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#EnColombia ¿Cómo serán las etiquetas de la ‘comida chatarra’?

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NOTA DE SEMANA 12-03-21/ FOTO ISTOCK

Regresa el debate por el etiquetado de comestibles ultraprocesados. El Gobierno y el Congreso le quieren meter mano al tema, pero las tensiones siguen. Así va la polémica.

Todo está listo para que se inicie un nuevo capítulo en la discusión sobre el etiquetado de los comestibles ultraprocesados, uno de los temas que más controversia ha generado en los últimos años y que ha despertado tensiones entre organizaciones no gubernamentales, sector privado, Congreso y Gobierno.

No solo por los comerciales que han vuelto a salir en horarios triple A de la televisión nacional, sino también por el lento desarrollo de los anuncios que se dieron hace un año por parte del Gobierno en este polémico frente.

En febrero de 2020, el presidente Duque anunció con bombos y platillos la propuesta del Gobierno que contempló incluir sellos frontales de advertencia para aquellos productos que tuvieran reportes de altas concentraciones de azúcares añadidos, sodio y grasas saturadas. El interés con el cambio en el etiquetado es que los colombianos tengan más conocimiento y tomen decisiones informadas antes de consumir determinados productos y disminuir así el riesgo de sufrir de enfermedades no transmisibles como obesidad, hipertensión o diabetes, entre otras. El Gobierno también anunció en ese momento un acuerdo con la industria para establecer los niveles máximos de sodio en los alimentos.

Los sellos presentados por el Gobierno y que se encuentran en consulta internacional son redondos, monocromáticos y con las frases “alto en azúcares añadidos”, “alto en sodio” y “alto en grasa saturada”. Así mismo, se establecerá una normatividad para que las tablas nutricionales sean más simples y grandes.En teoría, la adopción de este nuevo etiquetado tendría que darse a partir de mayo de este año y su obligatoriedad empezaría a regir en el segundo semestre de 2022, 18 meses después de la expedición de la respectiva resolución. Mientras tanto, en el Congreso avanzó en Cámara un proyecto de ley sobre etiquetado en comestibles ultraprocesados, conocido como la Ley de Comida Chatarra, y en los próximos días entrará a debate en el Senado.– Foto: valentina pÉrez / LDP / Archivo particular/ / iván valencia

Si bien el Gobierno y el Congreso han hecho esfuerzos para coger el ‘toro por los cuernos’ en la tarea de bajar las tensiones entre los gremios industriales de alimentos, los sectores políticos y las organizaciones sociales, el debate aún está lejos de terminar.

¿Por qué? Mientras sectores del Congreso y organizaciones civiles como Red PaPaz buscan que los sellos del etiquetado propuestos sean más radicales en sus anuncios, como en Chile o México; en el sector privado, aunque no hay unanimidad acerca de la adopción de los sellos, prefieren la propuesta del Gobierno. A su vez, la propuesta legislativa no ha sido sencilla. Se han presentado tres proyectos que no avanzaron. Sin embargo, en Cámara un proyecto sobre etiquetado logró alinear la discusión y ahora iniciará su tránsito en el Senado.

Mauricio Toro, representante por la Alianza Verde y coautor de la iniciativa, explicó que se busca adoptar una medida de salud pública que permita que, por medio de sellos frontales, los consumidores puedan identificar con facilidad dichos alimentos ultraprocesados.

Además del etiquetado, el proyecto le dará facultades al Gobierno para diseñar herramientas pedagógicas sobre hábitos alimentarios saludables y autoriza al Invima y a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para sancionar a las compañías que incumplan las eventuales normas.

Toro manifestó que el trámite de este proyecto no ha sido nada fácil, pues la oposición de la industria y el lobby de las compañías han tenido una incidencia en el proceso. Y frente al proyecto del Gobierno, dijo que este nació de un afán por solucionar el problema cuando se encendieron las alarmas por la iniciativa que venía avanzando en el Congreso y que, al día de hoy, no se conoce el borrador de la resolución y aseguró que incluso existiría un choque entre los ministerios de Salud y de Comercio por el tema.

