Apoyo del Gobierno y la OMS a la ley y evidencia científica pesaron más que lobby de la industria.
En una decisión que ha sido calificada como histórica, el Senado de México aprobó esta semana la reforma a la Ley General de Salud que hará obligatorio el uso del etiquetado frontal de advertencia en todos los productos industrializados y bebidas azucaradas (no alcohólicas) para informar a los consumidores sobre contenidos altos de nutrientes críticos.
A falta de la sanción presidencial, México se convirtió, de esta manera, en el cuarto país en Latinoamérica en aprobar esta medida, pues hasta ahora solo Chile, Uruguay y Perú han adoptado este tipo de etiquetado respaldado por las principales autoridades de salud y que, valga decir, se hundió este año en el Congreso colombiano.
En esencia, lo que busca esta reforma es que los consumidores tomen decisiones informadas respecto a su alimentación con base en etiquetados claros y sencillos de entender. Y en ese sentido, la nueva ley establece que los productos industrializados y bebidas azucaradas deberán rotularse con un etiquetado de advertencia o con las características nutricionales en las que el producto supera el valor establecido.
Por ejemplo, los productos que así lo merezcan deberán contener un símbolo que diga “Alto en”, seguido de la característica que se tenga que destacar ya sea grasas, saturadas, sodio, azúcares, entre otras.
Ahora, se entra en una etapa de consulta pública en la que se deben definir las características de ese etiquetado, como si serán los octágonos usados en otros países, los criterios técnicos y cambios en lista de ingredientes y la tabla nutrimental que deben contener los productos. Dicha consulta será por 60 días y por supuesto se espera que la industria combata el proyecto de norma.
En cualquier caso, la aprobación de esta ley es icónica, si se quiere, pues México enfrenta una epidemia de obesidad y diabetes, enfermedades asociadas al consumo en exceso de este tipo de paquetes. Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2016), tres de cada cuatro mexicanos mayores de 20 años padecían sobrepeso u obesidad.
Lo grave es que de acuerdo con la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), el 40 por ciento de la ingesta de calorías de preescolares proviene de productos ultraprocesados, mientras que para adolescentes es 35 % y para adultos 26 %. Además, en ese país entre el 58 % y el 85 % de los niños, niñas y adolescentes tienen un consumo excesivo de azúcares añadidos, y entre el 67 % y el 92 % lo tiene de grasas saturadas.Una dura batalla
La aprobación de esta ley fue celebrada por los principales voceros de la salud pública de este país, donde la obesidad mata más gente que el tabaco. Y no era para menos: la conquista llegó después de una larga batalla en la que, tal como denunciaron organizaciones civiles, el lobby de la industria de alimentos y bebidas azucaradas logró hacer de las suyas por algún tiempo.
Simón Barquera es el director del centro de investigación en nutrición y salud en el Instituto Nacional de Salud, una entidad pública adscrita al Ministerio que se dedica a producir evidencia para políticas sanitarias. Él, que tuvo participación directa en esta iniciativa, apunta que si bien se trató de un juicioso ejercicio respaldado por la evidencia científica, fue clave el respaldo del gobierno nacional y de la OMS para sacar adelante la ley.
Los diputados que respaldaron el proyecto de ley celebraron así en el Congreso mexicano.Foto: ARCHIVO PARTICULAR –
Para entender los alcances de esta reforma y comparar este proceso con el caso colombiano, donde se han caído en el Congreso al menos tres proyectos de ley con esta intención -el más reciente hace pocos meses- EL TIEMPO habló con Barquera, quien es doctor, especialista en obesidad y un reputado investigador.¿Cómo surgió la iniciativa?
Desde el 1999 se comenzó a evidenciar a través de encuestas nacionales el dramático aumento de la obesidad en el país y en el 2003 se comenzaron a investigar las causas. Desde esa época, dentro de un paquete de acciones, se propuso el etiquetado que orientara a los consumidores sobre alimentos poco saludables. En el 2010 el gobierno adoptó el sistema de etiquetado GDA, pero tal como lo demostramos con evidencia científica, este modelo no se comprende ni en el mundo ni en México.
