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Demandan ley que modificaron los congresistas para no declarar conflicto de intereses en las votaciones de Proyectos de Ley

TyN Magazine

NOTA DE CUARTO DE HORA 10-11-20/FOTO DE TyN MAGAZINE

El Colectivo de abogado José Alvear Restrepo (CAJAR) demandó la ley que modificaron algunos congresistas para poder votar proyectos de ley que favorecen a las empresas que les financiaron su campaña.

Este martes 10 de noviembre, el colectivo de abogados presentó la demanda ante la Corte Constitucional que busca desmontar la ley que omite el conflicto de intereses de los parlamentarios al votar en los debates y aprobación de leyes.

“Al disminuir el régimen del conflicto de interés, la norma acusada impide que los congresistas cumplan con sus funciones de representantes políticos de manera transparente”, indica el Cajar.

Anteriormente, el régimen de conflicto de interés obligaba a los congresistas a expresar públicamente que no podían intervenir en un debate o votar un proyecto cuando habían sido financiados por industrias que podrían beneficiarse, o verse perjudicadas, por dicho debate o votación.

El presidente del Cajar, Reinaldo Villalba Vargas junto al ex magistrado del Consejo Nacional Electoral Armando Novoa, solicitan a la Corte que declare inconstitucional la norma mencionada, para evitar que los poderes económicos interfieran con los debates legislativos.

“la reforma aprobada en el 2019, facilita la intromisión de intereses particulares en el debate y aprobación de proyectos de ley. Así mismo, señalan los demandantes que se están violando normas constitucionales evidentes, se incorporan criterios que debilitan la función legislativa y facilitan la interferencia de la industria en el diseño de políticas públicas, en especial en temas relacionados con los derechos humanos y las políticas de salud pública”, reza en la demanda presentada.

A manera de ejemplo sobre los inconvenientes que ha traído la disminución del régimen del conflicto de intereses, el demandante Reinaldo Villalba explicó que “vimos recientemente en la discusión del Proyecto de Etiquetado Frontal de Advertencia para ultraprocesados y bebidas azucaradas, más conocido como Ley Comida Chatarra, donde congresistas que recibieron dinero de esta industria no declararon su conflicto de interés y aun así intervinieron en el debate y mucho más grave, fueron parte de la comisión que buscaba modificar la iniciativa.”

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