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Gobierno debe pronunciarse sobre donaciones de comida chatarra y bebidas azucaradas en Colombia.

  • El Relator Especial de Naciones Unidas lanza una alerta a los Estados, que Colombia está en la obligación de atender, advierte el Cajar.

Bogotá, 29 de julio 2020.  El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar se permite informar a la opinión pública:

  1. El Cajar envió una extensa comunicación a los Relatores Especiales de Naciones Unidas del derecho humano a la alimentación y nutrición adecuadas, y el derecho humano a la salud, para que en el marco de sus respectivos mandatos, “emitan unas recomendaciones específicas al Estado colombiano frente a este tipo de “malas prácticas”.
  2. En dicha misiva, el Cajar advierte que pese a que el Ministerio de Salud y Protección Social en el documento “Lineamientos provisionales para la donación de alimentos y bebidas para consumo humano en el contexto de la pandemia por Covid-19 en Colombia” del 11 de junio de 2020, orienta sobre los productos entregados a la población vulnerable durante el tiempo que sea necesario el aislamiento preventivo; es incomprensible que las autoridades administrativas y sanitarias del orden departamental, distrital y municipal, así como las grandes empresas sigan incumpliendo esta directriz.
  3. El Cajar denuncia que algunas de las empresas que han participado en dichas jornadas de donación, son productoras de ultraprocesados que en el pasado han sido denunciadas por interferir en las discusiones de política pública como el etiquetado frontal de advertencia o los entornos escolares saludables.
  4. Por tal motivo, y frente a la Declaración hecha por el Relator Especial sobre el derecho a la salud acerca de la adopción del etiquetado frontal de advertencia, fechada el 27 de julio, del 2020, el Cajar solicita al gobierno nacional se pronuncie y emita las recomendaciones necesarias para cuidar a las poblaciones más vulnerables en medio de la pandemia por COVID-19 en Colombia.
  5. Según la Declaración del Relator Especial sobre el derecho a la salud: “las enfermedades no transmisibles son uno de los mayores desafíos del siglo. Como parte de sus obligaciones con respecto al derecho a la salud, los Estados deben abordar los factores de riesgo de las ENT asociadas a la dieta, y promover marcos para que la industria de bebidas y alimentos provean información precisa, fácil de entender, transparente y comprensible sobre sus productos. El etiquetado frontal de advertencia son una gran necesidad en lo que a esto respecta”.
  6. Otra de las recomendaciones realizada por el Relator Especial sobre el derecho a la salud es que “El Estado debe evitar participar en conductas o comportamientos que puedan resultar en la promoción de morbilidades o muertes prematuras, incluyendo el incentivo a consumir comidas y bebidas no saludables”. Entre otras razones, por eso el Cajar envío comunicación a Naciones Unidas.
  7. El Cajar reitera que la interferencia de la gran industria ha frenado las regulaciones adecuadas para proteger el derecho a una alimentación y nutrición según los estándares definidos por los distintos organismos de derechos humanos.
  8. “Con las donaciones de comida chatarra y bebidas azucaradas durante la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19 en Colombia, se han vulnerado el derecho humano a la alimentación y nutrición adecuadas, y el derecho humano a la salud. Las organizaciones sociales consideramos que el gobierno nacional debe implementar las recomendaciones hechas por el Relator Especial para el derecho a la salud”, afirmó Yessika Hoyos, abogada del Cajar y vocera de la campaña Dulce Veneno.

*El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –Cajar- es una organización defensora de derechos humanos con más de cuatro décadas de trayectoria, con estatus consultivo ante la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, filial de la Federación Internacional de Derechos Humanos –FIDH- y de la Organización Mundial Contra La Tortura –OMCT-.    

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