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“Intereses económicos particulares se han puesto por encima del derecho a la alimentación adecuada y la salud”: la denuncia de varias organizaciones

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NOTA DE SEMANA 14/06/2021/FOTO DE EL TIEMPO

La denuncia se debe a que el proyecto de Ley Comida Chatarra no fue agendado para debatirse en Senado este martes.

Organizaciones de la sociedad civil y la academia expresaron su preocupación este lunes, puesto que a pocos días del final del periodo legislativo en el Congreso de la República, el proyecto de ley comida chatarra no fue agendado para debate en el Senado este martes 15 de junio.

Por tal motivo, es probable que esta iniciativa se hunda por tercera vez, a pesar de la presión de la sociedad civil y de la academia.

Este proyecto de ley tiene como objetivo una nueva exigencia para la industria, para que coloque “los sellos frontales de advertencia en los productos comestibles o bebibles, de acuerdo con contenidos de edulcorantes y/o con el contenido en exceso de azúcar, sodio o grasas saturadas”.

“Esta iniciativa tiene el apoyo de más de 280.000 personas que han firmado la petición en línea (disponible en www.nocomasmasmentiras.org) y las más de 7.100 cartas que la ciudadanía ha enviado a los miembros de la mesa directiva del Congreso pidiéndoles que agenden esta iniciativa antes del 20 de junio de 2020”, explicaron las organizaciones.

Adicionalmente, destacan que una encuesta realizada por el periodista Lucas Pombo de W Radio, en la que se preguntaba: “¿Cuál debe ser el proyecto que priorice el Congreso de la República en el remate de las sesiones ordinarias? y que fue respondida por más de 2.300 personas, se pidió la priorización de esta discusión.

“La implementación de los sellos frontales de advertencia cobra aún más importancia debido a los altos niveles de sobrepeso, obesidad, diabetes y otras enfermedades no transmisibles relacionadas con la nutrición que afronta el país”, resaltan.

Y mencionan las cifras de la Organización Mundial de la Salud, que dicen que los colombianos tienen altas tasas de sobrepeso (55,8 %), obesidad (20,7 %) y diabetes (8,0 %). Adicionalmente, la Encuesta de Salud Nutricional 2015 establece que 1 de cada 4 escolares entre 5 y 12 años tiene exceso de peso y más de la mitad de los adultos afrontan esta situación.

Mientras que organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y la Organización Panamericana de la Salud han publicado documentos técnicos, en los que destacan los altos riesgos de los productos comestibles ultra-procesados para la salud.

De otra parte, varios estudios, de los cuales destacan que no tienen conflictos de interés han mostrado que consumir una dieta de productos comestibles ultra-procesados se relaciona, 10 a 20 años más tarde, con aumento de peso, aumento de enfermedades cardíacas, mortalidad por todas las causas, aumento de diabetes, hipertensión y varios tipos de cáncer.

Vale la pena tener en cuenta que el término productos comestibles ultraprocesados hace referencia a la comida (incluyendo bebidas) chatarra, que la industria suele engañosamente presentar como “alimentos”.

Y un estudio realizado en Colombia dice que los sellos de advertencia octagonales en el frente de los empaques son claros, comprensibles y ayudarían a promover una alimentación saludable, pues los adultos que participaron percibieron que los comestibles y bebidas con sellos de advertencia eran menos saludables y hacía que fuera menos probable su compra en comparación con los productos sin sellos.

Para Mercedes Mora y Luis Fernando Gómez, profesores de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad Javeriana, la situación de salud pública que enfrenta Colombia y el mundo entero con el virus de la covid-19, las enfermedades crónicas y otras enfermedades relacionadas con patrones de alimentación no saludables, requiere urgentemente que exista una información adecuada, veraz y oportuna en los comestibles ultraprocesados.

Y en la Red Académica Por el Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuadas piden que prevalezca el bien común sobre el interés particular de la industria y que la evidencia científica sin conflicto de interés guíe las regulaciones que buscan garantizar el derecho humano a la salud, la alimentación y la información.

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