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Estudio expone las interferencias de la industria en leyes saludables

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NOTA DE EL TIEMPO 23-09-20/ FOTO ARCHIVO EL TIEMPO

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y la ONG El Poder del Consumidor en México realizaron un estudio que deja en evidencia las estrategias que las industrias de alimentos y bebidas utilizan para frenar las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que buscan contener las preocupantes cifras de obesidad y sobrepeso en el continente, según afirman.

En concreto, según la investigación, estas organizaciones demostraron que los productores de comestibles ultraprocesados y bebidas azucaradas “han interferido sistemáticamente en el proceso de adopción del etiquetado frontal de advertencia en América Latina”. A esta conclusión llegaron después de comparar la situación en Chile, Perú, México, Uruguay y Colombia.

En el informe del estudio señalan que estas limitaciones se han acrecentado en el marco de la pandemia de covid-19, dado que muchas empresas realizan inmensas donaciones “que buscan estrategias de marketing y publicidad gratuita” de sus productos, considerados de alto riesgo, según los autores.

El estudio contextualiza la investigación con datos de la OMS, que considera esta parte del mundo “la región en la que ocho de cada 10 personas mueren por alguna enfermedad no transmisible (ENT), pero lo más grave es que el 35 por ciento son muertes precoces, que ocurren en personas de entre 30 y 70 años”; lo que ubica, según ellos, al continente como una de las regiones más afectadas por condiciones como el sobrepeso y la enfermedad, y todas las enfermedades que desencadenan.


Entre las estrategias de las grandes industrias para interferir la implementación de políticas de etiquetado frontal reseñadas en el estudio están “el cabildeo y negociación con los legisladores, la financiación de las campañas electorales, el pago de expertos con conflictos de intereses, la difusión de argumentos falaces que generan miedo económico, la captación de líderes sociales y voceros, el lavado de marcas a través de acciones de responsabilidad social empresarial, la captura de espacios de decisión política y la consolidación de puertas giratorias”.

También se cuentan las demandas judiciales de las normas promovidas y la intimidación a organizaciones de derechos humanos que las promueven, revela el informe de las dos organizaciones.Pagarán 11.000 euros a quien baje los kilos que subió en cuarentenaLas siete claves para una buena nutrición durante la pandemia

Estas interferencias ponen de presente un problema político fundamental, como es la “expansión del poder corporativo y su penetración en cada una de las dimensiones de la esfera pública”, lo que redunda en el diseño de políticas públicas en las que hay claros conflictos de intereses, a juicio de los investigadores.

El estudio avala, a partir de sus resultados, los etiquetados frontales de advertencia porque “proveen al consumidor información sobre la calidad nutricional de los productos”.

En cuanto a Colombia, el documento llama la atención en que la propuesta para implementar el etiquetado frontal de advertencia ha sido presentada tres veces en el Congreso: las dos primeras veces, el proyecto se cayó y “la interferencia de la industria fue notable a través del cabildeo”.

Un proyecto con las mismas características hace trámite legislativo actualmente, y en el último debate, en junio, los sellos de advertencia fueron retirados, al igual que las regulaciones a la publicidad de comestibles ultraprocesados, detalla el informe.

El informe revela cómo la industria de comestibles ultraprocesados y bebidas azucaradas ha interferido sistemáticamente en el proceso de adopción del etiquetado frontal en América Latina

“Nos demoramos para aprobar una ley que prohibiera el asbesto, un material cancerígeno. Hoy vemos algo similar con proyectos como el impuesto a las bebidas azucaradas o el etiquetado frontal de advertencia. Aunque la evidencia científica señala que esas medidas previenen males como la diabetes o la hipertensión, los proyectos de ley se siguen cayendo en el Congreso”, señala Alejandro Mantilla, uno de los investigadores.


Para Yessika Hoyos, abogada del Cajar, este fenómeno no solo afecta a Colombia. “El informe revela cómo la industria de comestibles ultraprocesados y bebidas azucaradas ha interferido sistemáticamente en el proceso de adopción del etiquetado frontal de advertencia en América Latina. Tanto en su paso por los congresos como en la fase de reglamentación y durante su implementación, la industria ha puesto en marcha diversas estrategias orientadas a obstaculizar la medida”, afirma.

El informe señala que en Chile, Perú México y Uruguay, donde ya se aprobó el etiquetado, la industria adelantó diversas estrategias para ponerle trabas al proceso.

“Esas prácticas son la ley del vivo, pues impiden prevenir enfermedades que hoy son más peligrosas, pues generan mayor riesgo en caso de infección por covid, buscando garantizar las ganancias de unos pocos a costa del derecho a la salud de millones”, rematan.

Con respecto al debate del etiquetado y al papel que ha jugado el cabildeo, las cámaras de la Industria de Alimentos y de la Industria de Bebidas de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) indicaron que, al ser el Congreso la máxima institución deliberativa, la interlocución se encuentra amparada en la Constitución Política y en la Ley 5 de 1992.

“Nuestro accionar es público y abierto”, aseguraron al explicar que asisten al Congreso por invitación de parlamentarios y que enviaron documentos técnicos con sus consideraciones jurídicas, técnicas y económicas y “en el ejercicio de presentar la posición de las industrias que representamos. Al final la decisión la toma el Congreso”.

José Andrés Duarte, director de la Cámara de Bebidas de la agremiación, explicó que esta articulación fue la que llevó a que en febrero se presentara el modelo de etiquetado frontal.


“La industria de bebidas ha aportado y continuará aportando a la conversación desde la investigación y evidencia técnica y científica, de manera abierta, tanto a la opinión pública como a todos los actores involucrados”, recalcó.

Por su parte, Camilo Montes, director de la Cámara de Alimentos de la Andi, indicó que desde el primer día se insistió en el liderazgo del Gobierno, basándose en un sustento técnico y científico robusto, para entregarles a los consumidores información nutricional clara, veraz y suficiente.

Según Duarte y Montes, esa participación hizo posible presentarles al país y la comunidad internacional un acuerdo en el cual, por primera vez en América Latina, y probablemente en el mundo, el Gobierno, las industrias de alimentos y bebidas y representantes de la sociedad civil acuerdan evolucionar en el etiquetado nutricional y frontal de advertencias.

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