De Ocaña a Asocaña

Columna de Tatiana Acevedo Guerrero para EL ESPECTADOR 10-11-2019

“Cebolleros de Ocaña y Abrego botan sus cosechas”. Bajo ese titular se pueden ver cientos de cebollas rojas metidas en carretillas y esperando en el piso, mientras se echan a perder. “Le queremos hacer un llamado al Gobierno Nacional para mirar cómo hacemos con este problema que tenemos con la cebolla ocañera”, dice uno de los cultivadores, “porque el Gobierno no hace más que traer de otro país cebolla aquí a Colombia, habiendo tantísima cebolla y tantísimos campesinos que estamos viviendo de este artículo que hoy no vale nada”. Ante las grandes desventajas de la ocañera frente a la cebolla más barata importada desde Perú y Ecuador (muy parecida en el color), han resultado en pérdidas las siembras, el conocimiento de décadas en esta labor y las inversiones.

“Da lo mismo botarla que venderla porque no hay quien la compre”, denuncia la comunidad. “Señor presidente, si usted no se pellizca y mira la situación de los campesinos, no sé qué nos tocará hacer”. Hay quienes, dedicados a este cultivo por generaciones, se preguntan si por primera vez tendrán que engrosar las hectáreas de coca sembradas del Catatumbo (“porque ahí sí hay plata”). “Habemos más de 20.000 familias sufriendo la necesidad”, explican. Pues, aunque el campesinado cebollero no tiene hoy plata, ni apoyos estatales, sí acumula muchas deudas: “Estamos debiendo a los bancos y en Datacrédito”. Entendidos y tecnócratas explican el declive del cultivo por su falta de “competitividad”, como consecuencia de políticas mundiales de desregulación que implicaron la reversión de la interferencia estatal en la protección de agricultores nacionales (la eliminación de subsidios) y la apertura de mercados y fronteras en el marco de tratados de libre comercio.

A kilómetros de distancia, sin embargo, hay un cultivo que no es picante sino dulce y que sí está subsidiado. La caña de azúcar, transformada en etanol y azúcar, es una de las consentidas de la nación. El etanol tiene un precio regulado que es calculado con una fórmula específica, para asegurarles una utilidad estable a sus productores. El azúcar, por su cuenta, es uno de los productos agrarios que más han logrado mantener un arancel que protege la industria nacional. Que más que nacional es regional. Y más que regional es de índole familiar (hay 13 ingenios azucareros en la región, seis de ellos tienen plantas de bioetanol. La mayoría son propiedad de familias). En su mayoría, los propietarios de ingenios no están abrumados por deudas. Algunos incluso son los dueños de los bancos que hoy amenazan a los campesinos cebolleros con intereses y vergüenzas.

Acá cabe recordar el trabajo de la profesora Aihwa Ong que nos ha enseñado que las políticas de “desregulación”, etc., no se aplican de manera uniforme a todos los grupos y dominios dentro de un país y que no todas las poblaciones o áreas están sujetas a políticas neoliberales. Así, la lógica neoliberal no es como una cobija que arropa a Colombia, sino más bien una tecnología de gobierno que migra y se adopta selectivamente en diversos contextos (según la región). Esta opera en ciertas partes como un conjunto de “políticas innovadoras” que exigen eficiencia, transparencia y autosuficiencia solo a algunos grupos y comunidades. Otros (como el cañero, el minero o el ganadero) son sectores de excepción y por ello se protegen. No solo con subsidios sino también con ejército y policía.

Y mientras ciudades y barrios concentran ciudadanos altamente calificados, educados, dueños de empresas y propietarios de la tierra, la gran mayoría fuera de estas zonas no solo no están preparados para este tipo de actividades, sino que sirven como una gran reserva de mano de obra barata para unas élites excepcionales.