NOTA DE BOCADO 18-06-21/ FOTO DE UTT
En 2016 la sociedad colombiana dio los primeros pasos de una batalla que recién empezaría a ganar en 2021. La ley de comida chatarra, como se conoce en ese país al paquete de medidas que comienza con sellos negros que identifiquen nutrientes críticos y termina con una sociedad que ya no compra con naturalidad bebidas azucaradas y snacks como si fueran alimentos adecuados, obtuvo el voto afirmativo de la Cámara de Senadores a solo tres días de terminar el período legislativo. Colombia ingresará así a los países con políticas públicas que preservan el derecho a la salud por encima de los intereses comerciales, un lugar en el que ya están Chile, México, Perú y Uruguay. Sin embargo aún no se puede cantar victoria: en los próximos días tendrá lugar la conciliación del texto final, una instancia en la que la industria espera aprovechar para boicotear el triunfo. “Estamos felices pero no es momento de bajar los brazos”, dice Carolina Piñeros, Directora Ejecutiva de la Red PaPaz, una de las organizaciones más implicadas en esta batalla.
¿Consideran que la #LeyComidaChatarra es una buena ley? ¿Qué implica?
Sí, es una buena ley y es necesaria para la población colombiana. Su objetivo es garantizar el acceso a información clara, veraz, oportuna, visible, idónea y suficiente, sobre los productos ultraprocesados, tanto comestibles como bebidas, que se ofertan en el país, con el objetivo de mitigar los hábitos alimentarios inadecuados.
El alma de la Ley es implementar de un etiquetado frontal de advertencia para todos los productos comestibles o bebibles, clasificados de acuerdo con el nivel de procesamiento, que evidencie los contenidos de edulcorantes o los excesos de azúcares, grasas saturadas, sodio.
El sello de advertencia deberá ser de alto impacto preventivo, claro, visible, legible, de fácil identificación y comprensión para los consumidores, con mensajes inequívocos que adviertan al consumidor de los contenidos excesivos de nutrientes críticos y la presencia de edulcorantes.
Estas etiquetas deberán estar en el frente de los empaques y su forma, leyenda y tamaño será determinada por el Ministerio de Salud acorde con la mejor evidencia científica disponible libre de conflicto de interés.
El Ministerio de Salud también deberá determinar el perfil de nutrientes para el país, acorde con los lineamientos y recomendaciones de OPS y OMS.
Colombia tuvo quizás uno de los caminos más turbulentos para llegar a esta instancia, ¿quiénes fueron los lobistas más importantes? Entre las marcas, ¿las empresas locales como Postobón o las internacionales como Nestlé y Coca Cola?
La ANDI (asociación Nacional de Industriales) de manera permanente ha hecho públicas sus posturas de desacuerdo con los artículos que consideramos centrales en este proyecto. Pero también sabemos que contratan empresas que hacen la tarea de presionar a los tomadores de decisión. Sumado a que en Colombia muchos Congresistas y partidos políticos reciben dinero para sus campañas de las grandes industrias.
A lo largo de la discusión, a través de estos congresistas, han presentado proposiciones que buscan modificar el proyecto de ley, evitando, por ejemplo, que se haga referencia a los niveles de procesamiento como un criterio para definir qué productos deberían contener el etiquetado. También han recomendado como referente el CODEX alimentario, el cual desconoce la clasificación de los productos debido a su nivel de procesamiento ni plantea umbrales para definir el exceso de nutrientes críticos. Adicionalmente, han hecho énfasis en incluir declaraciones en salud en productos que contengan sellos frontales de advertencia, lo cual puede producir efectos contrarios a los que se buscan con la #LeyComidaChatarra, en la medida que pueden confundir al consumidor.
Lamentablemente, la presencia del Ministerio de Salud ha sido muy pobre en los debates de esta Ley y el que ha estado presente es el Ministerio de Comercio, quien ha estado al lado de estas Industrias y de los gremios.
¿El impuesto a las bebidas azucaradas en qué instancia se encuentra?
