- El Cajar presenta información a Naciones Unidas sobre donaciones de comida chatarra y bebidas azucaradas en Colombia.
- Colombia debe adoptar medidas para regular las donaciones de la industria alimentaria y garantizar una rendición de cuentas.
- Reiteramos que la UNICEF recomienda no aceptar donaciones de productos con altos contenidos de grasas saturadas, azúcar o sal por considerarlos ‘comestibles no saludables’.
- La interferencia de la industria ha frenado la regulación adecuada para proteger el derecho de las personas a saber realmente lo que comen.
Bogotá, 29 de julio 2020. Con las donaciones de comida chatarra y bebidas azucaradas durante la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19 en Colombia, se han vulnerado el derecho humano a la alimentación y nutrición adecuadas, y el derecho humano a la salud, denunció hoy el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar que entregó información detallada a Naciones Unidas sobre estas prácticas, solicitando que este organismo se dirija al Estado colombiano para que adopten medidas urgentes que permitan vigilar las ayudas humanitarias que contienen estos productos.
Aunque el Cajar recomendó a las autoridades nacionales y locales revisar las donaciones con altos contenidos de grasas saturadas, azúcar o sal por considerarlos ‘comestibles no saludables’, y explicó las implicaciones que tiene para la salud crear hábitos de consumo de productos con bajo valor nutricional en los menores de edad, este asunto en el país solo se ha quedado en el debate sobre si son válidas o no estas ayudas.
Reinaldo Villalba Vargas, Presidente Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo dijo que en el contexto de la emergencia sanitaria por este virus mortal del Covid-19, son fundamentales las medidas para promover una dieta saludable y proteger el derecho a una alimentación y nutrición adecuadas así como el derecho a la salud.
“No podemos seguir en la lógica de que “a caballo regalado, no se le mira el colmillo” porque la evidencia científica recolectada hasta ahora, señala que, las personas con enfermedades no transmisibles como las derivadas del alto consumo de estos productos, son más vulnerables a enfermar de gravedad como consecuencia del virus”, enfatizó.
El reporte con fecha 26 de julio del Instituto Nacional de Salud establece que, de los 8.525 fallecidos por coronavirus en Colombia, presentaron comorbilidades asociadas al consumo de productos ultraprocesados como la hipertensión arterial (2.120), diabetes (1.232), enfermedades cardiacas y/o cardiovasculares (669), y obesidad (539) entre otras enfermedades, reporte que evidencia la importancia de impulsar y promover la prevención nutricional desde temprana edad en nuestro país.
Yessika Hoyos, abogada del Cajar y vocera de la campaña Dulce Veneno, advirtió que las autoridades administrativas y sanitarias del orden departamental, distrital y municipal así como empresas y personas naturales que realicen donaciones de alimentos deben seguir los parámetros expuestos por el Ministerio de Salud y Protección Social en el documento “Lineamientos provisionales para la donación de alimentos y bebidas para consumo humano en el contexto de la pandemia por Covid-19 en Colombia”, expedido el 11 de junio de 2020, con el cual el Gobierno Nacional orienta sobre los productos entregados a la población vulnerable durante el tiempo que sea necesario el aislamiento preventivo.
“Es incomprensible que aun existiendo una directriz, estas recomendaciones se tomen a la ligera. El documento del Minsalud sugiere restringir las donaciones de productos con altos contenidos de sal, como salsas, embutidos, bebidas azucaradas, bebidas industrializadas tipo jugos y bebidas energizantes, de refrescos en polvo para diluir, de caramelos y golosinas (en general), de compotas y demás alimentos azucarados o endulzados destinados a la alimentación de niños pequeños, de cereales azucarados o endulzados para el desayuno, de “snacks” o productos de “paquete”, de comidas “rápidas”, y de empanados de tipo “Nuggets” y advierte que se deben limitarlas debido a que pueden conducir a un mayor riesgo de que aparezcan o se empeoren las Enfermedades No Transmisibles asociadas a mayor riesgo de complicaciones en caso de contagio por Covid-19. Pero en Colombia, no se cumple”, aseguró.
El Cajar, en una extensa comunicación, solicita a los Relatores Especiales de Naciones Unidas para que en el marco de sus respectivos mandatos, “emitan unas recomendaciones específicas al Estado colombiano frente a este tipo de “malas prácticas”, instándolo a que revise y fortalezca los marcos internos para que los procesos de donaciones de alimentos y bebidas sean más garantistas del derecho a la alimentación, y que revise los mecanismos tanto positivos como punitivos para asegurar el acatamiento de los pronunciamientos administrativos y judiciales dentro de la jurisdicción nacional”.
En la comunicación se destaca que algunas de las empresas que han participado en dichas jornadas de donación, son productoras de ultraprocesados que en el pasado han sido denunciadas por interferir en las discusiones de política pública como el etiquetado frontal de advertencia o los entornos escolares saludables.
“La interferencia de la industria ha frenado las regulaciones adecuadas para proteger el derecho a una alimentación y nutrición según los estándares definidos por los distintos organismos de derechos humanos”, dice el Cajar a Naciones Unidas.