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Salud pública sin presión del interés privado

No se puede bajar la guardia sobre lo que debe ser una política pública de salud seria y sostenible. 

Está comprobada la manera como gremios y grupos económicos coadministran el Estado para poner por delante sus intereses. En este Gobierno ha sido notoria la interferencia de grandes empresarios que bloquean iniciativas de interés público, así como el preocupante fenómeno de la captura del Estado. Hemos visto los acuerdos a los que han llegado y la manera como Gobierno y Congreso les han servido.

Muestra de ello es la nueva reforma tributaria, en la que se les siguió beneficiando a costillas de la mayoría. Algo similar se nota en decisiones tan impactantes para el medio ambiente como las de revivir el fracking y las aspersiones de cultivos de uso ilícito con glifosato, a pesar de las advertencias científicas y de las evidencias de sus implicaciones contra las poblaciones.

Por eso no hay que bajar la guardia en la denuncia pública de lo que representa la captura corporativa de lo público. Es el caso de la salud pública con el caso específico de las consecuencias que tienen contra el bienestar de la población el consumo de bebidas azucaradas y de comestibles ultraprocesados.

Hace una semana circula en redes un video, a propósito de la campaña ‘Dulce Veneno, la Marca de la Mentira’, en el cual se reitera la manera como la gran industria que maneja esos negocios sigue campante ante la mirada cómplice de altos funcionarios del Estado, oponiéndose a controles traducidos en leyes que las meta en cintura.

No sobra recordar de qué normas se trata. Impuesto a las bebidas azucaradas; etiquetado frontal a estos productos y a los comestibles ultraprocesados, con información visible sobre los riesgos para la salud; prohibición de venta de esos productos en los colegios y restricciones a la publicidad en televisión.

La campaña viene llamando la atención sobre las formas de interferencia de la industria en las decisiones del Estado, con la obvia afectación en el derecho a la salud que tiene la población.

Y tampoco sobra recordar que el año pasado esa misma industria se comprometió con el Gobierno con autorregularse para hacer realidad el etiquetado, no presencia en los colegios y restricciones en la pauta publicitaria; pero hasta ahora no ha cumplido. Como ocurrió en el 2015 cuando hizo el mismo anuncio.

Por el contrario, grandes empresarios siguen haciendo ‘lobby’ en el Congreso para que no se avance en los proyectos de ley en esos asuntos. Sin contar los engaños contra los consumidores, como el tan sabido de la marca ‘Hit’, de Postobón, investigada por la Superintendencia de Industria y Comercio por asegurar en sus anuncios que es jugo de fruta cuando no es cierto.

Es una razón más para protestar por la manera como este gobierno les abrió la puerta aún más a las grandes empresas y a los gremios para cogobernar, para incidir en las decisiones sobre políticas públicas.

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