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El 32 % de las regiones del país iniciaron el año sin PAE por problemas en la contratación.
Solamente entre Yopal, Cartagena y Tolima son más de 189.000 los estudiantes que en estos momentos no pueden recibir alimentos en sus colegios por no contar con un Programa de Alimentación Escolar (PAE).
A finales de enero, la Contraloría General de la República dio a conocer que el 32 por ciento de los municipios y departamentos iniciaron clases sin garantizar la alimentación a cerca de 500.000 niños, niñas y adolescentes en edad escolar, desde jardín hasta último grado de bachillerato, inscritos en el programa. Poco más de un mes después, aún hay zonas como Casanare y Tolima que se encuentran en estado crítico.
La alimentación escolar en el país está dividida en 96 entes territoriales. De estos, 31 comenzaron el periodo académico sin haber contratado el PAE. Si bien esto representa una mejora respecto a años anteriores –en 2018 fueron 53 las entidades que iniciaron actividades académicas sin este programa–, las cifras siguen siendo preocupantes.
A esto se suma que uno de los principales objetivos del PAE es reducir los índices de deserción escolar. De acuerdo con Ministerio de Educación, brindar una comida diaria a los menores ha permitido un aumento en la permanencia en clases.
Este es apenas el último de una serie de escándalos en los que se ha visto envuelto el PAE (ver nota inferior), y que en muchos casos se le ha achacado a los cambios de gobiernos locales y regionales o a la falta de recursos por parte del Gobierno Nacional.
El PAE funciona casi en su totalidad mediante un modelo de cofinanciación. Según el decreto 1852 de 2015, el Ministerio de Educación asigna unos recursos, pero son las entidades territoriales las encargadas de implementar, contratar y ejecutar el programa.
Mineducación destinó en octubre de 2019 todos los recursos para que los gobiernos locales pudieran contratar al operador sin contratiempo. Sin embargo, se presentan casos en los que la alimentación escolar no ha sido licitada.
Las nuevas administraciones regionales y locales, que asumieron el 1 de enero de este año, culpan a sus antecesores de no asignar los recursos.
Actualmente hay tres zonas críticas. La primera es la ciudad de Yopal, donde ni siquiera ha empezado el proceso licitatorio para contratar el PAE. Hasta mediados de abril se iniciará el programa, anunció el secretario de Educación de la capital de Casanare, Yesid Jiménez Silva.
Este retraso tiene afectados a 31.477 estudiantes matriculados este año en colegios oficiales de esa ciudad. Este hecho resulta más preocupante si se tiene en cuenta que en la capital de Casanare el contrato del 2019 se dio por terminado antes de tiempo. La administración actual asegura que este año tampoco tiene los recursos necesarios para garantizar la alimentación escolar porque la alcaldía pasada no adelantó los trámites contractuales.
De acuerdo con el Ministerio de Educación, actualmente hay tres zonas críticas: Yopal, Tolima y Cartagena. Foto:
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El otro punto crítico es Tolima, donde 61.150 estudiantes están sin alimentación escolar. El departamento empezó las primeras semanas del año con alimentación garantizada como continuación del contrato de 2019, pero fue suspendido mientras se realizaba una nueva licitación. La audiencia de adjudicación está programada para el 13 de marzo.
Cartagena es el tercer foco más preocupante a pesar de que ya se había seleccionado una empresa para representar a la Alcaldía en la negociación del PAE. El pasado 4 de marzo la firma Comfinagro S.A desistió de continuar el proceso para evitar sanciones al ser actualmente investigada por la Superintendencia de Industria y Comercio por el llamado ‘Cartel de los Alimentos’.
Si bien se procedió a asignar el contrato a la empresa que presentó la segunda mejor oferta, esta también desistió por motivos financieros, por lo que hasta hoy se podría seleccionar una nueva firma comisionista.
Cali, por su parte, inició el año académico de 2020 sin tener cobertura de suplementos alimentarios para 165.000 estudiantes.
A pesar de empezar clases el 27 de enero, fue hasta el 10 de febrero que se contrató y dio inicio al programa. Sin embargo, solo se contrató la cobertura durante 36 días, pese a que esta este servicio debería renovado semestral u anualmente. Este caso le costó el cargo al entonces secretario de Educación de la capital del Valle del Cauca, Rubén Darío Cárdenas, quien renunció tras el escándalo.
Un caso similar es el del departamento de Sucre, donde el único municipio que actualmente cuenta con PAE es la capital, Sincelejo. La alimentación de las otras 25 poblaciones del departamento todavía está en veremos, ya que el proceso de contratación se encuentra en etapa de prepliegos.
