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Autorregulación: ¿buena noticia?

Diana Guarnizo

Antieditorial de @elespectador

Por Diana Guarnizo*

En respuesta al editorial del 5 de septiembre de 2019, titulado “Una buena noticia”.

El 5 de septiembre El Espectador publicó un editorial titulado “Una buena noticia”, donde resalta el acuerdo de autorregulación de la industria de bebidas. Para El Espectador, esta es “una buena noticia” que “demuestra su voluntad de cambio y de comprender las preocupaciones expresadas por la ciudadanía en los últimos años”.

Varias precisiones son necesarias. En primer lugar, el acuerdo sigue estableciendo un estándar demasiado bajo de protección que favorece el consumo de sus productos. En materia de ambientes escolares, el acuerdo se compromete a no vender ni publicitar sus productos en colegios de primaria y en ciertas franjas infantiles, pero exceptúa: “Las bebidas a base de cereal y las bebidas exentas, siendo estas aguas potables y tratada, jugos 100 % naturales o con un contenido de fruta que supere el 12 %”. Que una bebida sea a base de cereal o tenga un poco de fruta no la hace más saludable. La mayoría de estas bebidas siguen teniendo gran cantidad de azúcar y algunas de ellas exceden las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre consumo saludable para menores de edad.

Otro ejemplo que muestra el bajo estándar de compromiso. En etiquetado, el acuerdo promueve la adopción del GDA, que ya se aplica en varios productos, cuando la verdad es que numerosos estudios y sectores de la sociedad civil han demostrado que nadie entiende este tipo de etiquetado y, por tanto, no funciona.

En segundo lugar, el acuerdo sigue sin establecer incentivos eficientes para su cumplimiento. Se dice que el compromiso es significativamente mejor porque, a diferencia del primer acuerdo firmado en 2016, en este, el Icontec hará la certificación de su cumplimiento. Aunque no dudamos de la capacidad técnica del Icontec, lo cierto es que el proceso no establece sanciones fuertes ni vinculantes (ej. multas, retiro de la publicidad o el producto, cierres temporales, etc.), excepto tal vez la descertificación de sus propios procesos, pero ¿es eso razón suficiente para que la industria cumpla?

En tercer lugar, este acuerdo, como cualquier otro, incluso si de buena fe se cumpliera, es insuficiente para abordar el problema de fondo. Por ejemplo, el compromiso aplica solo a la venta directa por parte de la industria a las escuelas. No contempla, ni puede incluir, aquellos casos en que los tenderos escolares compran las bebidas a través de supermercados u otros intermediarios, que son en la práctica la mayoría. Tampoco incluye, ni puede incluir, otras empresas que no firman el acuerdo y que podrán seguir vendiendo sus bebidas directamente en los colegios. El problema de fondo queda sin resolver.

Si queremos ambientes saludables, el Estado no puede ignorar su deber regulatorio. Medidas semejantes ya han sido tomadas en diversos países y es hora de que también Colombia se ponga en la vanguardia. La industria podrá autorregularse y adoptar medidas para mejorar su decreciente imagen, pero ello no puede considerarse como efectivo o suficiente para combatir los crecientes grados de obesidad en niños y adultos. Si de verdad se quiere proteger la salud pública se necesita abordar el problema de fondo con más Estado y más regulación.

Numerosos estudios han mostrado que estos esfuerzos de autorregulación funcionan bien para mejorar la imagen pública de las industrias que los suscriben, pero son poco efectivos a la hora de implementarse. No sorprende entonces que, justo ahora cuando en el Congreso se debatían propuestas serias de regulación legal, propuestas que —dicho sea de paso— cayeron debido al lobby de la industria, sea esta quien proponga este tipo de acuerdos justificando así, tácitamente, la no necesidad de dicha legislación. La pregunta entonces es para El Espectador y la ciudadanía: ¿que la industria se autorregule es realmente “una buena noticia” para la salud pública?

*Investigadora de Dejusticia.

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