaba el cambio de mercancías exentas a mercancías excluidas. Los bienes exentos tienen una alícuota del 0% de IVA y los productores de estos rubros tienen derecho a recibir la devolución del impuesto, ya que han pagado esta tasa en otros procesos a lo largo de la cadena productiva.

Al trasladar estos bienes a la categoría excluida, los productores no tendrían derecho a la devolución y el resultado de esto sería un aumento de los costos de producción y los consiguientes aumentos de los precios para el consumidor final. “El gobierno ha creado un comité de expertos que recomendó reducir los beneficios fiscales de las grandes corporaciones. Lo que sucede, sin embargo, es todo lo contrario. Con cada reforma tributaria, en lugar de recortar los beneficios de las grandes empresas, lo que hacen son impuestos regresivos, que afectan a todos los hogares, especialmente a los de bajos ingresos”, dice Marta.

Las fuertes movilizaciones en Colombia en abril, mayo y junio hicieron que el gobierno federal retrocediera y retirara la propuesta de voto. Actualmente, el gobierno discute una reforma de solo 33 artículos, con el objetivo de aumentar los ingresos estatales para ampliar los programas sociales necesarios para apoyar a la población durante la pandemia. Según la Encuesta Pulso Social, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el 33% de los hogares colombianos no pueden alcanzar las tres comidas al día.

La situación también se complica en Argentina, la pobreza afecta al 40,6% de la población y del 10,7% viven en situación de indigencia, es decir, sin ingresos para alimentarse diariamente, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El cálculo se realiza de acuerdo a la capacidad de acceder a las canastas básicas: aquellos que no pueden adquirir la Canasta Básica de Alimentos (conjunto de alimentos y bebidas que cumplen con los requerimientos nutricionales y calóricos) están en la línea de indigencia y aquellos que no pueden adquirir la Canasta Básica Total (también incluye bienes y servicios como ropa, educación, salud, vivienda y otros) están en la línea de pobreza.

En junio de 2021, el valor total de la Canasta Básica Total para una familia de dos adultos y dos niños fue de 66.488 pesos. La cifra es un 51,8% más cara que en junio de 2020. Además, con un salario mínimo de 21.600 pesos, el equivalente a 220 dólares, no es posible adquirir ni la mitad de los bienes y servicios considerados esenciales. La última vez que el país pasó por tasas tan bajas fue en 2001, cuando la crisis económica elevó la tasa de pobreza al 58%.

El alza de los precios ha hecho que la población coma menos, pero también está comiendo peor: un estudio realizado por la Fundación Interamericana del Corazón (FIC Argentina) en septiembre de 2018 comparó los costos de las dietas saludables y cotidianas de la población argentina e identificó que la llamada dieta saludable era en promedio un 32% más cara de lo habitual.

El país avanza en la promoción de una alimentación más saludable: el 26 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de Promoción de la Alimentación Saludable, también conocida como la ley de etiquetado frontal, que prevé la inscripción de octágonos negros con informaciones sobre cantidad de azúcar, grasa y otros ingredientes que causan daños a la salud. Las grandes empresas tienen 6 meses para adaptarse a las nuevas exigencias, mientras que las pequeñas y medianas empresas tienen un plazo de un año.

“Tenemos un 40% de los niños y adolescentes con sobrepeso en el país. Al mismo tiempo, ocho de cada diez paquetes de alimentos ultraprocesados aportan información como ‘fuente de calcio’ y ‘reducción de azúcar’ y tres de cada diez contienen personajes que dialogan directamente con este público. Esto es muy preocupante”, advierte la nutricionista Victoria Tiscornia, investigadora de políticas de alimentación saludable en FIC Argentina.

La inspiración para el proyecto vino de Chile, que adoptó la ley en 2016 y ya viene recogiendo los frutos de esta política: el estudio Equilibrium Effects of Food Labeling Policies mostró una disminución del 9% en el consumo de productos con alto contenido de azúcar en el país.

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