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Resolución sobre la interferencia de empresas en la definición de políticas públicas sobre DDHH

La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) reunida en Taipei, Taiwán del 21 al 25 de octubre de 2019 en su 40 Congreso Mundial,

Reconociendo la seria amenaza que representa la interferencia de empresas y otros actores económicos en los procesos democráticos de construcción de políticas públicas de los Estados para los derechos humanos, el ambiente y la democracia, así como los riesgos que para el Estado de derecho entrañan la consolidación de prácticas de interferencia de actores privados en la formulación de políticas públicas para favorecer intereses particulares.

Definiendo la interferencia como el conjunto de acciones de los actores económicos orientados a evitar o a debilitar normativas, regulaciones y acciones del poder público que procuren la garantía de los derechos humanos. La interferencia también incluye, la desnaturalización de políticas públicas que, debiendo estar orientadas a la satisfacción de los derechos humanos y el interés general de los ciudadanos, se convierten en instrumentos para la satisfacción del interés particular de actores privados.

Advirtiendo con preocupación que la interferencia de los actores económicos en los procesos democráticos es una realidad transversal a todas las regiones del mundo, incluyendo a los países del norte y el sur global, que se refleja en acciones como:

 el lobby corporativo que busca privilegiar los intereses particulares de empresas y grupos de capital, sobre los estándares de derechos humanos y de bienestar de todos los ciudadanos; ii) la búsqueda de declaratoria de “utilidad pública” o “interés general” actividades que son de beneficio privado; iii) la generación de conflictos de intereses mediante la cooptación de entidades del Estado importantes en la definición de políticas públicas y en el control de las actividades empresariales, o en el ejercicio de prácticas de puertas giratorias entre los ejecutivos de las empresas y los funcionarios estatales.

Identificando que la interferencia evita la rendición de cuentas y responsabilización de dichos actores mediante acciones de naturaleza diversa que incluyen:

 Evasión de las regulaciones estatales por medio de compromisos de autoregulación que no se cumplen o no incorporan mecanismos transparentes de verificación y sanción; ii) Colusión con órganos encargados de la aprobación de leyes para establecimiento de normas con bajos estándares de cumplimiento en materia laboral, ambiental, de derechos humanos; iii) utilización de acciones de responsabilidad social empresarial para evitar escrutinio estatal y social en casos de violaciones a derechos humanos.

Alertando sobre la afectación al derecho de acceso a una información veraz y oportuna cuando dichos actores promueven:

 la circulación de información falsa mediante la contratación de investigaciones del sector público o privado que comprometen la idoneidad e imparcialidad científica, ii) la publicación de información publicitaria orientada a defender los productos, las acciones o las prácticas comerciales de las empresas, presentada como información científica o noticiosa.

Llamamos la atención, sobre las amenazas que enfrentan activistas, comunidades locales y la sociedad civil en general cuando denuncian la interferencia de las empresas en los procesos democráticos.

En ese sentido, la FIDH:

1. Se compromete a trabajar con las personas interesadas, tanto individuos como organizaciones, en un rango de acciones encaminadas a defender los derechos humanos, la esfera pública como un escenario para la deliberación pública sin interferencias indebidas de la industria, y empoderar a los miembros de nuestras ligas en este asunto. Estas iniciativas incluyen acciones como la producción de conocimiento científico mediante la investigación, la incidencia y el litigio.

2. Hace un llamado a los Estados para que regulen y sancionen las prácticas de interferencia corporativa en los procesos democráticos de construcción de políticas públicas de los Estados.

3. Insta a sus organizaciones miembro así como a otras organizaciones de la sociedad civil a desarrollar estrategias conjuntas para investigar, denunciar, y avanzar en la regulación de las prácticas de interferencia corporativa en los procesos democráticos de construcción de políticas públicas de los Estados.

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