Se ha buscado que el impuesto a las bebidas azucaradas sea discutido en el contexto de las reformas tributarias presentadas por el Gobierno. En el último articulado presentado por el Ejecutivo para su discusión en el Congreso no fue incluida, a pesar de ser una recomendación de las comisiones de expertos consultadas.
En este momento, el proyecto de reforma fue retirado y no está en discusión; sin embargo, se sabe que se está preparando un nuevo texto y esperamos que el impuesto a las bebidas azucaradas sea incluido. En caso de no ser así, hay varios congresistas que han afirmado públicamente la necesidad de que lo incluyan en la propuesta de reforma, posiblemente ellos lo presentaran vía proposición durante el debate.
Desde la sociedad civil se ha puesto mucha insistencia en su conveniencia, también es una medida que goza de aceptación por parte de la ciudadanía. Estamos listos para hacer incidencia y lograr que se debata y apruebe en el congreso.
William Dermody, vocero de la asociación de bebidas estadounidense, afirmó que gravar las bebidas no tendría ningún tipo de incidencia en la obesidad. ¿Qué opinión tienen ustedes?
Existe evidencia científica libre de conflicto de interés que señala que el impuesto sí reduce el consumo, que es lo primero que se busca, con el tiempo esta reducción aporta a los objetivos en salud propuestos.
Por ejemplo, en México: El consumo de dichos productos disminuyó 9.7% en el 2015. De igual forma, dos años después de implementado el impuesto las compras de agua embotellada se incrementaron 2.1%. El número de consumidores de Bebidas Endulzadas disminuyó después del impuesto, mientras que el número de NO–consumidores aumentó. Después de la implementación del impuesto, la probabilidad de convertirse en no-consumidor aumentó en 4.7 puntos porcentuales, y la probabilidad de ser un consumidor bajo se incrementó en 8.3 puntos porcentuales.
En Berkeley, las ventas de bebidas azucaradas disminuyeron 9.6% en las tiendas en un año, igual ocurrió en Reino Unido y en otros países dónde se ha implementado.
Justamente estudios en Colombia prevén que al implementarse un impuesto no menor a 20% el consumo de estas bebidas se reduciría en 32%
¿Cuán poderosa es la industria azucarera en Colombia?
Muy poderosa. En Colombia esta industria es dueña de la de bebidas azucaradas y de comestibles y dulces ultraprocesados. Han impedido y bloqueado medidas que promueven la disminución de consumos no saludables. Muchos de los escenarios de decisión pública están capturados por estas industrias, tienen un enorme poder para influir en decisiones. Han logrado además crear un frente común liderado por la ANDI, que en varias oportunidades ha actuado acompañado de otros gremios FENALCO (Comerciantes), ANDA (Anunciantes), e incluso de asociaciones que la industria financia como ACTA y ALACCTA. Lamentablemente, en lugar de ser regulados participan o, más bien, bloquean las decisiones de salud pública.
¿Qué rol juegan y han jugado los medios de comunicación en estos procesos?
Algunos medios de comunicación masivos son también propiedad de los mismos dueños de empresas de bebidas azucaradas, lo que hace nuestra tarea un poco más difícil. Hemos sufrido vetos a la divulgación de nuestros mensajes en la TV abierta nacional (pueden ver los mensajes en www.nocomasmasmentiras.org y en www.villanabebidaazucarada.org). Por esa razón en el 2018 acudimos a una acción de tutela, acción legal que ganamos hasta la última instancia. Gracias a ese triunfo las organizaciones de la sociedad civil podemos pautar mensajes de bien público en TV. A su vez, tenemos una estrategia de relacionamiento con periodistas, comunicadores y plataformas, muchos de ellos independientes, que nos han ayudado enormemente a amplificar el mensaje. Ellos han sido claves para que muchas más personas en Colombia entiendan lo que es la #LeyComidaChatarra, vean con buenos ojos el #ImpuestoSaludable a las bebidas azucaradas, nos ayudan a sumar voces que presionan a los tomadores de decisión y, además, visibilizan las malas prácticas de la industria que denuncia la sociedad civil.Colombiaetiquetadoetiquetado frontalimpuestosops