Además, también se refirió al tipo de sellos que presentó el Gobierno y explicó que al ser redondos, estos no cumplen con su papel de advertencia. Sin embargo, cabe destacar que este proyecto no es excluyente del presentado por el Ejecutivo.

De hecho, dentro de este se crean las herramientas para que el Gobierno determine el tipo de etiquetado, siempre y cuando cumpla con la evidencia técnica que han recopilado la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Según Toro, tanto la OMS como la OPS recomiendan que el etiquetado frontal de advertencia debe ser octogonal y no circular, como lo propone el Gobierno: si bien parece irrelevante, en este caso las formas son fundamentales. Sobre todo porque generalmente las personas asocian las figuras redondas con sellos de calidad, mientras que las octagonales son más comunes en símbolos de advertencia.Mientras que el Gobierno propuso estos sellos circulares, en Chile utilizan formas octagonales para advertir a los consumidores. – Foto:

Por su parte, Carlos Eduardo Acosta, representante del partido Colombia Justa Libres, ponente del proyecto, indicó que uno de los propósitos de este es que las personas puedan tener un consumo responsable e informado. Pero aclaró que no quieren que se satanicen estos comestibles, ni que la medida se convierta en una mordaza para el libre mercado.

Las diferencias entre los grupos interesados son evidentes. Camilo Montes, director de la Cámara de la Industria de Alimentos de la Andi, explicó que desde 2018 el gremio ha venido trabajando con el Gobierno con el fin de mejorar la información nutricional y que junto con las ONG participaron en la construcción de la normatividad.

Montes también destacó que Colombia es el único país en la región y de los primeros en el mundo que adopta una regulación con el Gobierno para establecer niveles máximos de sodio en los alimentos. Por otro lado, explicó que van a acelerar los tiempos autónomamente. Le apuntan a que, finalizando este año, ya se empiecen a ver en las góndolas los sellos de advertencia redondos.

Por su parte, Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red PaPaz, dijo que la Ley de Comida Chatarra tiene todos los enemigos del mundo. Para ella, en el país han primado los intereses económicos por encima de la salud y dijo que el proyecto que se tramita en el Congreso no la tendrá fácil, pues las campañas de muchos congresistas son financiadas por estas grandes industrias.

Por otro lado, se mostró incrédula con respecto a la regulación que avanza en el Ministerio de Salud, pues considera que solo responderá a los intereses de la industria. Para Piñeros, prueba de ello es que los sellos presentados por el Gobierno son redondos y además utilizan la palabra “alto” y no la palabra “exceso”.

La experiencia internacional en esta materia es amplia. El etiquetado octagonal se utiliza ya en varios países de la región como Perú, México, Uruguay y Chile. Este último fue un pionero en la materia y según cifras del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile, desde 2016 las ventas de las bebidas y jugos azucarados ultraprocesados cayeron 25 por ciento y las de los cereales para el desayuno, 36 por ciento.

Muchas compañías se concentraron en cambiar y ajustar sus fórmulas para que sus productos no tuvieran sellos de advertencias, camino que está viendo la industria en Colombia y que busca desarrollar activamente en el futuro cercano.

Todo parece indicar que este año le llegó el turno a Colombia y la pandemia ha dejado claro que cualquier esfuerzo que se haga en materia de salud pública para evitar la incidencia de las enfermedades no transmisibles es importante, sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, la obesidad aumenta en unas diez veces el riesgo de muerte por coronavirus.

Así las cosas, el país queda a la espera de lo que suceda con la reglamentación que está pendiente del Gobierno y, por supuesto, con el futuro del proyecto de ley que empezará su camino en el Senado y cuya designación de ponentes está en trámite. Este, como muchos otros temas sensibles, llega en momentos de una gran incertidumbre y polarización por el debate electoral que ya se inició. La controversia sigue abierta.

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