Por el 2014, cuando Chile presentó el etiquetado de advertencia, y aprovechando las experiencias generadas en ese país, comenzamos a compararlo con nuestro país evidenciando que sí se entiende. Eso lo compartimos después a senadores y diputados, a quienes les dijimos que ese modelo chileno sería la mejor opción.
¿Cómo fue el proceso para llevar esto al Congreso y que obstáculos enfrentaron?
Fue largo, pero lo que dio claridad fue tomar la decisión de seguir el modelo chileno, donde la evidencia demostró una reducción en el consumo de estos alimentos y bebidas. Hicimos tres estrategias: tratar de modificar por el ejecutivo la norma de etiquetado GDA, cambiar la ley de salud a través del Congreso y por la vía judicial presentamos una demanda ante la Suprema Corte alegando que el etiquetado GDA iba en contra de los derechos de los niños al ser confuso y usar cifras engañosas.
Con el cambio de gobierno y nuevos legisladores hubo una apertura a escuchar esta propuesta y en la sociedad civil se alineó la academia, las organizaciones de consumidores, los organismos internacionales como la OMS y Naciones Unidas. La única oposición llegaba de la industria y llegó un momento en el que perdieron toda credibilidad porque se dedicaron a negar la evidencia, confundir y desviar la atención. Estrategias típicas que retrasaron el proceso, pero que al final fallaron.
¿Cuáles eran los principales argumentos de la industria?
Los argumentos fueron variados. Empezaban por negar que el sistema de etiquetado frontal funcionara o tuviera evidencia. Y cuando se pasaba el nivel y se demostraba que no era cierta esa afirmación, decían que no era aplicable a México, siempre buscando una forma de desviar o negar la mejor evidencia posible. También aseguraban que esta ley no iba a resolver el problema de la obesidad.
¿Cómo fue el lobby de la industria?
Hicieron mucho lobby. Cuando esta ley se aprobó por completo en la cámara de diputados (de representantes, trasladando a Colombia), la industria fue donde ellos a pedir calma, a decir que se trataba de una política pública que no se podía discutir tan rápido. Como veían que no podían detenerla, querían retrasarla. También pagaron muchos anuncios en medios tergiversando la información y diciendo, por ejemplo, que la leche light o las sardinas iban a tener muchos sellos, algo que no era cierto. Una estrategia agresiva y poco ética.
¿Cuál fue la posición de la Secretaría (ministerio) de Salud?
La Secretaría apoyó decididamente la iniciativa desde el principio. Es gente que está formada en salud pública y por eso entendieron muy bien que estas políticas tienen efectos importantes, que no pueden resolver por completo el problema de la obesidad, pero sí contribuyen a compartirla.
También ayudó que el director de la OMS respaldó públicamente la iniciativa…
Claro, eso fue muy importante porque derrumbó muchos de los argumentos de la industria, que quedó aislada y sin credibilidad. Con el tema del Códex Alimentario, por ejemplo, con el que se han escudado, quedó claro que se trata de un espacio de la OMS donde participa la industria y que emite recomendaciones para la creación de normas a nivel local, más enfocadas a seguridad, inocuidad y seguridad de los alimentos, pero no se encarga de dar directrices. Y en ese sentido, lo que este órgano dice no debe chocar con políticas como estas que lo único que buscan es mejores condiciones de nutrición para la población.¿Qué contempla la ley?
Todo producto ultraprocesado debe advertir con un sello si es alto en los tres nutrientes críticos: azúcar, sal o grasas saturadas. Además se añade un sello para grasas trans, otro para exceso de calorías y uno más que advierte la presencia de edulcorantes y que por tanto no se recomienda en niños. Hay otros microsellos que van en paquetes muy pequeños.¿Qué viene ahora?
Viene un periodo de consulta de dos meses en el que se escucharán los comentarios de todos los interesados, pero aquellos sin sustento técnico se van a desechar. Si es por evidencia, estamos tranquilos. Hemos presentado la mejor posible y estamos seguros de que esta ley podrá impactar en la salud de los mexicanos.
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