Una polémica se generó en el Congreso por la demora en la radicación de la ponencia para primer debate del proyecto de ley que exige el etiquetado de la comida chatarra advirtiendo que es nociva para la salud, tal como ocurre con los cigarrillos.

El senador Gustavo Bolívar, de la Lista de la Decencia, y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo radicaron ante la Comisión de Ética de la Cámara una queja disciplinaria contra los congresistas Jaime Humberto Cristo (Cambio Radical), Henry Correal (Partido Liberal) y Faber Alberto Muñoz (La U) por incumplir los plazos para la radicación de la ponencia del proyecto de ley de etiquetado que espera primer debate en la Comisión Séptima.

En la carta, los abogados Soraya Gutiérrez y Alirio Uribe argumentan que los congresistas no han cumplido con los tiempos establecidos en el Artículo 150 de la Ley Quinta (reglamento del Congreso) que señala que “el término para la presentación de las ponencias será fijado por el presidente respectivo y estará definido entre cinco y 15 días de acuerdo con la significación y volumen normativo de la propuesta, así como de la categoría de ley de que se trate”.

El proyecto número 214 de 2018 Cámara, “por medio de la cual se promueve el acceso a información necesaria para fomentar entornos alimentarios saludables y prevenir enfermedades no transmisibles y se adoptan otras disposiciones”, fue radicado por congresistas de varias bancadas el 18 de octubre y publicado el 23 del mismo mes, siendo asignados los mencionados congresistas como ponentes el 7 de noviembre. Seis meses después no se ha radicado el respectivo informe de ponencia, situación que según Bolívar, Gutiérrez y Uribe configuraría una dilación injustificada del procedimiento legislativo, motivo por el cual solicitaron que se les adelante una investigación a los ponentes.

Bolívar les pidió a los congresistas rendir la ponencia, pues “esta ley es muy importante. Queremos que los consumidores sepan qué están comiendo: las calorías, las grasas, el sodio. Esto se usa en todo el mundo menos en Colombia, porque aquí hay intereses de grandes conglomerados que hacen lobby”.

Los ponentes negaron que haya dilaciones. El representante nortesantandereano Cristo le dijo a EL NUEVO SIGLO que “yo como ponente solicité una audiencia para escuchar a las partes. La hicimos y luego el Ministerio de Comercio se comprometió a presentar un concepto. Eso es lo que estamos esperando”.

Tras explicar que “tenemos plazo de presentar la ponencia hasta el 30 de mayo”, Cristo anunció que la radicarán hoy, precisando que “aquí lo que hay son intereses de parte de ellos, pero hay que legislar el tema con responsabilidad”.

Según Cristo, “estamos analizando este proyecto porque hay que ponderar los derechos. Un tema de etiquetado puede afectar la industria y generar despido masivo de trabajadores. En ese tema no solo estamos mirando el derecho a la salud. Hay que sopesarlo frente al derecho al trabajo y la afectación de la industria”.

A su turno, el congresista Correal, del Vaupés, sostuvo que “no sé cuál es el afán ni el sustento de la queja disciplinaria. Ya tenemos un panorama de todas las implicaciones que tendría tomar esta decisión”.

El proyecto debe tener al menos un debate antes del 20 de junio para pasar a la siguiente legislatura. Si efectivamente se radica hoy, podría ser discutido la próxima semana.

En el Senado se tramita un proyecto similar que busca imponer etiquetas octogonales visibles en el frente de la comida chatarra procesada, con información fácil de entender en la que se alerte sobre los altos niveles de calorías, sodio, azúcar o grasas saturadas y el peligro que representan para la salud. Aunque el articulado ha ido avanzando, ya se le quitó la obligación del etiquetado, por lo que sus impulsores prefieren que se hunda.