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Tras varios intentos en Congreso para tener norma de etiquetado, Red Papaz acudió a acción judicial.
Pese a que durante varios años la organización Red Papaz ha intentado por vía de leyes, en el Congreso, y de regulaciones, desde el Ejecutivo, que se implementen una serie de recomendaciones de la OMS sobre cómo debe ser la alimentación, especialmente de niños, esto no ha sido posible.
Por eso ahora esta organización busca que, a través de una acción popular sea un juez el que ordene medidas como etiquetas especiales a comida alta en azúcar, grasa y sodio, y que se deje de emitir publicidad que le haga creer a la gente que los alimentos ultraprocesados son saludables para los niños.
“Sentimos que debe ser un juez el que inste al Gobierno a sacar el etiquetado. De otra manera, la experiencia ha mostrado que ni el Congreso ni el Gobierno lo han hecho, por presión de la industria”, dijo Carolina Piñeros Ospina, directora ejecutiva de Red Papaz.
En efecto, en el Legislativo se han hundido iniciativas como la ‘Ley de comida chatarra’, que buscaba establecer como obligatorio un etiquetado frontal de alimentos altos en azúcar, sodio y grasas, que alerte sobre el contenido de los mismos; ni prosperó la iniciativa que establecía un impuesto a las bebidas azucaradas. Y por vía de Gobierno tampoco se ha expedido una regulación frente a estos temas, explicó Piñeros.
Y el tiempo apremia, dijo la directora, porque lo que han mostrado los resultados de la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (Ensin) de 2010 y 2015, es que hay un aumento progresivo en el exceso de peso en toda la población, pero especialmente entre los niños, pues, por ejemplo, en 2015 uno de cada cuatro niños entre los 5 y los 12 años de edad tenía exceso de peso.
Sentimos que debe ser un juez el que inste al Gobierno a sacar el etiquetado. De otra manera, la experiencia ha mostrado que ni el Congreso ni el Gobierno lo han hecho, por presión de la industria
Por ello, en diciembre pasado la organización interpuso una acción popular en diciembre pasado, el recurso, que está en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, vincula al Ministerio de Salud, al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Invima, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, Postobón y Alpina.
“No estamos en contra de nadie -aclaró-, estamos en pro de todos nosotros. Este es un trabajo que tiene impacto en las generaciones futuras”, dijo la directora.
Las pretensiones de la organización son que haya acciones efectivas de las autoridades para que no se emita publicidad engañosa especialmente de productos no saludables para niños, con mensajes que dan a entender que los productos son saludables e ideales para la población infantil.
Y que el Minsalud no omita su responsabilidad en establecer un etiquetado claro, que le permita a los consumidores saber si los productos tienen exceso de azúcar, sodio o grasas saturadas, para que la población pueda tomar decisiones alimentarias más saludables.
También se vinculó a la SIC y a las empresas Postobón y Alpina porque aunque desde 2017 hay una denuncia ante la SIC por publicidad engañosa de los productos Hit y Fruper, esta sigue sin resolverse.
No puede ser que nuestro país no haya adoptado ninguna de las medidas que recomienda la OMS simplemente porque pareciera que el Estado y el Congreso tienen que pedirle permiso a las empresa.
Piñeros añadió que al poner a consideración de un juez el tema del etiquetado y la publicidad engañosa para niños se busca que este sea un debate que no se de a puerta cerrada sino de cara a los ciudadanos, que sea más transparente.
“No puede ser que nuestro país no haya adoptado ninguna de las medidas que recomienda la OMS simplemente porque pareciera que el Estado y el Congreso tienen que pedirle permiso a las empresas”, explicó.
Tanto Red Papaz como las demás entidades vinculadas a la demanda estaban citadas este miércoles a una audiencia de conciliación, pero el Ministerio de Salud pidió que la misma fuera aplazada.
Según explicó, Piñeros no están cerrados a conciliar si las entidades gubernamentales demandadas llegan con propuestas viables para el etiquetado y detener la publicidad engañosa, pues esto podría agilizar todo el proceso, aunque en todo caso estos temas se hablarán el miércoles.