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Demandan ley que debilitó el régimen de conflicto de interés en el Congreso.

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•          Congresistas modificaron la ley para poder votar proyectos de ley que favorecen a empresas que los han financiado.

•          “Al disminuir el régimen del conflicto de interés, la norma acusada impide que los congresistas cumplan con sus funciones de representantes políticos de manera transparente”, advierte el Cajar.

Bogotá, 10 de noviembre de 2020. Hoy fue presentada la demanda ante la Corte Constitucional del literal (e) del artículo 1 de la ley 2003 de 2019, que desmonta el régimen de conflicto de interés que deben cumplir los parlamentarios, cuando se debaten y aprueban leyes.

Esta figura del régimen de conflicto de interés obligaba a los congresistas a expresar públicamente que no podían intervenir en un debate o votar un proyecto cuando habían sido financiados por industrias que podrían beneficiarse, o verse perjudicadas, por dicho debate o votación.  

La demanda presentada por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral Armando Novoa, solicita a la Corte que declare inconstitucional la norma mencionada, para evitar que los poderes económicos interfieran con los debates legislativos. 

Se advierte en el documento que la reforma aprobada en el 2019, facilita la intromisión de intereses particulares en el debate y aprobación de proyectos de ley.  Así mismo,  señalan los demandantes que se están violando normas constitucionales evidentes, se incorporan criterios que debilitan la función legislativa y facilitan la interferencia de la industria en el diseño de políticas públicas,  en especial en temas relacionados con los derechos humanos y las políticas de salud pública.

“Desde que entró en vigencia esta ley, los congresistas que recibieron recursos de empresas privadas para sus campañas, han votado, modificado y archivado proyectos que buscan regular a sus financiadores. Un ejemplo de esto lo vimos recientemente en la discusión del Proyecto de Etiquetado Frontal de Advertencia para ultraprocesados y bebidas azucaradas, más conocido como Ley Comida Chatarra, donde congresistas que recibieron dinero de esta industria no declararon su conflicto de interés y aún así intervinieron en el debate y mucho más grave, fueron parte de la comisión que buscaba modificar la iniciativa.” Explica Reynaldo Villalba, Presidente del CAJAR.

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