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El Cajar invita a acabar con la Ley del Vivo

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Alerta contra la interferencia y los comportamientos “poco éticos” de la industria de los comestibles ultra-procesados y las bebidas azucaradas.


Revela al menos diez formas con las cuales la industria de ultraprocesados y bebidas azucaradas obstaculiza los procesos de formulación de política públicas de salud y alimentación.


• La Ley del vivo recoge todas esas prácticas de interferencia que han impedido que se apruebe en el Congreso el etiquetado frontal de advertencia, el impuesto a las bebidas azucaradas, los entornos escolares saludables y la regulación de la publicidad de ultraprocesados y bebidas azucaradas
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Bogotá, 24 de septiembre de 2020.

La nueva fase de la campaña Dulce Veneno llega a través de canales y medios digitales para llamar la atención a colombianas y colombianos que toman las decisiones del consumo de alimentos en sus hogares para que conozcan las denuncias, entiendan las prácticas de captura corporativa e interferencia de la gran industria de bebidas azucaradas y productos ultraprocesados en nuestro país, las rechacen y se unan para hacer parte de la solución.

Es así, como el CAJAR convoca a enfrentar la Ley del Vivo, a no seguir en silencio frente a la falta de políticas públicas de salud y alimentación que garanticen los derechos fundamentales de niños, adolescentes y adultos, al conocer la información clara y veraz sobre la alimentación que consumen. ¿Qué pueden hacer los interesados en la campaña Dulce Veneno?, replicar la información, firmar peticiones y compartir a través de redes sociales la importancia de las denuncias y etiquetar a congresistas, alcaldes, personeros, concejales y otras autoridades que tienen en sus manos garantizar nuestros derechos.

La interferencia de la gran industria en políticas de salud y alimentación es nociva para la salud. Desde el año 2016, la insdustria de Productos de Comestibles Ultraprocesados – PCU – y bebidas azucaradas – BBAA- ha implementado de manera sistemática diversas acciones, equiparables con las malas prácticas de la industria del tabaco, para impedir la aprobación de medidas que las regulen.

Estas práticas históricas y estructurales se recrudecen en tiempos de pandemia donde la industria se ha aprovechado de las crisis creando un falso dilema entre saciar y nutrir, para continuar posicionándose como salavador y como un actor legítimo en la política pública de alimentación.

Oganizaciones de la sociedad civil, que han impulsado políticas de salud pública y alimentación como el etiquetado frontal de advertencias, impuesto a las BBAA, restricción a la publicidad PCU y entornos escolares alimentarios saludables, han encontrado al menos diez formas en que la industria de PCU Y BBAA obtaculiza los procesos de formulación de política pública:

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  1. Usar la financiación a los partidos políticos para interferir en la regulación de
    productos que ocasionan daño a la salud.
  2. Lobbying en el Congreso realizado para obstaculizar el paso de leyes de Salud
    Pública.
  3. Invalidar argumentos de salud pública. Pago a expertos con conflictos de interés.
  4. Estigmatización a las organizaciones que defienden los derechos a la salud y
    Alimentación.
  5. Cooptación de medios de comunicación – Silenciar sociedad civil.
  6. Argumentos falsos sobre la caída de la economía.
  7. Usar la responsabilidad social empresarial como lavado de marca y no para
    compensar los daños en la salud pública que producen sus productos.
  8. Mostrarse como salvadores, como buenos donando comida chatarra y utilizando
    esas donaciones para propaganda de sus productos.
  9. Pasar del sector privado al Estado y viceversa, lo que se conoce como Puertas
    giratorias, entre otras. Para conocer de la campaña “Dulce veneno”, puede ingresar al link: http://eldulceveneno.org/-

Más información, vocera campaña Dulce Veneno, Yessika Hoyos: 312-3314957

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