En las próximas semanas la Contraloría General de la República revelará un nuevo informe en el que se podrá ver cómo ha avanzado el cubrimiento de la alimentación escolar en los departamentos y municipios que iniciaron 2020 sin PAE.
(Lea también: Los millonarios contratos del ‘zar’ de la alimentación escolar en la Costa Atlántica)Nueva entidad para hacer vigilancia
Esta semana entró en funcionamiento la Unidad de Alimentación Escolar, una nueva entidad cuyo principal propósito será hacer estricta vigilancia a los programas de alimentación escolar, así como fortalecer y generar mecanismos para garantizar su eficiencia y transparencia en las regiones.
El organismo está adscrito al Ministerio de Educación y concentrará sus esfuerzos en “los procesos preventivos, a partir de un ejercicio de gestión del riesgo que favorezca la generación de alertas tempranas en la operación del PAE”, aseguró la entidad.
De esta forma se busca evitar los escandalosos casos que han rodeado la alimentación escolar en los últimos años. Así lo explicó a EL TIEMPO la ministra de Educación, María Victoria Angulo: “La información revelada por los órganos de control muestra cada vez más nuevas irregularidades. Sin embargo, queremos que esta nueva unidad cambie la información que la gente recibe sobre el PAE”.
La jefa de la cartera señaló la dificultad que implica la puesta en marcha de este modelo de vigilancia, ya que la contratación de la alimentación escolar no es responsabilidad del Gobierno Nacional, sino de las autoridades regionales: “No se hacen milagros. Tenemos que entrar a trabajar y acompañar a cada gobernador. Esta institucionalidad les va a brindar la oportunidad de tener asesoría para hacer una contratación”.Fiscalía busca quitar bienes a enredados en corrupción
Veinte días antes de que terminara su periodo como gobernador de Santander en diciembre del año pasado, Didier Tavera Amado se tuvo que presentar ante el Tribunal Superior de Bogotá a responder por supuestas irregularidades en tres contratos relacionados con el Programa de Alimentación Escolar (PAE).
La Fiscalía señaló que los contratos se habrían adjudicado irregularmente, beneficiando a terceros y ocasionando un daño al departamento por al menos 10.000 millones de pesos.
Ese es uno de los casos más recientes de irregularidades en el manejo de los dineros para la alimentación de los menores más vulnerables y que ya tienen capítulos judiciales en 24 de los departamentos del país y comprometieron recursos por más de 65.000 millones de pesos.
(En contexto: Exgobernador de Santander Didier Tavera quedó en libertad)
Setenta personas han sido judicializadas por hechos de corrupción en las regiones, y ahora la Fiscalía avanza en procesos de extinción de dominio para recuperar parte del dinero apropiado irregularmente. Según cifras de la Fiscalía, a corte del mes de enero, entre los enredados hay 19 funcionarios, 24 exfuncionarios y 27 particulares.
Fuentes del ente acusador señalaron que una de las prioridades de la actual administración es fortalecer los procesos de extinción de dominio en casos de corrupción y que el PAE hace parte de las líneas de investigación que se promoverán para llegar a los bienes que los contratistas y funcionarios compraron con dinero de ese plan.
En uno de los casos más sonados, que se registró en Santander, fue condenado Germán Trujillo Manrique, calificado como el ‘zar’ del PAE . Fue sentenciado a tres años de cárcel por irregularidades que, según la investigación de la Fiscalía, habrían afectado a casi 125.000 niños de 82 municipios de ese departamento. El juez del caso le concedió la casa por cárcel.
Ante jueces también fue acusado el exalcalde de Popayán Francisco Fuentes Meneses, su exsecretario de Educación y un contratista por irregularidades con dinero del PAE por más de mil millones de pesos.
También fue llevado ante la justicia el exalcalde de Neiva, Huila, Héctor Aníbal Ramírez Escobar, por contratos irregulares por más de seis mil millones de pesos. Igualmente, el exalcalde de Cartagena Manuel Vicente Duque Vásquez y otras cinco personas, por contratos firmados en 2016. Por las irregularidades halladas en dos contratos se habrían ocasionado daños fiscales por cerca de cinco mil millones de pesos.
Y en Cesar fueron judicializados Jaime Luis Fuentes Pumarejo, exsecretario general de la gobernación del departamento; Jorge Eliécer Araújo Gutiérrez, exsecretario de Educación, e Ivis del Carmen Rosado Robles, representante del consorcio que se ganó el contrato por más de 20.000 millones de pesos.
MATEO CHACÓN
Periodista de Educación
dancha@eltiempo.com